La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón dio su versión en la tarde del miércoles, del por qué no compareció – ni en la mañana ni en la tarde- a una vista pública del Senado dónde se le cuestionaría sobre el caso del confinado Hermes Ávila Vázquez.
“Yo tenía una vista ya programada desde el día 2 de mayo para estar aquí en esta vista del Salón de Audiencias 4 con el presidente de la Comisión de Seguridad (Luis Ramón “Narmito”) Ortiz y comparecí a esta vista que estaba programada ya desde hace unos días anteriores. No, no, no es que no pueda prepararme. Lo que pasa es que tenía esta vista y podía tener la opción también de que pudiera venir el subsecretario, pero ante la situación, de los requerimientos de la información que se iban a discutir aquí, pues vine a esta vista que estaba previamente citada, que tenía toda la información lista y preparada para poderla proveer. Yo me excusé por carta que había enviado a la oficina del senador Vargas Vidot, se me contestó en la mañana de hoy que no se me excusaba de la misma, sin embargo estoy disponible para atender cualquier vista en la cual él me pueda citar en cualquier otro momento para atender cualquier situación. Bueno, tan pronto yo reciba la citación con mucho gusto y no, todavía en este momento yo no he sido citada por el senador Vargas Vidot para que yo pueda comparecer a ninguna vista. La recibió entonces en mi oficina, probablemente la secretaría mía o cualquiera de las otras compañeras. Para la vista de hoy a la una, para otra vista no he recibido ninguna otra citación, valga la aclaración”, dijo Escobar Pabón a preguntas de la prensa.
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Sobre la investigación del reo Hermes Ávila Vázquez, Escobar Pabón mencionó: “Lo que nosotros estamos trabajando hasta este momento es compartir toda la información que sea necesaria para clarificar todas y cada una de las situaciones que se han presentado en este caso de manera transparente, para que haya realmente un resultado donde podamos identificar los responsables. O sea, nosotros no queremos hacer adjudicaciones de responsabilidades sin un proceso de investigación, y no queremos entrar en un proceso de entregar información que pueda perjudicar lo que es el proceso de investigación actual que está llevando el Departamento de Justicia”.
“Pero aquí llegaremos hasta las últimas consecuencias, o sea aquí nadie va a quedar impune, ningún responsable de esta situación va a quedar impune y los responsables, sea el proceso de destitución, sea el proceso de cancelación de contrato, se llevarán a cabo”, agregó.
Luego de que se citara so pena de desacato a los secretarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y del Departamento de Salud (DS), el titular de esta última agencia, Carlos Mellado López, compareció a la 1:00 de la tarde ante el Senado de Puerto Rico, según solicitado por el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago y el senador José Vargas Vidot, para contestar preguntas en torno al manejo de la excarcelación de confinados en virtud de la Ley 25-1992.
La secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, no compareció a los trabajos de las comisiones pese a la citación so pena de desacato. No obstante, según señaló para récord el senador Ramón Ruíz Nieves, la titular de Corrección se encontraba en una vista pública en la Cámara de Representantes.
“Yo no estoy adjudicándole a la secretaria una culpabilidad, pero es nuestro deber, si queremos irnos con la conciencia limpia, investigar hasta las últimas consecuencias. Nunca han seguido los protocolos, y como resultado, personas pierden la vida”, puntualizó Vargas Vidot.
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Durante su comparecencia, el secretario de Salud indicó que la agencia no tiene injerencia, ni sabe cómo se confeccionó el comité evaluador en estos casos.
“Quiero ser responsable, y en ningún momento quise evadir mi responsabilidad [de asistir a la audiencia], pero entendíamos que la carta se contestaba por sí sola, pero estamos aquí para contestar preguntas”, sostuvo Mellado López.
Además, indicó que el Departamento de Salud no tiene facultades ni responsabilidades en la prestación de servicios médicos y de salud mental a los confinados. Esto se debe a que el Tribunal Federal, en una Orden del 26 de enero de 2004 en el caso Morales Feliciano v. Romero Barceló, dispuso que el Programa de Salud Correccional del Departamento de Salud se transfiriera a la Administración de Corrección.
“Estas comisiones nos hemos propuesto trabajar de manera muy seria y prudente porque la vida de la gente nos importa. Estamos tratando de establecer la necesidad y el articulado del reglamento que se deriva de esta Ley 25″, sostuvo Vargas Vidot, quien presidió los trabajos como presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción.
A preguntas del también senador independiente, el principal asesor legal del secretario de Salud, Miguel A. Verdiales Morales, dijo que no tienen contratos con Physician Correctional (compañía que ofrece servicios de salud al DCR), pero dijo que indagarán y enviarán la información a las comisiones.
“Nuestro deseo es que se sepa la verdad, que se pueda trabajar con la ley y que otras personas no tengan que pagar con su vida la mediocridad de un servicio”, dijo Vargas Vidot.
La secretaria del DCR, a través de una carta, indicó que no comparecería a los trabajos de la vista pública conjunta de las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción; y de lo Jurídico y Desarrollo Económico.
“Debido al corto tiempo de notificación no nos es posible comparecer a la misma”, lee la misiva enviada por Escobar Pabón. La citación se realizó el lunes, 6 de mayo.
Del mismo modo, el presidente de Physician Correctional, Raúl Villalobos, envió una carta en la que informó que se encuentra fuera del país y no podría comparecer, y solicitó 10 días para enviar la documentación requerida por las comisiones dado a los “requerimientos que están sucediendo simultáneamente por parte de varios organismos estatales”. El presidente Dalmau Santiago indicó que solo se le otorgarían cinco días laborales para la entrega de documentos.
“La secretaria no está disponible para venir aquí a entregar documentos que deben estar en el Departamento porque son copias de reglamentos, protocolos y órdenes ejecutivas. Para mí es inaceptable, y por eso solicito que se le cite, a través de la oficina del Sargento de Armas, para que comparezca aquí a la una de la tarde bajo el reglamento del Senado y el Código Político”, sostuvo el líder senatorial.
Por su parte, el senador Vargas Vidot dijo que “el lunes pasado se citaron a comparecer, y no se citaron a lo loco, sino con la seriedad mediante las mismas cartas que usan como excusa. Un tema que ha estado manejándose y no ha perdido vigencia como este, y sobre todo el cimiento que está vinculado a la pérdida de vidas, gracias a la mediocridad con el que se trabaja un Departamento. Y esto lo digo yo de frente”.
Asimismo, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón planteó que esta ha sido la norma durante este cuatrienio (no comparecer a las vistas públicas).
“Son tres muertes adjudicables a la inacción del Estado, y la negativa a rendir cuentas ante este foro es sencillamente inaceptable”.
La vista pública se realizó en torno a la Resolución del Senado 933, de la autoría de los presidentes de ambas comisiones, para investigar el manejo administrativo conducente a la excarcelación de confinados en virtud de la Ley 25-1992. También, si el nombramiento del panel médico que evalúa las condiciones de los confinados cumplió con lo estipulado, qué enfermedades se consideran terminales en la práctica médica, entre otros asuntos.
Las senadoras Marially González, Joanne Rodríguez Veve, Ana Irma Rivera Lassén, así como los senadores Rafael Bernabe y Juan Oscar Morales participaron de los trabajos.
A su salida de la Casa de las Leyes, Escobar Pabón negó que una carta mostrada a la prensa por parte del aspirante al Senado por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, con fecha del 30 de agosto de 2022 en las que Escobar Pabón supuestamente ordenó que no se excarcelara a Ávila Vázquez, es falso porque no tiene su firma.
“No he firmado ninguna carta hasta este momento en que yo deniego la participación de ninguna persona en este caso. Nosotros, por lo menos yo, no he visto ninguna carta que hayan presentado hasta este momento donde yo esté denegando la participación o inclusión de este caso en algún programa. Dentro de los documentos que me mostraron en algún momento dado, que ha estado presentando el candidato al Senado, Carlos Díaz, la carta no está firmada. No, no está firmada por mí. La que me mostraron a mí en el día de hoy. Pero es que no guarda relación la carta firmada con una contestación que yo le pueda dar a una petición de la oficina de ayuda al ciudadano del señor gobernador, con lo que es la autorización de que la persona vaya a participar de un programa de estudio. No es una petición de salida a la que se contestó, es una petición que hace el confinado, hace una solicitud por escrito de unas comunicaciones donde tiene el interés de participar de oportunidades, de desviar a la comunidad. Estamos hablando de la carta que usted me mostró. Yo le voy a contestar de la carta que usted me mostró. De la carta que usted me mostró, la situación es que es una respuesta a la petición que hace el confinado hacia la Oficina de Ayuda al Ciudadano. Y esa contestación, en algún momento dado de yo haberla hecho, la tendría que revisar porque yo no tengo la carta”, dijo Escobar Pabón.
Cuestionada sobre quién dio la orden de excarcelación de Ávila Vázquez, la titular del DCR contestó: “No, yo ya lo he dicho anteriormente que yo no he firmado ninguna autorización de ninguna excarcelación. He mencionado que estamos trabajando con la persona que lo autorizó. Sí, es una persona que hemos identificado, pero estamos trabajando en estos momentos, lo que es una comunicación con el área de Disciplina de Empleados para nosotros trabajar una separación de empleo en estos momentos”.
Expresó además, que no renunciará al cargo que ocupa a raíz de este incidente, al ser cuestionada sobre referidos a las agencias federales para que investiguen el asunto.
“Pues realmente yo le invito a que finalmente lo haga. Porque el hecho de hacer los referidos necesarios a las agencias pertinentes de ley y orden, tanto federales como estatales, van a clarificar que lo que ha estado mencionando este candidato al Senado es totalmente incierto y falso. Y yo lo reto en este momento a que él vaya a cualquiera de las autoridades federales y estatales y presente todas las evidencias que tenga, y que pueda demostrar que el Departamento de Corrección y Rehabilitación ha sido negligente y ha participado en todo lo que él ha estado mencionando. Es muy fácil desacreditar a las personas sin evidencias ningunas. Y yo le exhorto a él, se lo he dicho anteriormente, y esto es un refrito, cada vez que sale dentro de los medios de comunicación, sale a hablar la misma queja y lo resumió hoy de nuevo. Yo creo que ya basta de estar atentando contra la integridad de la agencia que yo dirijo, contra mis compañeros de trabajo y contra esta servidora, que por muchos años hemos estado trabajando aquí, de día y de noche, las 24 horas del día, a veces los 7 días de la semana, manejando una población que es volátil, una población difícil, en un escenario complejo de lo que es una cárcel para entonces estar haciendo señalamientos sin ninguna evidencia. O sea, yo creo que la reputación y la dignidad de nuestros compañeros llega al momento en que tiene que ser respetada. No voy a renunciar bajo ningún concepto. Aquí estaré y demostraré nuevamente, como lo he hecho antes en casos anteriores, que esta servidora no tiene responsabilidad sobre eventos de esta naturaleza que se me están imputando, sin ni tan siquiera verificar qué realmente qué es lo que ha ocurrido aquí. Así que yo con la frente en alto, de manera clara y transparente, le digo al pueblo de Puerto Rico que llegaré hasta las últimas consecuencias para analizar y referir todo lo que sea necesario al Departamento de Justicia y a las agencias que sean necesarias para clarificar esta situación”, dijo Escobar Pabón.
Ávila Vázquez fue acusado el 22 de abril tras, supuestamente, cometer el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega.
A la vista pública que la funcionaria pública compareció, fue la que realizó la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes. La Resolución de la Cámara 906 busca investigar el manejo de las mujeres sumariadas y confinadas embarazadas bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
Se recalcó que la vista había sido agendada “con tiempo”, por lo que solo se atenderían los asuntos pertinentes a la Resolución Cameral. La vista tuvo el propósito de evaluar los protocolos y reglamentos internos para el manejo de la población de mujeres embarazadas en el sistema correccional.
Por su parte, la secretaria catalogó de “sumamente compleja, difícil, estresante y riesgosa” la labor diaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y los empleados de las instituciones carcelarias a su cargo.
“Es un trabajo estresante el que nuestros compañeros tienen dentro de las instituciones, y mucho más en el área de mujeres porque por el mero hecho de su condición biológica, sus cambios hormonales y sus vivencias previas al confinamiento, tenemos que manejar ese conjunto de emociones en nuestra población confinada”, subrayó la secretaria Escobar Pabón.
La secretaria de Corrección ofreció datos sobre la población de madres bajo la custodia de la agencia. De acuerdo al Perfil de la Población Confinada del 2019, solo el 17% de las confinadas reportó no tener ningún hijo.
“Para el periodo del 2022 a lo más reciente de un total de 10 embarazadas, solamente una se encuentra activa”, agregó Escobar Pabón a modo de actualización.
Además, de ese informe se desprende que de los 1,109 casos a su cargo, solo el 5% de las mujeres se identificaron con alguna discapacidad.
“En cuanto a las estadísticas de discapacidad, contamos con un total de una confinada con discapacidad ambulatoria y 12 con discapacidad visual (uso de espejuelos), para un total de 13″, comentó la Secretaria.
Igualmente, Escobar Pabón aprovechó para aclarar el proceso de evaluaciones médicas una vez los individuos son encarcelados.
“Cuando un confinado ingresa al sistema, dentro de las primeras 24 horas a partir de la admisión es examinado por un médico para identificar enfermedades actuales, uso de medicamentos, signos vitales, peso, pruebas de tuberculosis y otros laboratorios, referido adecuado a su condición de salud, y otros. En este proceso igualmente, en cuanto a las féminas, se identifican condiciones de salud incluyendo embarazo, fecha de última menstruación, medicamentos anticonceptivos, flujo vaginal y otros”, aseguró la Secretaria en su memorial explicativo.
Por otro lado, el secretario de Salud, Carlos Mellado López, se excusó por escrito previo al inicio de la audiencia debido a que todos los servicios para confinados, incluyendo los médicos y de salud mental, están a cargo del DCR. Esto, en virtud del caso Morales Feliciano vs. Romero Barceló (USDC PR Civil Núm. 79-4), resuelto en 1986.
