La demócrata estadounidense y expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, arremetió este domingo contra el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, por asistir a una gallera en Isla Verde junto a su director de campaña, Edwin Mundo Ríos.
Mark-Viverito aseguró que el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) está incursionando en una “actividad ilegal” en plena campaña electoral.
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“Estoy segura de que la aplicación de la ley está en camino. Es interesante cómo aquellos que abogan con más vehemencia por convertirse en un estado son selectivos en cuanto a cuándo cumplir las leyes estadounidenses cuando cumplirlas se vuelve políticamente inconveniente”, escribió Mark-Viverito a través de la plataforma social X (antes Twitter).
Para octubre de 2021, el primer mandatario sostuvo en conferencia de prensa que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de prohibir las peleas de gallos no afecta a Puerto Rico.
“Ahora bien, en Puerto Rico, se aprobó ley que permite que se llevan a cabo peleas de gallo siempre y cuando no se impacta el comercio interestatal... O sea, que aquí se van a poder seguir haciendo peleas de gallos”, aseguró en aquel momento.
En 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Mejora de la Agricultura de 2018, la cual prohíbe las peleas de gallos en todos los estados, incluyendo los territorios de Puerto Rico, Samoa Ameriana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes.
Según el reglamento, más de 40 estados consideran las peleas de gallos como un delito grave.
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Por años, la Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos (HSUS, por sus siglas en inglés), la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA, en inglés) y otros grupos han abogado por que las peleas de gallos ilegales se consideren una forma de abuso animal.
El comunicador y abogado, Jay Fonseca, acudió también a X para expresarse al respecto detallando que “en PR las peleas de gallos son ilegales, lo que pasa es que los federales han decidido no implantarla porque sería crear una confrontación constitucional entre el gobierno federal y el estatal lo cual para ellos ahora mismo no es de interés. Pero , en cualquier momento pudieran ocurrir arrestos federales si así ellos lo deciden y obviamente, los galleros llevarían el argumento de que es legal y seguiría esa confrontación hasta que el Supremo federal se exprese sobre el tema de hasta dónde aplica en PR obligatoriamente la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de Estados Unidos”.
Al cierre de esta edición, Pierluisi Urrutia no había hecho ningún comentario o declaración en respuesta a los señalamientos de Mark-Viverito.
