El proyecto legislativo que busca reglamentar los alquileres a corto plazo en Puerto Rico fue objeto de discusión el lunes en una audiencia pública en el Senado durante la cual fue apoyado por representantes de la creciente industria al tiempo que fue rechazado por quienes alegan que el mismo no contempla controles adecuados.
Durante la vista pública se plantearon argumentos sobre los beneficios que los alquileres a corto plazo brindan a la industria del turismo y a los dueños de las propiedades que se alquilan versus el impacto que la operación tiene en sectores residenciales, incluido el desplazamiento y la reducción en el inventario de viviendas.
“Uno de los nichos que se ha sobresalido recientemente es el de los alojamientos suplementarios a corto plazo. […] En los últimos años han jugado un papel importante en el recaudo de ingresos por concepto de canon de ocupación de hoteles para la Compañía de Turismo de Puerto Rico. […] Este tipo de alojamientos ha traído consigo retos y cambios, tanto en la industria turística como en las comunidades dónde se desarrollan”, expresó la senadora Ada García Montes, presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura al inicio de la vista. García Montes y la senadora María de Lourdes Santiago (PIP) fueron las únicas legisladoras presentes en la audiencia.
En su ponencia, la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, Marimar Pérez Riera, se expresó en desacuerdo con la medida e indicó que “a lo largo del proceso legislativo, [el Proyecto] ha sufrido modificaciones de último momento, especialmente en lo que respecta a los arrendamientos a corto plazo, que han desviado su intención original”.
“Nos referimos al concepto introducido en el Proyecto de la Cámara 1557 que identifica los arrendamientos a corto plazo como una actividad comercial únicamente para efectos contributivos, enfocándose exclusivamente en el cobro del “room tax” de Turismo, y haciendo hincapié en que no alteraría la clasificación legal y regulatoria de la vivienda en otros aspectos. Esto representa un gravísimo error […]”, añadió.
A su vez, la directora de Hispanic Federation, Charlotte Gossett Navarro planteó que los alquileres a corto plazo son una actividad comercial turística y deben ser regulados bajo los principios de desarrollo económico sostenible y planificación. Gossett Navarro propuso que las “plataformas tengan que suscribir acuerdos de cobro y registrarse de forma compulsoria en la Compañía de Turismo para poder operar legalmente en Puerto Rico”.
Uno de los cambios más significativos que traería el PC1557 a los arrendadores a corto plazo es la clasificación de estos arrendamientos a corto plazo como uno comercial, lo que exigiría a los dueños y arrendadores a solicitar un Permiso Único, que son requeridos en la isla para la operación de la actividad de un negocio.
Por su parte, el copresidente de Viva Puerto Rico Short-Term Rental Alliance declaró que está de acuerdo con el proyecto pues “es uno equilibrado y de consenso” y le brindó su apoyo “ya que es un proyecto de avanzada y bien pensado que regula/organiza el segmento de propiedades a corto plazo, sin cambiar su naturaleza ni poner restricciones onerosas”.
Asimismo, Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas de Airbnb Centroamérica y Caribe, expresó su apoyo a la medida y concluyó que esto es “un ejemplo de cómo el estado puede cumplir con sus funciones de monitorear los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico para promover que se cumpla con los requerimientos. […] reciban sanciones a quienes no cumplan y operen fuera el marco legal”.
El desplazamiento poblacional
Por otro lado, el portavoz de la Alianza Nacional contra el Desplazamiento Poblacional, Miguel Ángel Reyes de Jesús, expresó que los alquileres a corto plazo no deben existir en zonas residenciales y que “el proyecto 1557 está hecho a la medida para quienes promueven el desplazamiento, y los que entienden que su lucro va por encima de la tranquilidad y el descanso de los residentes”.
“Todos los argumentos a través de estos negocios son económicos. Los alquileres a corto plazo son la gallina de los huevos de oro. Son fuentes de desplazamiento, rompe comunidades, las daña. Estos negocios deben ser prohibidos en todas las comunidades de este país”, agregó.
Comparten experiencias alquilando a corto plazo
Sin embargo, Javier Hernández Quiñones y Gretchen Rivera Tartak, dueños de propiedades en Arecibo y Lajas, respectivamente, utilizadas de alquiler a corto plazo, aseguraron que sus vecinos nunca han tenido inconvenientes con sus huéspedes y que, al contrario, han estado siempre para apoyarles. Al tema del desplazamiento, argumentaron que es una problemática muy compleja y provocada por otras situaciones del país que no deben ser atendidas en el proyecto.
De otro lado, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón le solicitó a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura que asuma la responsabilidad de tramitar las enmiendas, aunque consideró pertinente realizar un Proyecto Sustitutivo para el PC1557, ya que el mismo “está tan defectuoso que necesita un sustitutivo […] y de esto va a depender el futuro de una actividad económica importante y el futuro de muchas comunidades”.
Mientras, García Montes enfatizó en la necesidad de atender la demanda turística que tiene Puerto Rico actualmente, por lo que le indicó a todos los grupos que sometan a la mayor brevedad toda la información que les fue solicitada para la evaluación de la Comisión. “Durante esta vista escuchamos que hay mucha legislación vigente para reglamentar esta industria, y no necesariamente hay que crear una nueva ley”, puntualizó.
El PC1557 fue devuelto a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura para que grupos de interés pudieran expresar su posición. La Comisión deberá someter un segundo informe para su aprobación en o antes del 25 de junio.
Manifestación a favor de la regulación
Esta mañana, un grupo de residentes y organizaciones comunitarias se manifestó en la plazoleta frente al Capitolio para exigir que la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado lleve a cabo una segunda vista pública en torno al proyecto 1557 y que se enmiende el mismo para minimizar el impacto de ese negocio sobre la disponibilidad de vivienda asequible y el desplazamiento.
“Exigimos que cualquier regulación reconozca que los alquileres a corto plazo son un negocio turístico. Es absurdo decir que un hospedaje turístico por dos o tres días es un uso residencial. Esta política desarticula la vida en comunidad, sustituye residentes por turistas y deja a nuestra gente sin un lugar donde vivir, sin vecinos que les apoyen, y sin posibilidad de conseguir una casa a precios accesibles”, expresó Yvette Diaz Marchán, de la Asociación de Titulares Urbanización Dos Pinos en Rio Piedras. “El turismo de masas no puede ir por encima al derecho a la vivienda”, añadió.
Aunque la versión del P de la C 1557 que se llevó a votación a la Cámara consideraba los alquileres a corto plazo como una actividad comercial, se enmendó y aprobó para que se considere un negocio sólo para propósitos contributivos.
“Hace apenas tres semanas luchamos porque hubiera vistas públicas, sólo para que se abriera un proceso que excluye a la mayoría de las organizaciones comunitarias que solicitaron participar. El impacto de ese negocio se manifiesta de manera distinta en las islas municipio, en urbanizaciones, barriadas, centros urbanos, históricos, zonas rurales y costeras, por lo que cualquier legislación debe tomar esas diferencias en cuenta”, recalcó Kathy Gannett, líder comunitaria de Vieques. “Denunciamos que la Comisión del Senado no quiera escuchar la voz de Vieques a pesar de que he solicitado espacio en reiteradas ocasiones. Las islas de Vieques y Culebra están asediadas por alquileres de corto plazo desplazando la población”.
