Esta tarde cuando el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, brinde su mensaje de estado de situación habrá varios grandes ausentes.
La jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez y los jueces asociados no estarán presentes en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, debido a sus diferencias con el presidente del cuerpo, Rafael “Tatito” Hernández, en torno al aumento salarial que estos han exigido.
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“Aunque la Jueza Presidenta y los Jueces Asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico tienen gran deferencia y una relación de respeto con el Gobernador y con el Presidente del Senado, la situación histórica actual entre las ramas de gobierno hace incompatible la comparecencia de los miembros de ese tribunal a la Cámara de Representantes”, lee la comunicación enviada por el portavoz de prensa de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT).
Las diferencias entre la Cámara de Representantes y el Tribunal Supremo comenzaron desde que la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) radicó una demanda en noviembre de 2023 argumentando que la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 39-2023, la cual abre camino para legalizar el incremento de sueldo, con una partida de $11.2 millones de dólares, pero que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no había realizado los trámites necesarios para el desembolso de los fondos asignados.
Posteriormente, la Cámara radicó una moción solicitando la desestimación, en la que alegaban que la resolución Conjunta 39-2023, no constituyen una ley especial, por lo que se necesitaba el consentimiento de la legislatura para dar paso al aumento. Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan falló a favor de los jueces, requiriéndole a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) que le solicitara a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la reprogramación de los fondos, para que la OGP procediera con el ajuste salarial.
Ya para enero de 2024, el cuerpo legislativo presentó una apelación para revocar la orden del TPI. Luego, el TS decidió intervenir en el conflicto, ordenando al Tribunal de Apelaciones (TA) a detener el trámite entre la Cámara y los demandantes. Finalmente, el Alto Foro desestimó la apelación de la cámara baja por esta no presentar una notificación oficial a la OAT de su intención de apelar, llevando al TS a una falta de jurisdicción para revisar el caso.
En febrero, el presidente cameral indicó en entrevista con Metro Puerto Rico que recortará el presupuesto del próximo año fiscal para no darle paso al aumento salarial de los jueces sin legislación.
