La Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Luis ‘’Narmito’' Ortiz Lugo, realizó hoy, jueves, una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 983 para investigar el robo de catalíticos en Puerto Rico.
A la audiencia pública compareció la Lcda. Wandaliz Maldonado de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y María Lizardi, presidenta de la Asociación de Centros de Reciclaje de Metales de Puerto Rico.
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Por su parte, Maldonado expuso que uno de los principales problemas consiste en que los convertidores de catalíticos no traen consigo, por parte del manufacturero, un número de identificación único que permita a los agentes del orden público la identificación del mismo.
“Ni tan siquiera existe una base de datos en la cual se registre o se almacene dicha información, lo que hace más difícil poder seguirle el tracto o procedencia a la pieza antes mencionada”, sostuvo.
De igual forma, la representante del DSP destacó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) realizó arrestos, desarticulando un esquema criminal que se basa en Puerto Rico, pero que se extendió a varias jurisdicciones de Estados Unidos.
‘’Hemos evidenciado una disminución en la apropiación ilegal de convertidores de catalíticos en Puerto Rico con una baja de un 50% durante el 2023 en comparación con el 2022″, indicó Maldonado.
Según datos provistos por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) en el 2022, se recibieron 2,099 querellas sobre apropiación ilegal de catalíticos, siendo las áreas de mayor incidencia en Bayamón, San Juan y Carolina. En el 2023, se recibieron 1,091 querellas y en lo que va del 2024, el NPPR ha recibido 154 querellas, reportándose en Bayamón, San Juan y Caguas como áreas de mayor incidencia.
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‘’Las acciones tomadas por el NPPR y las autoridades federales han surtido efecto. La merma en casos de hurto de convertidores de catalíticos es evidente’', añadió Maldonado.
Por otro lado, Lizardi dijo que la compra de catalíticos bajo los parámetros de ley no es ilegal. Hay todo un andamiaje de seguridad procedencia e identificación que realiza un centro de acopio de metales legales para asegurar la legitimidad de la adquisición y posterior venta.
‘’La problemática del hurto de catalíticos se debe atender impulsando legislación que facilite el procesamiento criminal de quienes están involucrados en esta actividad y aplicando las penalidades ya establecidas en la Ley de Metales de Puerto Rico.
‘’Reiteramos que la Ley ya establece los controles necesarios para que estas piezas cuando son obtenidas ilegalmente, no lleguen a los centros de reciclaje, por lo que apuntar a nuestros centros para resolver la problemática no será efectivo. Imponer nuevos requisitos operacionales a los centros que operan bajo el marco de la ley como pretende el Proyecto de la Cámara 1606, solo servirá para impactar de manera negativa a la industria y dejará impune a quienes operan en desapego a ley y el orden’', agregó Lizardi.
Asimismo, Lizardi dijo que el NPPR se ve sustancialmente impedida de intervenir o investigar con inmediatez en negocios que operan de forma ilegal, ya que para hacerlo necesitan tener órdenes del tribunal. ‘’Es necesaria la asignación de recursos investigativos, económicos e inteligencia forense a la Policía de Puerto Rico es necesaria para prevenir los hurtos en vez de reaccionar a estos’'.
