El Senado de Puerto Rico aprobó una medida que concede una licencia de duelo gestacional a toda empleada que haya pasado por un proceso de aborto.
Se trata del Proyecto del Senado 489, de la autoría de la senadora Migdalia González Arroyo, que otorga una licencia de duelo gestacional a toda empleada que haya pasado por un aborto, y toda persona que cuya cónyugue haya pasado por esta situación.
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La medida propone enmendar la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, así como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal para proceder la concesión los días mencionados.
“La empleada que sufra un aborto podrá reclamar hasta un máximo de cuatro (4) semanas de licencia de maternidad y dos (2) semanas adicionales de licencia de duelo gestacional. Sin embargo, para ser acreedora a tales beneficios, el aborto debe ser de tal naturaleza que le produzca los mismos efectos fisiológicos que regularmente surgen como consecuencia del parto, de acuerdo con el dictamen y certificación del médico que la atiende durante el aborto. Lo anterior no aplicará a las dos (2) semanas de la licencia de duelo gestacional, en cuyo caso se concederán con la mera notificación al patrono del documento médico que acredite la pérdida del embarazo”, lee la medida.
Por otro lado, el Senado de Puerto Rico aprobó una medida radicada en la Cámara de Representantes que otorgar aumentos salariales a los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por los próximos cinco años.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1894 que propone crear la Ley de Compensación Especial a los Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para imponer una neutralidad por los trabajos que realizan en medio de huracanes y pandemias. Además, atemperar la realidad del empleado público esencial, con una compensación justa y razonable.
La pieza dispone que se brindará un aumento de $200 mensuales durante cinco años, y se efectuará de forma inmediata a la vigencia de la ley. Para atender el costo del incremento salarial, la AAA reducirá a un 30 por ciento los contratos otorgados a compañías que en su mayoría realicen funciones de la Unidad Apropiada de la Unión, así como de empleados y empleadas gerenciales.
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Por otro lado, de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz, el Alto Cuerpo avaló el Proyecto del Senado 1393 que busca crear la Ley de Capacitación para la Seguridad Cibernética del Gobierno de Puerto Rico. La medida pretende establecer como política pública la capacitación compulsoria sobre seguridad cibernética para la protección y el manejo adecuado de los sistemas y activos de información.
Asimismo, en la exposición de motivos se expone que aunque reconocen los esfuerzos de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para combatir los ataques cibernéticos, se debe aprobar legislación a los fines de establecer como política pública del Gobierno la capacitación compulsoria sobre seguridad cibernética. Esto se contempla en aras de garantizar protección y el manejo adecuado de los sistemas y activos de información mediante la creación de un Programa de Capacitación para la Seguridad Cibernética.
El proyecto de ley busca que el programa esté dirigido para “adiestrar con el propósito de concienciar e implantar protocolos y controles para mitigar los riesgos de seguridad cibernética a través de la identificación y capacidad de respuesta oportuna a las amenazas o eventos que involucren irregularidades de seguridad. Así también, se establecen penalidades a toda persona que, mediante acción u omisión, incumpla con el reporte o manejo adecuado de un incidente cibernético, permitiendo el acceso no autorizado de información y afectando las operaciones de la entidad. De esta forma, se minimizan las posibilidades de amenazas internas dentro de todos los componentes del Gobierno de Puerto Rico, así como del sector privado”.
También, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1278, que propone crear la Administración de Servicios para Personas Adultas Mayores y Personas Adultas con Diversidad Funcional como una entidad administrativa, programática adscrita al Departamento de la Familia. Además, propone eliminarle a la Administración de la Familia y Niños toda responsabilidad respecto a programas, servicios, cuidado y proyección de ancianos e impedidos.
“Mediante esta legislación se propone establecer un componente programático que dedique sus esfuerzos específicamente a las personas adultas mayores. Actualmente, la población de envejecientes triplica los casos de menores bajo el cuidado del Departamento de la Familia. Es imperativo dejar de ser una administración auxiliar para estar en posición de adquirir fondos federales”, sostuvo la senadora y autora de la medida, Rosamar Trujillo Plumey.
Del mismo modo, la Cámara Alta aprobó los proyectos del Senado 1182 y 1348; el Proyecto de la Cámara 1789, la reconsideración del Proyecto de la Cámara 594 y la Resolución Conjunta de la Cámara 464.
El Senado recesó sus trabajos hasta el martes 2 de abril a la 1:00 p.m.
