Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), deportaron en días recientes a la madre, de origen cubano, de una niña de un año de edad, separándolas indefinidamente, y a otros tres menores de dos, cuatro y siete años con nacionalidad estadounidense, junto con sus madres de origen hondureño, informaron el sábado sus abogados.
Los tres casos plantean preguntas sobre a quiénes se deporta y por qué, y se producen en medio de una batalla en los tribunales federales sobre si las medidas contra la inmigración del presidente estadounidense Donald Trump han ido demasiado lejos y demasiado rápido a expensas de los derechos fundamentales.
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Los abogados de los casos contaron cómo sus clientes fueron arrestadas en registros de rutina en las oficinas del ICE, sin tener prácticamente ninguna oportunidad de hablar con sus abogados u otros familiares, antes de ser deportadas en los siguientes dos o tres días.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el National Immigration Project y otros grupos aliados dijeron en un comunicado que la forma en que el ICE deportó a menores con nacionalidad estadounidense y a sus madres constituye un “abuso de poder impactante, aunque cada vez más común”.
Grace Willis, del National Immigration Project, dijo que las madres, no tuvieron, como mínimo, una oportunidad justa de decidir si deseaban que sus hijos permanecieron en Estados Unidos.
El menor de cuatro años, que padece una forma rara de cáncer, y el de siete, fueron deportados a Honduras menos de un día después de ser arrestados con su madre, señaló Willis.
En el caso de la menor de 2 años, un juez federal de Luisiana planteó preguntas sobre la deportación de la niña, diciendo que el gobierno no ha demostrado haberlo hecho en forma adecuada.
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Los abogados del padre de la niña insistieron que él deseaba que la menor permaneciera con él en Estados Unidos, mientras que el ICE señaló que la madre deseaba que la niña fuera deportada con ella a Honduras, afirmaciones que no fueron examinadas plenamente por el juez federal de distrito en Luisiana, Terry Doughty.
En una orden emitida el viernes, Doughty programó una audiencia para el 16 de mayo “con la intención de disipar las fuertes sospechas de que el gobierno simplemente deportó a una ciudadana estadounidense sin ningún proceso significativo”, escribió.
La madre, nacida en Honduras, fue arrestada el martes junto con la niña de dos años y su hermana de 11, nacida en Honduras, en una cita de registro en una oficina del ICE en Nueva Orleans. Aparentemente, la madre y la niña de 11 años tenían órdenes de deportación pendientes. La familia vivía en Baton Rouge.
Doughty hizo un llamado el viernes a los abogados del gobierno para que hablaran con la mujer mientras volaba en un avión de deportación, solo para que le devolvieran la llamada menos de una hora después, diciéndole que la conversación era imposible porque “acababa de ser liberada en Honduras”.
En un documento presentado ante la corte el jueves, los abogados del padre dijeron que el ICE indicó que retenía a la niña de 2 años para inducir al padre a entregarse. Sus abogados no describieron su estatus migratorio, pero señalaron que delegó legalmente la custodia de sus hijas a su cuñada, que es ciudadana estadounidense y que también vive en Baton Rouge.
