El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reiteró el jueves, a la compañía Physician Correctional, contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), y afirmó que han sido galardonados y reconocidos por su labor.
“Bueno, tengo que decir que en esa área han recibido galardones, premios, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y esa entidad en particular por su desempeño. Fuera de Puerto Rico, entidades que acreditan y supervisan sistemas correccionales han galardonado, han premiado al departamento por su ejecutoria en esa área en particular. Entonces esa investigación que tú mencionas se llevó a cabo, pero la secretaria es la que decide evaluar. Bueno, posiblemente esa investigación no tomó en consideración múltiples otros factores que la secretaria si tomó en consideración”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
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¿Se tomó en consideración el hecho de que sean donantes de su campaña?, se le preguntó.
“Eso no tiene absolutamente nada que ver”, contestó el gobernador.
‘Tan cera como en febrero donaron a su campaña’, le recalcó un periodista.
“Eso no tiene absolutamente nada que ver”, refutó el mandatario.
Aunque sean donantes, ¿usted está en posición de cancelar el contrato si es necesario?, cuestionó la prensa.
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“Una cosa no tiene nada que ver. O sea, los donativos políticos hay libertad de expresión, las personas pueden donar a sus candidatos de preferencia”, reaccionó el gobernador.
Pero no puede ser una carta de protección tampoco, le increpó un periodista.
“No puede serlo, ni no lo será porque no. En realidad, esa decisión se tomó hace mucho tiempo atrás, la de extender ese contrato, no tiene absolutamente nada que ver con donativos y por otro lado esa decisión la toma la secretaria. Sí, pero es parte de mi equipo de gabinete, es miembro de mi gabinete, son todos de mi confianza y en la medida que también están ayudándome en mi campaña, bienvenidos sean. O sea, al revés, me parece muy bien porque a fin de cuentas mi campaña se trata precisamente de defender la gestión de esta administración. Los demás están en las gradas, los demás están criticando desde afuera, desde afuera es fácil. Con la boca es un mamey, pero cuando uno está en el terreno de juego uno lo que tiene que estar es defendiendo su gestión”, dijo Pierluisi Urrutia.
‘Es que este caso no es fácil, es que se murió una mujer’, le cuestionaron al gobernador.
“Bueno, por exacto”, dijo Pierluisi.
Y la responsabilidad es de esta compañía (Physician Correctional) y el Departamento de Corrección, cuestionó la prensa.
“No señor”, respondió Pierluisi Urrutia.
¿De quién es?, le preguntó la prensa.
“No, no, eso es lo que se está investigando”, dijo Pierluisi.
¿De quién es entonces la responsabilidad?, cuestionó la prensa.
“De quien determine esa investigación que falló”, respondió el mandatario.
El panel es de Physician Correctional, ¿no?, se le preguntó.
“No necesariamente, hay una investigación que la dirige y la supervisa la secretaria y va a terminar el asunto como dije yo cuando termine esa investigación en manos del departamento de la administración. Y nuevamente aquí todo se investiga y todo se refiere donde se tiene que referir. Y eso de estar otra vez, yo le he dicho antes, lo voy a volver a repetir. Aquí hay una libertad de expresión y aquí hay una libertad de asociación y uno no puede estar de momento ahora diciendo, “Ah, no, el que está activo en un partido, en una campaña es como si fuera un criminal”. Por otro lado, el que dona también eso está mal, no. Lo que no se puede hacer, eso sí es ilegal. Estuve en ir y aceptar un donativo a cambio de una gestión oficial. Eso sí que estaría, eso sería totalmente ilegal. Y en mi caso jamás ha ocurrido ni va a ocurrir”, afirmó el mandatario.
Sobre la investigación administrativa que realiza el DCR tras la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, quien cumplía una condena por asesinato en primero grado en el 2005 y recibió un pase extendido en abril de 2023 bajo el alegato de que sus condiciones de salud no le permitían funcionar como una persona normal y que cuando fue arrestado por las autoridades, se le observó caminando sin dificultad, Pierluisi Urrutia dijo que como medida preventiva, se ordenó colocar grillete electrónico a todo reo que esté de pase.
“Entonces, en el caso de lo que tú mencionas, esa secretaria (Ana Escobar) ha hecho una labor ejemplar. Ahora tenemos esa situación de ese caso, de ese feminicidio que se está, ya arrancó esa investigación, se está investigando a saciedad. Se están requiriendo los documentos necesarios para entonces determinar quién falló. Si fue por ejemplo algún parte, aquí hubo evaluaciones médicas, pues hay que evaluar si estuvieron, se llevaron a cabo correctamente, hay que evaluar si cualquier miembro o funcionario de ese departamento no actuó correctamente, todo eso está bajo evaluación administrativa. Y el resultado, investigación administrativa y el resultado de esa investigación va a llegar a manos del Departamento de Justicia y será el Departamento de Justicia el que decide, se hay que procesar a alguien ante los tribunales. Así que eso se está manejando como Dios manda. Es un caso que sucedió trágico”, dijo el gobernador.
“Por cierto me consta que ya la secretaria ordenó que los son más de 20, son más de 20 personas, creo que alrededor de 24 personas que se han beneficiado de esa ley, 25 del 1992. O sea es decir que tienen condiciones terminales, de salud terminales y que están, tienen un pase, están beneficiando de un pase y la secretaria acaba de ordenar que todos tienen que tener grillete electrónico puesto. Entiendo que ese no era el caso en el pasado, o sea que ya se tomó esa medida preventiva, entre otras y lo importante es, esa ley es una ley, o sea eso es una ley existente que tiene un proceso. Aquí hay una materia legislativa, la legislatura puede actuar, puede enmendar esa ley si entienden su juicio que se deben enmendar, pero ahora la prioridad inmediata es investigar ese asunto para ver qué fue lo que pasó, cuál fue la falla, que obviamente falló el sistema, falló esa ley en su ejecución para entonces tomar las medidas que haya que tomar para que no se repita”, agregó Pierluisi Urrutia.
“No se debe descartar el que se procesa a alguien si es que hubo actividad delictiva. Yo vi por ejemplo que ya líderes de la clase médica han dicho que quizás aquí están hasta las licencias de algunos médicos en juego o en controversia, pues yo no lo estoy prejuzgando, no lo puedo prejuzgar, porque aquí va algo al bien que fue lo que pasó. Entiendo que la secretaria también le requirió documentación al fondo del seguro del estado para tener todo ese récord también de incapacidad, sé que es diferente porque eso es incapacidad laboral, no necesariamente es lo mismo, que estamos hablando de condiciones terminales, así que, pero se está tendiendo y como debe ser”, señaló.
Finalmente, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández reiteró que investigará el suceso.
“Desde que trascendieron las circunstancias que rodearon excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez anunciamos que el Departamento de Justicia investigará si se configuró algún delito en la ejecución de dicho proceso, pues el pueblo merece conocer la verdad y quien haya fallado tiene que asumir las consecuencias.
Las investigaciones se desarrollan de forma estratégica basadas en el descubrimiento de la verdad y el mejor interés de los ciudadanos. La prioridad de todos en este momento debe ser salvar vidas y evitar que esta situación se repita, no procurar ganar titulares. En el Departamento de Justicia vamos a actuar con la responsabilidad que nos caracteriza, sin ceder a presiones ni agendas de ninguna índole.
Este asunto es muy serio y el objetivo primario de una investigación en esta etapa debe ser que el Departamento de Corrección y Rehabilitación identifique con prontitud las fallas que provocaron la salida de un convicto que en un año terminó con la vida de otra víctima, para tomar acciones inmediatas con el fin de prevenir que se repita una situación como esta.
En el momento oportuno vamos a intervenir sin la necesidad de afectar el proceso que se está realizando administrativamente. Para ello, le informamos a la secretaria Ana Escobar que requeriremos todo el material recopilado, así como cualquier otra documentación que entendamos que el DCR, cualquier otra agencia o empresa puedan producir para realizar una investigación abarcadora, rigurosa y transparente.
Respetando la separación de poderes, el Senado tiene facultad para actuar cuando lo entienda prudente, jamás le fijaríamos un término a otra rama de gobierno. Pero las investigaciones simultáneas no siempre dirigen al mejor resultado. Actuaremos con la pericia jurídica que se requiere en este proceso.
Reiteramos que el Departamento de Justicia de Puerto Rico cumplió y continuará cumpliendo con su deber ministerial. Hermes Ávila Vázquez se encontraba cumpliendo una sentencia de 122 años porque el Departamento de Justicia lo procesó y logró su convicción en varias ocasiones, durante los años 1991, 2004 y 2005. Asimismo, presentamos nuevos cargos en su contra y nos preparamos para hacerle justicia a Ivette Joan Meléndez Vega y a su familia”, declaró Emanuelli Hernández.
