Para el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia no es necesario aprobar la solicitud de decreto contributivo a LUMA Energy, para la exención de pago de arbitrios en los trabajos de construcción en los municipios.
“Entiendo que LUMA ya tiene un trato contributivo preferencial bajo la ley 29 de las Alianzas Público Privadas y no veo la necesidad de darle cualquier otro tipo de incentivo contributivo. Pienso que con el trato que ya recibe bajo la ley 29 es suficiente”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
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El gobernador sostuvo que no tiene poder en la otorgación del decreto, pero dio su opinión sobre el particular
“Eso está en manos del secretario (del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda), pero estoy expresando mi sentir, al igual que se le pidió a los municipios que se expresen y otras partes interesadas, mi sentir es que ya con el trato contributivo preferencial que recibe bajo la ley 29 es suficiente. Obviamente yo superviso todo el gobierno y establezco la política pública en términos generales y estoy expresando mi sentir bien alto y claro”, añadió el gobernador.
El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda dijo el domingo que al momento no se le ha aprobado el decreto a LUMA Energy.
“En días recientes ha circulado públicamente información sobre una solicitud de decreto de la entidad Luma bajo la Ley Núm. 60-2019, conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico (”Ley 60″). Si bien confirmamos que tal solicitud fue presentada, es preciso aclarar que la misma no ha sido aprobada. Al presente, esta se encuentra en proceso de evaluación interagencial y municipal, según establecido en ley.
Asimismo, aclaramos que los contratistas y subcontratistas de entidades Alianzas Públicos Privadas haciendo obras en la red eléctrica, tienen que pagar arbitrios y patentes a los municipios, sin exención alguna.
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Los incentivos contributivos son una herramienta importante para el desarrollo económico y para promover inversiones nuevas, aumentar la competitividad de las empresas locales y lograr la atracción de capital, entre otros objetivos. Ahora bien, cuando la solicitud de incentivo no cumple con algunos de estos, pudiera ser contra producente proceder con el incentivo.
Es por lo anterior, que la Ley 60 provee para que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio evalúe los méritos de dicha solicitud, su impacto positivo o negativo sobre la economía, al igual que su costo fiscal, incluidos los municipios, y basado en ello, poder denegar una solicitud”, dijo Cidre Miranda en declaraciones escritas.
Por su parte la comisionada residente, Jenniffer Aidyn González Colón se expresó “en contra del trato preferencial a contratistas de LUMA y pidió revertir inmediatamente esta nefasta propuesta”.
“Nuevamente el gobernador pone los intereses de LUMA por encima del pueblo y los municipios. Ningún contratista o subcontratista de agencia o municipio está exento del pago de patentes y arbitrios de construcción.
¿Por qué eximir a los contratistas de LUMA, compañía con trayectoria de contratar a compañías subsidiarias y relacionadas? ¿Cómo este decreto redunda en un beneficio para nuestra gente? Esta medida lo que hace es quitarla $600 millones a los municipios que usan los mismos para ofrecer los servicios esenciales al pueblo.
Aquí quien único sale beneficiado es LUMA, sin nada a cambio a favor de nuestro pueblo. Tan sencillo como eso. Hago un llamado para que todo trámite que se esté llevando a cabo a favor de la otorgación de este decreto se paralice inmediatamente”, expresó la comisionada.
