El doctor Salvador Villanueva trabajó por diez años como facultativo en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Carolina y como emergenciólogo en el Hospital UPR Dr. Federico Trilla. Luego, estuvo tres años en el hospital San Lucas, en Ponce, antes de mudarse a Tampa, Florida, en 2012 tras entrevistarse para distintas opciones de trabajo.
“No pensaba nunca irme”, expresó, hasta que percibió las diferencias en calidad de trabajo y de vida. “Aún aquí (Tampa) las cosas no son óptimas, pero la facilidad que tiene el paciente del cuidado de salud que merece está mucho más disponible”, sostuvo.
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Para el especialista en emergencia, una tasa fija de contribución de 4 %, primero concedida por la Ley 14 de 2017 y, desde 2019, por el Código de Incentivos, no fue suficiente para considerar regresar a Puerto Rico y ejercer medicina. “Con el mismo ingreso de Puerto Rico, no regresaría a trabajar por las condiciones de trabajo que realmente son bien difíciles”, recalcó.
Villanueva expresó que las circunstancias complejas en Puerto Rico limitan el deseo de regresar a trabajar como médicos en la isla. El emergenciólogo, al igual que la retinóloga Onelys Ariane Uzcategui — quien también está radicada en Tampa tras no recibir el incentivo contributivo del 4 % para médicos especialistas —, enumeraron que algunas barreras en Puerto Rico son las múltiples trabas que presentan las aseguradoras médicas, como pagos atrasados, preautorizaciones y solicitudes de aprobación de medicamentos.
Ambos también mencionaron que no tienen que enfrascarse en discusiones con médicos para hospitalizar a un paciente ni pedir autorización para hacer estudios en sala de emergencia. “Lo que entiendo que necesite [el paciente] se hace”, declaró Villanueva al abundar sobre su experiencia trabajando en Tampa, mayormente con pacientes bajo planes Medicare Advantage.
Aunque alrededor de 657,000 personas en Puerto Rico están cobijados bajo los planes Advantage, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) notificaron, el primero de abril, que no ajustarán las tarifas de estos planes en Puerto Rico para 2025. Según la organización federal, los pagos actuales, que se basan en datos de pagos por servicio en el archipiélago, son “suficientes” para brindar estabilidad al programa de salud. La Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA, en inglés) estimó que manejaría un déficit de $400 millones, atribuibles a recortes y la inflación de gastos de atención médica.
Necesidades más allá de incentivos
Para corroborar si en otras jurisdicciones de Estados Unidos hay mayor retención de especialistas por salario, el economista José Caraballo Cueto analizó datos salariales de médicos de familia del Negociado de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo federal con tasas de empleo, pero no encontró una correlación lineal entre ambas variables.
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Un factor que incide en la emigración, dijo, es el sistema de distribución de servicios de Medicaid bajo “managed care organizations” (MCOs), que es de los más comunes en Estados Unidos. Bajo este tipo de sistema, las MCOs — aseguradoras médicas — administran las operaciones de Medicaid mediante pagos capitados (fijos) que reciben de la Oficina de Medicaid local para cubrir servicios por paciente por mes (PMPM). Mientras, en otros, como el pago por servicio (FFS, en inglés), el estado se encarga de la administración y se paga directamente al médico por el servicio ofrecido bajo Medicaid.
“Después del 4 % hay menos cantidad de médicos que antes. El 4 % va a beneficiar a los que se iban a quedar de todas formas”, señaló Caraballo Cueto. “Hay que dejarse llevar por datos más allá de estar mirando anécdotas. Hay gente que se va por nivel salarial — no solamente médicos, todas las profesiones —, pero esa no es la realidad de todos”, subrayó.
Según el informe de gastos tributarios más reciente que generó el Departamento de Hacienda, el Gobierno ha dejado de devengar un promedio de $255 millones entre 2020 y 2023 por motivo de la Ley 14. Se proyecta que incremente hasta $292 millones en 2026. Estos gastos fiscales, expresó Caraballo Cueto, no se justifican al no haber prueba de mayor retención de médicos.
Este desfase entre las necesidades de la clase médica y los incentivos preparados por el Gobierno se aborda en una pieza legislativa que cataloga como “insuficientes” las medidas de retención para profesionales médicos. El proyecto del Senado 1116, de la autoría de los senadores Ramón Ruiz Nieves y Albert Torres Berríos, busca eximir por completo el pago de contribuciones por ingresos a médicos recién graduados en cirugía, ortopedia, ginecología-obstetricia y neurología durante cinco años consecutivos.
“Mediante esta Ley se les exhorta a iniciar y mantener su práctica profesional en Puerto Rico con la esperanza que la experiencia profesional que desarrollen durante esos primeros cinco años de su práctica ayude a su decisión de permanecer en Puerto Rico”, presenta la exposición de motivos.
Villanueva, mientras tanto, no ausculta regresar a ejercer como galeno en Puerto Rico. “No vuelvo a trabajar allá… El incentivo no fue suficiente para regresar”, expuso tras lamentar la falta de servicios que aqueja a la población mayor y los factores que impiden que un especialista realice su labor.
