El Tribunal de Apelaciones (TA) emitió el pasado viernes una sentencia que valida la determinación de la Junta de Planificación (JP) en el proceso administrativo disciplinario contra el ingeniero Ángel Rodríguez Sánchez, quien en septiembre de 2019 expidió, sin facultad para hacerlo, un permiso para cambio de nombre y uso residencial de una estructura.
Las acciones disciplinarias habían sido tomadas a raíz de un caso surgido con relación a un permiso tramitado para una propiedad ubicada en Las Mareas, en Salinas, anunció el presidente de la JP, el planificador Julio Lassús Ruiz.
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Lassús Ruiz, se mostró complacido con la sentencia y destacó que “este caso es de vital importancia para la agencia, ya que por primera vez un tribunal valida el proceso disciplinario establecido por la JP para fiscalizar las labores de los profesionales autorizados en Puerto Rico”.
Tras un extenso proceso de auditoría, la agencia determinó revocar al Profesional Autorizado (PA) Rodríguez Sánchez su credencial por un término de dos años e imponerle una multa de $25,000.
El foro apelativo basó su determinación en que la controversia entre las partes era cosa juzgada y que el ingeniero Rodríguez no había puesto en posición al Tribunal para que pasará juicio sobre la sanción disciplinaria impuesta por la JP.
Otro panel del Tribunal de Apelaciones ya había validado el proceso de auditoría del permiso que dio paso a la querella contra Rodríguez Sánchez y este, en el nuevo recurso, no trajo argumentos adicionales a los que ya había presentado cuando se validó el proceso de auditoría llevado a cabo por la Junta.
Mientras que, en lo concerniente a la sanción disciplinaria impuesta, el Tribunal de Apelaciones determinó que el ingeniero Rodríguez no había presentado evidencia que rebatiera la presunción de corrección de la determinación de la JP.
“Estamos comprometidos no solo con el proceso de fiscalización de los permisos, sino todo lo relacionado con este importante trámite. El profesional autorizado tiene una gran responsabilidad y la inmensa mayoría de los PA en Puerto Rico cumple con ella a cabalidad, pero el desvío de ese cumplimiento puede tener consecuencias significativas en la protección de recursos naturales o en la planificación de determinadas zonas del territorio. Por eso, estamos atentos a que los profesionales se guíen por las mejores prácticas y cumplan con las leyes y reglamentos”, sentenció Lassús Ruiz.
