Durante un culto en el Centro Cristiano Bet-el, un profeta aseguró que recibió una revelación divina donde se le mostró que el alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González Damudt, está destinado a asumir el cargo de primer mandatario.
El hombre estaba junto a González Damudt en el altar cuando afirmó que Dios lo había “elegido” en virtud de un “pacto” con un “antepasado”.
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“Dice el Señor: ‘voy a hacer lo que me he propuesto hacer, voy a establecer un nuevo tiempo contigo, te he escogido (porque ) para este tiempo naciste’”, comenzó diciendo. “Yo puedo escuchar a alguien de nombre Ángel y de apellido González, pero también Medina. Veo que tiene 12 nietos o tuvo (12 nietos). El 12 representa el gobierno. Aquí les presento al futuro gobernador de esta tierra”, agregó.
El líder religioso aplicó aceite de ungir —usado en diversas tradiciones religiosas de bendición—al alcalde del Partido Popular Democrático (PPD), quien se hallaba envuelto en un abrazo con varios miembros de la congregación.
“¿Dónde está el aceite (de ungir) aquí? Tráiganme aceite (de ungir). En el nombre de Jesús, hoy declaramos que se desate una unción sobrenatural...”, concluyó.
El martes, secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que González Damudt enfrentaría una pesquisa por parte de un Fiscal Especial Independiente (FEI) por irregularidades en el alquiler de vehículos de motor.
La recomendación Emanuelli Hernández se produce luego que la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia realizara una investigación preliminar tras un referido de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, en contra del alcalde tras los hallazgos de una auditoría que se realizó en el municipio, relativos al alquiler de vehículos a Allied Car & Truck Rental, Inc. (Allied), desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020.
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Justicia también recomendó que se investigue al exdirector de Finanzas municipal, Luis Pagán Padró.
La Contralora concluyó que el municipio se apartó de las normas legales relacionadas con las compras y el desembolso de fondos públicos; consecuentemente, hubo el desembolso ilegal de fondos públicos. Se le imputó responsabilidad al alcalde y a otros funcionarios involucrados en el proceso, por la corrección y exactitud en los desembolsos del erario.
Entre los hallazgos de la pesquisa de la DIPAC se desprende que, desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020 el municipio alquiló vehículos de motor a la empresa Allied y desembolsó fondos por ese concepto, a favor del arrendador y sin la existencia de un contrato válido. También, en ese periodo se celebró solamente la Subasta- Núm. 2017-11 – Serie: 2016-2017, sobre alquiler de equipo liviano, en la que el único licitador fue Allied.
A esta empresa, la Junta de Subastas no le adjudicó la buena pro, porque su propuesta económica no cumplía con las expectativas del municipio. A pesar de lo anterior, el municipio continuó alquilando los vehículos a Allied y pagando las facturas en las que, periódicamente, se reflejaba un aumento en el costo del alquiler por unidad, lo que representó más de la cantidad de dinero presentada en la propuesta en el proceso de subasta. En ese periodo, el municipio también hizo pagos duplicados a Allied. La evidencia obtenida por la DIPAC establece que la conducta del alcalde y del exdirector de Finanzas causó la pérdida de fondos públicos en el municipio, ascendentes a más de $423 mil, aproximadamente.
Finalizada la investigación preliminar, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde y el exdirector de Finanzas del municipio cometieron los delitos de incumplimiento del deber (artículo 262) y malversación de fondos públicos (artículo 264), tipificados en el Código Penal de Puerto Rico. A su vez, recomendó que se designe un Fiscal Especial Independiente, tanto al alcalde como a Pagán Padró, por los hechos investigados.
El secretario de Justicia acogió la recomendación de la DIPAC y envió a la OPFEI el informe sobre la investigación preliminar y el expediente.
