El presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, José Vargas Vidot, rechazó esta mañana la solicitud de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, de ser excusada de una vista pública que busca discutir los hechos relacionados con el caso de Hermes Ávila Vázquez, el imputado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega.
Escobar Pabón se ausentó de la audiencia pública de la comisión, “debido al corto tiempo de notificación”, pues fue citada el lunes para hoy, miércoles, a partir de las 9:30 a.m.
PUBLICIDAD
La comisión del cuerpo senatorial le concedió, a Escobar Pabón, hasta la 1:00 p.m. para comparecer a la vista pública.
“Para mí es totalmente inaceptable, señor presidente, y por eso le solicito que se le cite a través de la Oficina del Sargento de Armas para que comparezca hoy a la 1:00 p.m. bajo el reglamento del Senado y bajo el Código Político”, expresó el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, durante su turno.
La carta firmada por la secretaria de Corrección además estipula que los documentos solicitados por la comisión serán enviados por el DCR, mientras “no guarden relación con el caso del Sr. Ávila Vázquez”.
“Como es de conocimiento público, el Departamento de Justicia está realizando una investigación sobre los hechos ocurridos el 21 de abril de 2024, imputados al señor Ávila Vázquez. por tanto, estos documentos forman parte del Sumario Fiscal y están protegidos por un manto de confidencialidad”, lee la misiva fechada el 7 de mayo de 2024.
De igual forma, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, quien también fue citado, se excusó de la audiencia pública, por lo que Vargas Vidot procedió a incluirlo en la directriz de comparecer a la 1:00 p.m.
PUBLICIDAD
Dicha vista pública responde a la Resolución del Senado 933, para investigar el cumplimiento de la Ley 25-1992, conocida como la “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”, incluyendo el manejo administrativo conducente a la excarcelación de confinados en virtud de este estatuto.
Asimismo, la comisión indagará acerca de la cantidad de pases extendidos otorgados desde la vigencia de esta ley hasta el presente, así como si el nombramiento del panel médico que evalúa las condiciones de los confinados cumplió con las disposiciones de la ley.
El panel de senadores buscará investigar además la evaluación y provisión de servicios médicos a los confinados por parte del Programa de Salud Correccional de la agencia gubernamental, incluyendo los servicios provistos por Physician Correctional, entidad contratada por el DCR.
El doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, también debía comparecer, pero se excusó debido a que supuestamente se encuentra fuera de Puerto Rico.
Aunque la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción le proveyó la opción de conectarse de manera virtual, a través de videollamada, el doctor rechazó dicha propuesta.
Physician Correctional solicitó que se les conceda un término de diez días “para contestar de la manera más responsable posible la solicitud de información” del Senado. Sin embargo, Dalmau Santiago redujo el término a cinco días para someter los documentos.
