La Cámara de Representantes dio paso hoy, martes, a un proyecto de ley que busca reestructurar el proceso de reasignación de fondos legislativos a los municipios.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1275, de la autoría del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y de los representantes populares, Jesús Santa Rodríguez y Ángel Matos García, que propone enmendar la Ley 179 - 2002, conocida como “Ley para Reglamentar la Asignación de Recursos para la Realización de Obras Permanentes y la Adquisición de Equipo, Compra de Materiales y Otras Actividades de Interés Social”.
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El proyecto de ley propone excluir a Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) del proceso de certificar la disponibilidad de los fondos bajo la custodia de los ayuntamientos. Esto, con el propósito de viabilizar la reasignación de sobrantes de fondos legislativos para que los gobiernos municipales puedan utilizar los recursos fiscales bajo su custodia.
Asimismo, se enmienda el texto de la ley para aclarar que, en el caso de los municipios, la responsabilidad de proveer una certificación oficial que valide la disponibilidad de fondos respecto a las medidas legislativas pendientes de reasignación de fondos le corresponderá a la Oficina de Finanzas de los respectivos ayuntamientos.
Esta certificación deberá ser expedida en un plazo de tres días laborables contados a partir de la fecha del requerimiento. La certificación oficial así emitida bastará para que no se requiera trámite adicional alguno, por parte de la OGP, para fines de una reasignación de fondos ordenada por la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley fue aprobado con 45 votos a favor.
Por otra parte, se aprobó una medida que busca asignar la cantidad de $18.8 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para reconstruir la vivienda estudiantil.
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La Resolución Concurrente de la Cámara 639 establece la asignación de un total de $18,842,308.48 de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para cubrir los requisitos necesarios para corregir las deficiencias originales en la construcción de Torre Norte, rehabilitar los daños provocados por el huracán María y realizar las mejoras sustanciales que el edificio necesita para alcanzar un nivel óptimo, seguro y resiliente.
Los datos suministrados por la Administración Central de la UPR establece que los fondos obligados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para la ejecución del proyecto de Torre Norte ascienden a $14.6 millones de dólares y la aportación del seguro de la institución es de $5 millones, producto de los severos daños ocasionados por impacto del huracán María.
La medida de la autoría de los legisladores de la Pava, Hernández Montañez, Héctor Ferrer Santiago y Jesús Manuel Ortiz González fue aprobada con 45 votos a favor.
De esta manera, también se avaló el Proyecto de la Cámara 1988, a petición de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), el cual concede el pago de un bono de Navidad de $600 dólares para los maestros pensionados y beneficiarios del Sistema de Retiro para Maestros.
Según los datos provistos por la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro para Maestros cuenta con 44,073 pensionados, de los cuales 30,979 se acogieron a los beneficios de retiro antes del 1 de agosto de 2014.
La pensión mensual promedio de los maestros acogidos a los beneficios del Sistema de Retiro asciende a $1,610 dólares mensuales y, un total de 30,741 de estos docentes que se acogieron a retiro antes del 1 de agosto de 2014, y reciben un bono de navidad de $200 anuales.
“Aumentar el bono de navidad a $600 para los maestros retirados antes del 1 de agosto de 2014, así como la concesión de igual bono de navidad a los docentes retirados posteriormente, tiene un costo estimado de $20,152,800.00 anuales”, reza la exposición de motivos.
Por otra parte, el cuerpo legislativo aprobó el Proyecto de la Cámara 2029, de la representante popular, Gretchen Hau, con el fin de prohibir las acrobacias como “wheelies” o cualquier actividad similar en las carreteras estatales y municipales de Puerto Rico.
La medida establece que toda persona que viole la disposición incurrirá en delito menos grave y, si fuera convicta, será sancionada con una multa fija de $5,000 dólares y se le suspenderá la licencia de conducir por un término de seis meses. Si se demuestra reincidencia, el ciudadano se expone a la misma multa y a seis meses de cárcel.
Además, si al realizar alguna de estas maniobras causa daño corporal a otra persona, los años de cárcel aumentarán a cinco años.
La Cámara de Representantes recesó hasta el martes, 4 de junio a las 11a.m.
