La meta de que Puerto Rico alcance el 100% de sus necesidades de electricidad con energía renovable para 2050 continúa en entredicho, y aún no es clara la forma en que la misma se materializaría, aunque sí se puede anticipar un aumento en la tarifa de luz que pagan los consumidores, según se desprende de un análisis que realizó el Centro para una Nueva Economía (CNE) de los hallazgos del Resumen PR100 del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE).
El Resumen del Estudio de resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico y transiciones a energía 100% renovable (PR100) es un esfuerzo de dos años dirigido por el DOE, con la colaboración de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez y otras partes interesadas locales.
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El propósito del estudio es analizar e identificar posibles vías para que Puerto Rico alcance su objetivo de generar el 100% de su electricidad con fuentes de energía renovable para 2050, según requiere la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico de 2019 (Ley 17 de 2019.
El director de Política Pública de CNE, Sergio M. Marxuach, dijo que el análisis se produce antes de que se publique el Estudio Final del PR100, “debido a su importancia y a sus posibles implicaciones de política pública para el sector eléctrico de Puerto Rico”
A mediados de 2023, y a pesar de un aumento significativo en la generación solar fotovoltaica distribuida (a diferencia de la generación solar a escala comercial), sólo entre el 3% y el 5% de la capacidad de generación disponible para la red proviene de fuentes renovables. El DOE estima que el ritmo actual de despliegue de energía solar a gran escala es demasiado lento para alcanzar el objetivo del 40% de generación eléctrica con energía renovable en 2025, destacó el CNE.
Marxuach sostuvo que aunque el Estudio PR100 “es un análisis exhaustivo y bien pensado, llevado a cabo por un respetado grupo de partes interesadas, el Resumen ofrece muy poca información sobre las fuentes de financiamiento para la transición completa a un 100% de energía renovable para 2050″.
Las expresiones de Marxuach se producen mientras la jueza Laura Taylor Swain lleva a cabo en Hato Rey la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE-PA). Los consumidores pagarán el costo de la transición a renovables y los costos del AEE-PA representan una carga adicional para estos.
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“En general, los escenarios descritos en el Estudio con un mayor despliegue de recursos energéticos distribuidos (DER, por sus siglas en inglés) que utilizan menos terreno tienden a ser, en promedio, más caros que otros escenarios. También resultan en tarifas más altas para el consumidor y tienen mayores efectos adversos a corto plazo en la economía puertorriqueña. La existencia de estas compensaciones plantea la interrogante de qué agencia o entidad debe encargarse de tomar estas decisiones. Recomendamos enfáticamente que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) se encargue de tomar estas decisiones”, dijo Marxuach.
Se advirtió que según el DOE, la tarifa promedio al consumidor aumentaría entre un 66% y un 83% entre 2020 y 2025, dependiendo del escenario que se aplique. “Un aumento de tarifas de esta magnitud tendría efectos adversos graves y materiales en la economía de Puerto Rico a corto plazo y sencillamente no es viable desde el punto de vista económico. Será necesario mitigar estos efectos negativos, ya sea mediante subsidios, una extensión del plazo para lograr la transición o mediante otras políticas públicas”, lee el análisis.
El CNE urgió los responsables de la toma de decisiones en la isla a tomar en cuenta las conclusiones del Resumen PR100. “Este estudio debe ser una guía en la implementación de la transición a energía renovable. Por lo tanto, es crucial que los responsables de la toma de decisiones a nivel local inicien una conversación honesta e inclusiva con todas las partes interesadas sobre cómo se abordarán diversos asuntos que incluyen el costo de alcanzar la resiliencia máxima en Puerto Rico, Cuánto pueden o cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por la transición a energía renovable y qué agencia o entidad decidirá cuál escenario, si alguno, se implementará en Puerto Rico.
