El representante José Pérez pidió este lunes, al Departamento de Justicia investigar las alegaciones de ciudadanos sobre la práctica de algunas personas de cobrar una cantidad de dinero sólo para ver una propiedad de vivienda de alquiler y/o compra.
“Sabemos el problema que existe con la falta de vivienda accesible para nuestra gente y estamos trabajando para atender esa situación desde varios frentes. Sin embargo, no es justo, ni moral y mucho menos legal que una persona solicite un fee a un ciudadano para mostrar una casa y/o apartamento, sea para alquiler o para la compra. Eso es totalmente ilegal. Lamentablemente esta práctica va en aumento, y en detrimento de nuestra gente. Por eso estamos pidiendo al Departamento de Justicia investigar estas denuncias con la premura que requiere”, comentó el representante por acumulación en declaraciones escritas.
PUBLICIDAD
“En los pasados días hemos observado cómo unas personas, incluyendo la joven Xaniliz González, quien, ante su desespero por la situación (cobro por ver una propiedad), colgó en las redes sociales mensajes asociados a que tuvo que pagar 80 dólares a una persona solo para que le mostrara un apartamento de alquiler en la zona metropolitana. De hecho, esta joven indicó que de 30 personas que contactó para evaluar apartamentos, unas 28 le solicitaron algún tipo de dinero por adelantado únicamente para que ella pudiera ver la propiedad. La angustia de muchos por tener una propiedad fuerza que paguen por algo que, repito, no es legal”, añadió Pérez.
“Estaremos enviando una solicitud formal al Secretario de Justicia para que comience esta investigación. Exhorto a todas las personas que han sido víctimas de esta práctica a levantar la voz de alerta en sus redes y contactar al Departamento de Asuntos del Consumidor”, concluyó diciendo.
El legislador ha impulsado una serie de investigaciones sobre el mercado de alquiler y compra de viviendas en Puerto Rico ante múltiples denuncias de irregularidades, incluyendo alegaciones sobre algunos corredores de bienes raíces que rechazan a personas que cuenten con asistencia económica del Departamento de la Vivienda para comprar una residencia, así como el mantener unidades de vivienda en mercadeo a pesar de que las mismas ya no se encuentran en el mercado.