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Presidente del Senado exige a Justicia que inicie en 24 horas investigación sobre liberación de Hermes Ávila Vázquez

El hombre fue liberado bajo la protección de la Ley 25-1992 debido a una supuesta condición de salud terminal

Se alega que, luego del recién asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega, el sujeto huyó a pie tras chocar el auto que manejaba contra un poste.
Acusado de asesinato. Hermes Ávila Vázquez. (Registro de Ofensores Sexuales)

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El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, le exigió el jueves al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emmanuelli, que inicie, dentro de las próximas 24 horas, una investigación exhaustiva sobre la liberación de Hermes Ávila Vázquez, quien es acusado por el asesinato de Ivette Joan Meléndez en Manatí.

Ávila Vázquez, quien fue liberado bajo la protección de la Ley 25-1992 debido a una supuesta condición de salud terminal, debía cumplir 122 años de cárcel por otro asesinato en el 2005.

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“Es imperativo que el Departamento de Justicia inicie una investigación y aclare de inmediato las condiciones bajo las cuales este individuo fue liberado. Es inaceptable que una persona con un historial criminal tan extenso, incluido un homicidio previo en 2005, haya sido liberada bajo circunstancias tan cuestionables. El país merece respuestas de cómo ocurrieron los hechos en este caso”, dijo Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

“Solicito al secretario Emmanuelli que investigue la liberación de Ávila Vázquez, así como todos los procedimientos relacionados en el Departamento de Corrección y Rehabilitación para la liberación de otros confinados. Debemos entender si hubo fallas en el sistema que permitieron que este convicto manipulara su salida de prisión, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, al punto de asesinar a Martínez Vega de 56 años”, añadió.

Según Dalmau Santiago, hay preocupaciones serias sobre la validez de los exámenes médicos y la posible negligencia en el proceso de liberación de Ávila Vázquez, de 52 años, luego de una recomendación de un panel de médicos que certificaron su alegada enfermedad terminal.

“Tras estos actos, es urgente revisar y reforzar los procesos que permiten la liberación de confinados bajo condiciones médicas para prevenir futuras excarcelaciones que puedan poner en riesgo la seguridad pública. Esperaremos una respuesta rápida y detallada del Departamento de Justicia para asegurar la integridad de nuestro sistema de justicia y la protección del pueblo”, concluyó.

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