El alcalde de Río Grande, Ángel B. González Damudt, enfrentaría una pesquisa por parte de un Fiscal Especial Independiente (FEI) por irregularidades en el alquiler de vehículos de motor, luego que el Departamento de Justicia hiciera una recomendación a esos efectos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).
La recomendación del secretario Domingo Emanuelli Hernández se produce luego que la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia realizara una investigación preliminar tras un referido de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, en contra del alcalde tras los hallazgos de una auditoría que se realizó en el municipio, relativos al alquiler de vehículos a Allied Car & Truck Rental, Inc. (Allied), desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020.
Justicia también recomendó que se investigue al exdirector de Finanzas municipal, Luis Pagán Padró.
La Contralora concluyó que el municipio se apartó de las normas legales relacionadas con las compras y el desembolso de fondos públicos; consecuentemente, hubo el desembolso ilegal de fondos públicos. Se le imputó responsabilidad al alcalde y a otros funcionarios involucrados en el proceso, por la corrección y exactitud en los desembolsos del erario.
Entre los hallazgos de la pesquisa de la DIPAC se desprende que, desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020 el municipio alquiló vehículos de motor a la empresa Allied y desembolsó fondos por ese concepto, a favor del arrendador y sin la existencia de un contrato válido. También, en ese periodo se celebró solamente la Subasta- Núm. 2017-11 – Serie: 2016-2017, sobre alquiler de equipo liviano, en la que el único licitador fue Allied.
A esta empresa, la Junta de Subastas no le adjudicó la buena pro, porque su propuesta económica no cumplía con las expectativas del municipio. A pesar de lo anterior, el municipio continuó alquilando los vehículos a Allied y pagando las facturas en las que, periódicamente, se reflejaba un aumento en el costo del alquiler por unidad, lo que representó más de la cantidad de dinero presentada en la propuesta en el proceso de subasta. En ese periodo, el municipio también hizo pagos duplicados a Allied. La evidencia obtenida por la DIPAC establece que la conducta del alcalde y del exdirector de Finanzas causó la pérdida de fondos públicos en el municipio, ascendentes a más de $423 mil, aproximadamente.
Finalizada la investigación preliminar, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde y el exdirector de Finanzas del municipio cometieron los delitos de incumplimiento del deber (artículo 262) y malversación de fondos públicos (artículo 264), tipificados en el Código Penal de Puerto Rico. A su vez, recomendó que se designe un Fiscal Especial Independiente, tanto al alcalde como a Pagán Padró, por los hechos investigados.
El secretario de Justicia acogió la recomendación de la DIPAC y envió a la OPFEI el informe sobre la investigación preliminar y el expediente.
Expresiones del aspirante a la alcaldía de Río Grande
El aspirante a la alcaldía de Río Grande, Pablo Ramos hijo, censuró los posibles actos de corrupción que contiene el reciente referido al Fiscal Especial Independiente (FEI) del alcalde Ángel “Bori” González Damudt y el exdirector de Finanzas municipal, Luis Pagán Padró.
Ramos expresó preocupación ante estas acusaciones, calificándolas de inaceptables y vergonzosas. “Llevamos tiempo denunciando cómo esta administración se aleja de las verdaderas necesidades del pueblo y utiliza los fondos de manera indebida”, afirmó. “Nuestro pueblo necesita atención inmediata en asuntos como la seguridad, el deporte, el desarrollo económico y el turismo. Cada dólar público debe invertirse en servicios para las comunidades”.
El líder estadista adelantó que se propone hacer más denuncias de malversación de fondos en los próximos días y elevará estas denuncias a las agencias estatales y federales para su investigación. Esto surge tras una investigación preliminar iniciada a raíz de un referido de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, quien encontró irregularidades en el alquiler de vehículos a Allied Car & Truck Rental, Inc., desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020.
La Contralora concluyó que el municipio se apartó de las normas legales relacionadas con las compras y el desembolso de fondos públicos. Se imputó responsabilidad al alcalde y otros funcionarios involucrados en el proceso, por la corrección y exactitud en los desembolsos del erario.
“Esperamos que este referido prospere y que haya consecuencias adecuadas para aquellos responsables de estas acciones”, enfatizó Ramos, toda vez que reafirmó su compromiso de garantizar la transparencia y la integridad en la gestión de fondos públicos en beneficio del pueblo de Río Grande.
