El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó el Proyecto de la Cámara 1014, que pretendía enmendar la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas-Contratos y Servicios del Gobierno con los fines de limitar la discreción de inversión por parte del estado en estos pleitos. Las dos enmiendas del proyecto fueron redactadas y presentadas en septiembre de 2021 por la organización Somos Más.
Pierluisi Urrutia recalcó que se debe continuar previniendo el fraude gubernamental e incentivar a que las personas lo denuncien. De igual forma, explicó que la Constitución de Estados Unidos, al igual que la de Puerto Rico, reconocen el derecho a la confrontación.
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“Tanto la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico reconocen el derecho a la confrontación, garantía constitucional que, según redactado, el Proyecto no se protegería. Mantener la confidencialidad del delator en la etapa del proceso judicial es contrario al debido proceso de ley, pues la parte demandada podría quedar en un estado de indefensión y sin posibilidad de contrainterrogarla o dirigir requerimientos en el proceso de descubrimiento de prueba. Esto cobra más relevancia en los procesos judiciales de naturaleza criminal, donde existe el derecho a la confrontación. Es sabido que el derecho o principio de la confrontación opera en la etapa de juicio y su objetivo principal es evitar la celebración de juicios mediante declaraciones ex parte y deposiciones que priven al acusado la oportunidad de examinar y contrainterrogar personalmente a los testigos”, explicó Pierluisi en su veto.
Por otro lado, hace dos años la organización Somos Más había publicado un video en Youtube en el que explicaba que buscaban realizarle dos enmiendas al Proyecto de la Cámara 1014. Una de las enmiendas que presentaron era “prohibir que el gobierno tome control total del caso, garantizando así que siempre estén en manos del ciudadano que denuncia”. La segunda, era “garantizarle a quien denuncia el derecho de anonimato durante todo el proceso judicial”, según explica el video.
En el video se señalaba que las enmiendas estaban redactadas y que solo faltaba esperar por su aprobación. También, explica que el propósito de la ley es facilitar que la ciudadanía pueda llevar la corrupción directamente a los tribunales.
“Asimismo, advierto que el posible efecto de dejar de considerar al Gobierno de Puerto Rico como parte indispensable en estos pleitos es que se tengan que desestimar múltiples investigaciones y casos, pues con las enmiendas propuestas a la Ley de Reclamaciones Fraudulentos a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno esta dejaría de ser una Ley análoga a la Ley de Reclamaciones Fraudulentos Federal y las acciones no se podrían continuar tramitando en los foros federales. Lejos de afectar las reclamaciones instadas por personas privadas, la participación del Gobierno fortalece estas acciones y viabiliza que se otorguen los remedios solicitados”, concluía el documento por parte del primer mandatario.
