El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reiteró el miércoles, que el Departamento de Justicia podrá investigar el caso en que el reo Hermes Ávila Vázquez de 52 años, que estaba en la libre comunidad por beneficio de la Ley 25 y asesinó a su expareja el pasado domingo en Manatí, cuando culmine -si amerita- la investigación administrativa.
“El secretario de Justicia dijo ya que están en espera del informe que se emita luego de la investigación administrativa. Yo sé que la secretaria va a atender ese asunto con la mayor urgencia, pero el primer paso es hacer la investigación administrativa y entonces ya Justicia dijo que espera recibir el resultado de esa investigación para entonces determinarse, hay que radicarle cargos a alguien ante los tribunales”.
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Asimismo, el gobernador no fue categórico sobre si cancelaría el contrato de Physician Correctional a la luz de lo que ha sucedido en este caso, y en el pasado.
“No, esas decisiones, esas decisiones las toma la secretaria, pero no se debe uno estar aventurando de esa manera, o sea, esto es un caso en particular, ese objeto de investigación. Habrá que ver quién falló y estar adjudicando responsabilidad en este momento no es correcto. Es importante que primero se haga esa investigación administrativa y se haga el referido a Justicia si es que se percibe que pueda haber alguna acción delictiva, pero no nos debemos adelantar a los eventos, hay que ver exactamente qué fue lo que pasó aquí. Obviamente ya salieron los propios medios que hubo un panel de médicos que habló este caso, vamos a ver qué fue lo que se evaluó, todo eso para eso es la investigación administrativa”, añadió el gobernador.
Sobre la determinación médica que dio paso a la libertad de Ávila Vázquez, el gobernador respondió: “No, no, bueno, es que ellos emitieron su juicio y conforme ese juicio fue que entonces se le dio el pase. Fue a base del juicio médico. ¿Ya por qué se dio ese juicio médico en aquel entonces? Eso es lo que se está escudriñando ahora, lo que se está investigando ahora, como debe ser. ¿Pero cómo vas a investigar? En aquel momento no había causa para investigar absolutamente nada. Era un juicio médico y tú descansas en el juicio médico. Entonces, si surge alguna irregularidad o algo como lo que ha ocurrido, pues entonces revisas ese juicio médico a ver si fue errado”.
Cuestionado además, sobre las expresiones emitidas por el senador independiente José Vargas Vidot quien afirmó que falló la empresa contratada Physician Correctional, al asegurar que ya había traído ese asunto a la atención del mandatario a raíz de la muerte de otros reclusos, incluida a Shannel Colón Ponce en 2022.
“Sí, pero obviamente habrá hecho ese reclamo en aquel entonces, pero cada caso se atiende en sus propios méritos. Estoy seguro que la secretaria evaluó el caso ese que tú mencionas en aquel entonces, pero los contratos no se cancelan así porque sí. O sea, más bien tiene que haber una causa justificada. Ciertamente, pues no la hubo. Si el contrato se mantuvo es porque no había causa justificada para cancelarlo. Esas decisiones las toman los jefes de agencia. En este caso la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación”, respondió el gobernador.
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“Ya esas son cuestiones ideológicas. Algunos que pretenden que el gobierno haga absolutamente todo y que nunca contrate a entidades privadas o profesionales privados. Yo discrepo de eso. Hay razón justificada para contratar recursos externos, particularmente cuando hay una pericia envuelta. Cuando hay una pericia en vuelta que no se tiene a nivel del Estado. Eso se hace constantemente. Está la cuestión ideológica. Están algunos que quieren que todo sea gobierno y que no haya empresa privada. Ahí no estoy yo. Yo pienso que lo importante es que el servicio se dé, que sea el mejor, de la manera más costo efectiva y no descarto utilizar recursos privados cuando hace sentido utilizarlos. Claro, eso no quiere decir que si fallan y hay un contrato de por medio, tú puedes cancelar el contrato. Pero tienes que demostrar que de verdad el servicio no se dio conforme fue contratado”, agregó.
Por otro lado, ante la aprobación de un proyecto en la Cámara, que pasó al Senado para enmendar el lenguaje de la Ley 85 de 2022 que reduce los términos para que los convictos cualifiquen para libertad bajo palabra, Pierluisi Urrutia dijo que esperará al trámite legislativo, y no dar “golpes a ciegas”.
“No, no, eso es que corre el trámite legislativo, veremos qué se declara en vistas públicas que postura, asume, por ejemplo, el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y la Rehabilitación, esa ley que tú menciones es una ley reciente y pasó por todo un proceso de vistas públicas. Entonces ya eso que mencionas de la Junta de Libertad Bajo Palabra, otra vez tienen que ser puntuales, no pueden estar tirando golpes aquí a ciegas, a barrecampos, la Junta de Libertad o Palabra hace un excelente labor, a mí me consta, son muy cuidadosos y muy minuciosos en sus evaluaciones. No conceden la libertad bajo palabra así automáticamente en lo más mínimo, meramente porque alguien cualifica, determinan entre otras cosas que la persona no representa un riesgo para la sociedad, notifican a la comunidad donde pretende residir, notifican a las víctimas del delito, también determinan si hay un plan de salida adecuado para esta persona, o sea son múltiples. Bueno, eso es lo que alegan, de alegar a probar es otra cosa”, concluyó.
Ávila Vázquez cumplía una condena por asesinato en primero grado en el 2005 y recibió un pase extendido en abril de 2023 bajo el alegato de que sus condiciones de salud no le permitían funcionar como una persona normal. Cuando fue arrestado por las autoridades, se le observó caminando sin dificultad.
