Tras ser convocado so pena de desacato por su ausencia a las 9:30 a.m.– cuando estaba programada la vista– el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, compareció, esta tarde, en la audiencia pública en el Senado que buscaba discutir las disposiciones de la la ley bajo la cual el imputado de delito Hermes Ávila Vázquez fue liberado.
Mellado López aclaró que “en ningún momento quise evadir la responsabilidad” y explicó que se había excusado de la vista porque, desde 2004, los servicios médicos para los confinados no son brindados por el DS, sino por el DCR.
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“Nosotros (el DS) ciertamente no tenemos, ni fuimos convocados, ni tenemos injerencia, ni sabemos cómo fue que se confeccionó este comité evaluador”, indicó el secretario de Salud, referente al comité médico evaluador de los casos en las cárceles.
Para la vista pública del Senado, se citó a Mellado López y a la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, pero ambos se excusaron mediante misivas.
Por consiguiente, esta mañana el presidente de la Comisión de de lo Jurídico y Desarrollo Económico, José Luis Dalmau Santiago, y el presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, José Vargas Vidot, convocaron a los jefes de agencia so pena de desacato para la 1:00 p.m.
Por su parte, Escobar Pabón depuso esta tarde en una vista pública en la Cámara de Representantes relacionada a la población confinada y sumariada de mujeres en el sistema correccional de Puerto Rico. Sin embargo, la secretaria del DCR se ausentó de la audiencia pública en el Senado.
Entre las preguntas realizadas a Mellado López, el senador Vargas Vidot precisó que el Artículo 2 de la Ley 25 de 1992 establece que, en el caso de los confinados, la evaluación del paciente será realizada por un panel médico designado por el secretario de Salud de entre la Facultad Médica del Programa de Servicios de Salud al Confinado del DS.
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“Correcto, pero [...] ya nosotros no tenemos ese programa”, contestó el asesor legal del secretario de Salud, Miguel A. Verdiales Morales.
El licenciado procedió a explicar que a Mellado López nunca se le pidió la designación de un panel, pues “todo el mundo entendió que ya no existía esa autoridad”.
Todo esto luego de que Ávila Vázquez, quien enfrentaba una sentencia de 122 años de cárcel, fuese liberado, en abril de 2023, al amparo de la Ley 25 de 1992 y posteriormente se le acusara por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, asesinada el 21 de abril de 2024 en Manatí.
Dicha vista pública responde a la Resolución del Senado 933, para investigar el cumplimiento de la Ley 25 de 1992, conocida como la “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”, incluyendo el manejo administrativo conducente a la excarcelación de confinados en virtud de este estatuto.
Asimismo, la comisión indagará acerca de la cantidad de pases extendidos otorgados desde la vigencia de esta ley hasta el presente, así como si el nombramiento del panel médico que evalúa las condiciones de los confinados cumplió con las disposiciones de la ley.
El panel de senadores buscará investigar además la evaluación y provisión de servicios médicos a los confinados por parte del Programa de Salud Correccional de la agencia gubernamental, incluyendo los servicios provistos por Physician Correctional, entidad contratada por el DCR.
El doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, también debía comparecer, pero se excusó debido a que supuestamente se encuentra fuera de Puerto Rico.
Aunque la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción le proveyó la opción de conectarse de manera virtual, a través de videollamada, el doctor rechazó dicha propuesta.
Physician Correctional solicitó que se les conceda un término de diez días “para contestar de la manera más responsable posible la solicitud de información” del Senado. Sin embargo, Dalmau Santiago redujo el término a cinco días para someter los documentos.
