A pesar de la objeción de la Junta de Supervisión Fiscal, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que añade un día al periodo de ventas sin pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para adquirir equipo de preparación para la temporada de huracanes.
El Proyecto de la Cámara 1796, de la autoría del representante y portavoz de la mayoría Ángel Matos García, dispone que el periodo de exención sin IVU tendrá una duración de cuatro días y se llevará a cabo durante el último o penúltimo fin de semana del mes de mayo.
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También, la pieza legislativa propone flexibilizar el trámite para incluir las tormenteras entre los productos que no pagarían IVU.
La JSF dijo que el proyecto es inconsistente con el plan fiscal del gobierno, por lo que no dio paso a la solicitud que sobre el mismo realizó el cuerpo legislativo.
La Ley 20-2022 dispone que durante el último fin de semana de mayo los ciudadanos están exentos de pagar el IVU en artículos y equipos para la temporada de huracanes. La medida aprobada hoy añade un cuarto día a este periodo que se extendería hasta el lunes, Día de la Conmemoración.
Por su parte, el representante Matos García defendió el proyecto. “Unos de los artículos crucial para los ciudadanos en la temporada de huracanes son las tormenteras, y es por eso se requiere que estas sean preparadas a la medida para adaptarse al tamaño de abertura necesario, el grosor que conlleve, así como otras consideraciones especiales de acuerdo con las necesidades del comprador”.
De igual manera, fue aprobada la Resolución Concurrente de la Cámara 78, para endosar el Reglamento para la Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta con 38 votos a favor, cinco en contra y dos abstenidos.
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Según se expresa en la medida, la aprobación de este reglamento garantiza, entre otras cosas, una compensación justa a los policías retirados, asegurándoles al menos un 50% por ciento de su ingreso como pago mínimo de retiro, incluso aquellos que se vieron afectados con la Ley 3-2013.
“Han sido días de arduo trabajo, pero la Cámara de Representantes ha cumplido su compromiso con la Policía de Puerto Rico, tal como prometimos”, expresó el representante José Rivera Madera.
Asimismo, el cuerpo legislativo dio paso al Proyecto de la Cámara 1471, que busca enmendar la “Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”.
La medida de los representantes Lisie Burgos Muñiz y Jorge Navarro Suárez busca establecer mayores causales de la enajenación parental.
“Puerto Rico es uno de los países con más alta incidencia de divorcios. Esto lleva a producir un sinnúmero de problemáticas en el entorno familiar, siendo la alienación parental una de esas. Es por eso que, esta Asamblea Legislativa tiene el deber de reforzar las causales de la enajenación parental para que el Estado aplique en su totalidad esta Ley y así forjar el bienestar de los menores con un desarrollo efectivo de la mano de sus progenitores”, sostuvo la legisladora, Burgos Muñiz.
También, la Cámara avaló un proyecto de ley que busca eliminar la crianza de abejas en áreas urbanas.
El Proyecto del Senado 400, de la autoría del senador, Ramón Ruiz Nieves que busca eliminar la crianza de abejas en áreas urbanas.
Además, ordena al Departamento de Agricultura a desarrollar y preparar un mapa que refleje la ubicación de todo apiario en cada uno de los municipios de Puerto Rico.
“La presencia de las abejas en las áreas urbanas puede ser una gran molestia para la ciudadanía. Además, el ruido excesivo en estas zonas, así como la falta de conocimiento sobre el manejo de las abejas, resulta perjudicial tanto para los ciudadanos como para las abejas”, destacó el legislador Jorge Rivera Segarra.
Cabe destacar que esta medida fue atendida por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, presidida por el legislador, Rivera Segarra.
Por otra parte, se reconsideró el Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 575 y al Proyecto de la Cámara 382 que busca enmendar la Ley de Armas de 2020.
La medida fue aprobada en sala con enmiendas al texto, que iban dirigidas a que las personas con historial de problemas de salud mental deban devolver sus armas de fuego hasta demostrar, mediante certificación médica, que han recibido tratamiento y que no han sufrido una recaída en un periodo de tiempo considerable.
El proyecto de ley fue aprobado con 30 votos a favor y 15 en contra.
