La Cámara de Representantes aprobó el martes una medida para investigar la viabilidad de transferir a los municipios los recursos económicos necesarios para proveer servicios de amas de llaves a las personas de edad avanzada, que actualmente es manejado por el Departamento de la Familia (DF).
La Resolución de la Cámara 1145— presentada por el presidente cameral Rafael Hernández Montañez junto con los representantes Juan José Santiago Nieves y Jessie Cortés— ordena a la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización llevar a cabo el estudio.
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En la exposición de motivos de la medida, los legisladores abundan que pretenden investigar cuánto tiempo sería necesario para completar esa transición y si es necesario presentar legislación para realizarla.
Afirman que tanto la Asociación como la Federación de Alcaldes, organismos que agrupan a los ejecutivos municipales de los 78 municipios, han acudido al cuerpo legislativo en busca de soluciones para atender la escasez de amas de llaves en Puerto Rico en medio del aumento en la población de adultos mayores.
“Uno de los asuntos traídos ante la consideración de la Cámara de Representantes es, precisamente, la transferencia de los fondos que maneja el Departamento de la Familia para proveer servicios de amas de llaves a las personas de edad avanzada”, reza la resolución.
La pieza legislativa establece que la comisión informante no hará expresiones sobre los posibles resultados o hallazgos de la investigación. Sin embargo, se recomienda que la comisión cameral tramite los hallazgos de la investigación conforme al reglamento y con apego al plazo concedido para rendir el informe.
Proponen restricciones a decretos contributivos
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Por otro lado, la Cámara avaló un proyecto de ley que persigue eliminar la elegibilidad de recibir créditos contributivos a aquellas alianzas público privadas -por sí mismas o por medio de contratistas- que vayan a utilizar 75% o más provenientes de fondos federales.
El Proyecto de la Cámara 2136, de la autoría del representante José Rivera Madera, busca fiscalizar los incentivos que históricamente se han concedido con el fin de determinar cuáles tienen la mayor productividad y cuáles producen un rendimiento negativo.
La medida recibió unánimemente 45 votos a favor durante la votación final.
“Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio poner un alto a aquellas entidades que pretendan recibir beneficios contributivos adicionales e irracionales al ya recibido producto de leyes, tales como la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como Ley de Alianzas Público Privadas”, lee la pieza legislativa.
