El juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró “no ha lugar” a la petición de desestimación del caso iniciado por la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) contra la Junta de Gobierno de la universidad que busca detener un nuevo plan de aportaciones definidas al sistema de retiro.
“Una vez más, nuestros tribunales han declarado ‘no ha lugar’ las intenciones de la Junta de Gobierno y de la administración universitaria de querer menoscabar nuestro plan de pensiones y de intentar que no se vea en su fondo el caso que va a determinar, ciertamente, que aquí se ha cometido una implementación de un plan 401K que, a todas luces, carece de legalidad, que es ultra vires y que afecta a todos los participantes activos y jubilados de nuestro Sistema de Retiro, así como a los nuevos empleados universitarios”, expresó el presidente de la Junta de Retiro UPR, Luis Vicenty Santini, tras conocer la decisión del Tribunal.
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En una Resolución y Orden de 34 páginas, el juez Martínez Piovanetti citó el Artículo 3 de la Ley de la UPR que dicta que “la facultad de la Junta de Gobierno de mantener un sistema de retiro en la UPR no se deberá interponer a los poderes de la Junta de Retiro”.
Además, hizo referencia a la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, el 30 de septiembre de 2020, que nombró a la Junta de Retiro UPR como fiduciaria del Sistema de Retiro UPR, lo cual supone que cualquier decisión de la Junta de Gobierno UPR con relación al Fideicomiso deberá contar con el aval de la Junta de Retiro UPR.
En cuanto a los argumentos de las partes demandas de que la Junta de Retiro UPR no tenía legitimación activa para llevar el caso y que el Tribunal no tenía jurisdicción para atenderlo, el juez también ha fallado en contra al indicar que la Junta de Retiro UPR tiene legitimación activa debido a que se afecta directamente por la implementación del nuevo plan de pensiones. Además, ha determinado que el Tribunal tiene jurisdicción debido a que las reclamaciones se basan enteramente en las leyes de Puerto Rico.
Aunque el nuevo plan de aportaciones definidas impulsado por la Junta de Gobierno UPR y la administración universitaria entró en vigor el pasado 1 de agosto y ya han ingresado a este 865 nuevos empleados, el juez ha dicho que no entiende que exista posibilidad de que el caso se vuelva académico -como había argumentado la Junta de Gobierno UPR-, debido a que la Junta de Retiro UPR ha indicado que los daños causados son continuos.
El origen de este pleito fue en mayo de 2023 cuando la Junta de Retiro UPR presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para impugnar las intenciones de la Junta de Gobierno UPR de cerrar el plan de beneficios definidos del Sistema de Retiro UPR para nuevos participantes.
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Esta reciente Resolución y Orden se da tras meses de argumentaciones en diferentes foros y tras una vista argumentativa celebrada ante Martínez Piovanetti el pasado 11 de abril.
“Este ha sido un largo proceso propiciado por las partes demandadas, quienes han intentado por todos los medios que el caso no se vea en su fondo llevándolo al Tribunal Federal y solicitando la desestimación bajo argumentos que han sido rechazados por todos los jueces que han tenido el caso ante su consideración” dijo Vicenty Santini al recordar que el pleito pasó por las manos de dos jueces federales bajo el alegato de que debía ser visto bajo la Ley PROMESA y que ambos jueces rechazaron tener jurisdicción.
El líder universitario se mostró confiado en una victoria para el Sistema de Retiro UPR al manifestar que “habremos de esperar por el remedio que hemos estado solicitando, que tal vez no llegue de manera inmediata, pero que, al final, le hará justicia a los participantes activos y pensionados del Sistema de Retiro UPR y a los 865 empleados nuevos que actualmente están bajo un plan de pensiones que no les conviene”.
