El licenciado y exdirector del Programa de Salud Correccional (PSC); Manuel Quilichini, cuestionó este martes, la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de dejar libre a un hombre, identificado como Hermes Ávila Vázquez, de 53 años y acusado de asesinar el pasado domingo, a una mujer en el pueblo de Manatí, por supuestamente estar “parapléjico”.
“En el sistema correccional hay personas parapléjicas, hay personas con piernas amputadas o brazos. Eso no lo hace cualificar o por lo menos no en nuestros tiempos, para un pase extendido”, dijo el licenciado en entrevista con NotiUno 630 AM.
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Este añadió que: “Existen pacientes que tienen alzheimer. Estos pacientes no representan un riesgo a la seguridad, pero entonces, no se les podía soltar, primero porque no era terminal ni inminente, pero también el otro problema es que tenía que tener familia de que lo pudiesen mantener. La recomendación de nosotros se daba luego de un examen minucioso”.
Asimismo, aseveró que la persona que cualifique para el mencionado pase debe tener diagnóstico de muerte en seis meses o menos “para ser considerado”.
Corrección sostuvo en entrevista con “NotiCentro” que el hombre, quien cuenta con un amplio expediente criminal como ofensor sexual y fue acusado de asesinar a una mujer en el 2005 en Caguas, fue dejado en libertad bajo “el amparo de la Ley 25 de 1992 que provee para la libertad de confinados pacientes de SIDA o de otras enfermedades terminales”.
“Este salió bajo el programa de un pase extendido por condición de salud. Ese programa forma parte de las alternativas al encarcelamiento que se recogen en la Ley 25 del 19 de julio de 1992 , según enmendada. Esta ley lo que permite es que aquellos pacientes confinados que tengan una condición de salud crítica ya en una etapa avanzada, se le permita a ellos de manera humanitaria estar cerca con sus familiares o allegados en los últimos meses de vida”, manifestó al dicho medio la secretaria de Corrección, Ana Escobar.
Según la investigación de la Uniformada, Ávila Vázquez mató a puñaladas a la víctima, identificada como Ivette Joan Meléndez, de 56 años. Luego, dejó el cadáver en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos de Manatí.
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Rodríguez Martínez tiene historial criminal y había sido procesado por el Departamento de Justicia en el año 2005 por delitos de asesinato en primer grado, secuestro agravado, agresión sexual, robo, actos lascivos, perjurio, declaración o alegación falsa sobre delito y violaciones a la Ley de Armas. Asimismo, su información forma parte del Registro de Ofensores Sexuales.
El sujeto, que se supone cumplía 122 años de cárcel, estaba en la libre comunidad desde abril de 2023 porque supuestamente tenía varias condiciones de salud que no le permitían manejar su vida de manera normal.
La jueza Cyndia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa probable para arresto por todos los cargos imputados por la Fiscalía y le fijó una fianza de 4 millones de dólares, por lo que fue reingresado en prisión. La vista preliminar fue señalada para el próximo 7 de mayo.
