Coraly León, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, expresó su preocupación y descontento tras enterarse de que su organización no fue invitada a las vistas públicas sobre los proyectos de ley P. de la C. 415 y P. del S. 430, que proponen incluir los albergues de violencia doméstica en el marco de las Alianzas Público-Privadas (APP). La fecha de las vistas se adelantó, y la Red, que agrupa a varios albergues de víctimas de violencia doméstica en la isla, no recibió invitación para participar.
“Nos fuimos invitadas. Habíamos estado bajo el entendimiento de que las vistas públicas iban a ser en mayo, tras una reunión en la que se nos indicó que podríamos deponer. Sin embargo, nos enteramos de que las vistas públicas se adelantaron, y no fuimos invitadas”, comentó León. A pesar de este contratiempo, la Red ha hecho gestiones para hacer llegar sus preocupaciones a los legisladores de ambas Cámaras.
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León también mencionó que, aunque no podrán deponer en las vistas, están dispuestas a entregar ponencias y participar activamente en el proceso, tanto presencialmente como a través de reacciones posteriores a la discusión pública. “Vamos a hacer todo lo necesario. Aunque no tengamos un turno para deponer, vamos a seguir luchando por que se escuchen nuestras preocupaciones”, aseguró León.
La presidenta de la Red detalló varias preocupaciones sobre el proyecto. En primer lugar, destacó que los albergues tienen casi 50 años de experiencia en el manejo de casos de violencia doméstica, por lo que consideran que el argumento de falta de capacidad administrativa, utilizado en los proyectos de ley, es infundado. Además, señaló que los servicios especializados de los albergues no se alinean con los principios de la Ley de Alianzas Público-Privadas, diseñada principalmente para proyectos de infraestructura, y no para la gestión de servicios sociales delicados.
Uno de los puntos más críticos fue la viabilidad financiera del proyecto. León recordó que los albergues ya enfrentan desafíos económicos, como la falta de un fondo recurrente para su operación. “El presupuesto de los albergues puede llegar a ser entre 1.2 y 1.5 millones anuales solo en personal y gastos operacionales. La estructura del proyecto no asegura los recursos necesarios para mantener el funcionamiento de los albergues”, explicó.
La Red Nacional de Albergues también está promoviendo la enmienda de los proyectos de ley para que, en lugar de crear más albergues, se construyan viviendas asequibles para las víctimas de violencia doméstica, una necesidad que consideran urgente.
También propuso que, en lugar de seguir con la construcción de más albergues, se enfoquen en crear viviendas asequibles para las víctimas de violencia doméstica, una necesidad urgente que enfrentan los sobrevivientes.
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“Nuestro interés es que este proyecto se enmiende para abordar un problema real, que es la falta de acceso a vivienda para las víctimas”, dijo.
León también subrayó que, a pesar de la exclusión en las vistas, seguirán abogando por un enfoque más adecuado para las necesidades de las víctimas, que contemple tanto la prevención como soluciones sostenibles y humanas.
“Las vidas de las sobrevivientes no deben estar atadas a la ganancia monetaria. Lo que buscamos es garantizar la seguridad de las víctimas, no generar ganancias”, concluyó León, al tiempo que reiteró la importancia de que los albergues sean reconocidos como servicios esenciales en Puerto Rico.
El financiamiento de los albergues también sigue siendo un tema crítico. La portavoz de la Red Nacional de Albergues señaló que en Puerto Rico no existe un fondo recurrente para los albergues, lo que complica su operación y desarrollo.
“Los albergues no son reconocidos como servicios esenciales, a pesar de que funcionan 24/7 como un hospital o la policía”, resaltó e insistió en que los albergues deben ser reconocidos como servicios esenciales, lo que permitiría garantizar su financiamiento estable y suficiente.
