El Departamento de Justicia entregó a la Junta de Control Fiscal la información requerida para la evaluación y autorización de la ley que concedería un aumento salarial a fiscales y funcionarios de la agencia gubernamental.
La carta enviada por la Junta alude a la Certificación 204 de la Ley 124-2023, lo cual está relacionado al procedimiento ordinario que conlleva la evaluación con la Oficina de Gerencia y Prepuesto (OGP) de toda aprobación de leyes nuevas que tengan un impacto económico al presupuesto gubernamental.
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En el día de hoy, personal de la División de Presupuesto del Departamento de Justicia se comunicó con la JSF para solicitar que se aclare el contenido e intención de su comunicación. Estos respondieron que no se ha requerido al Departamento de Justicia información o documento adicional y que se debe hacer referencia a la observación que incluye su misiva, la cual dispone que la JSF se encuentra evaluando la Ley 134 -2023.
La jefa de los fiscales de Justicia se ha expresado en torno a la urgencia con la que la Junta debe atender el alza salarial, debido a que en los próximos días se vence el término para asegurar la partida presupuestaria a los fines de hacer cumplir la ley. Si la JSF no toma una decisión antes del 30 de junio, existe el riesgo de que el departamento pierda $5 millones de fondos designados para nómina. Esto pondría en riesgo la permanencia de funcionarios especializados y con vasta experiencia que todos los días trabajan para combatir la criminalidad y hacer justicia.
“En más de tres ocasiones, hemos solicitado a la JSF una reunión para aclarar cualquier duda de manera que puedan tomar una decisión ágil. Hemos provisto toda la información requerida y solicitamos que se atienda este asunto con la importancia y urgencia que amerita”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
La reunión fue concedida a penas la semana pasada luego de varios señalamientos públicos y está programada para el 30 de mayo. Por lo que entendemos que la carta enviada por la JSF se notifica a destiempo e induce a error a nuestros funcionarios públicos.
“Reiteramos que el Departamento de Justicia cuenta con el dinero para poder sufragar el impacto fiscal en nómina que conlleva la Ley 134-2023 firmada por el Gobernador, y recabamos que se atienda el asunto con la urgencia y seriedad que amerita”, añadió la jefa de los Fiscales, Jessika Correa González.
