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“El caso a la Junta se le tambalea”: Jubilados de la AEE insisten que el PAD es inviable

El Frente en Defensa de las Pensiones protestó contra el Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta Fiscal

Protesta frente al Tribunal Federal.En contra de la Reestructuració
Protesta frente al Tribunal Federal.En contra de la Reestructuración Protesta frente al Tribunal Federal.En contra de la Reestructuración de la deuda de la AEE. Hato Rey. Metro PR 13 de marzo de 2024 (Dennis A. Jones)

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Con la paralización del tráfico frente al Tribunal federal en Hato Rey– institución donde la jueza Laura Taylor Swain preside las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE)– el Frente en Defensa de las Pensiones protestó esta mañana, mientras portavoces aseguraron que la reestructuración propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es inviable.

El presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), Johnny Rodríguez Ortiz, opinó que “el caso a la Junta se le tambalea”, pues asegura que el ente federal no ha podido sostener ciertos aspectos propuestos como, por ejemplo, el hecho de que el plan no contempla la contingencia en el caso del azote de un huracán.

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“Ellos no contemplan, admitieron tácitamente, que no contemplan la contingencia para el caso de que un nuevo huracán nos azote. Para eso, habría que buscar dinero donde no hay”, expresó, a Metro Puerto Rico, el líder gremial durante el piquete, que es parte de una jornada de protestas que coincide con el término que duren las vistas de confirmación.

La semana pasada, durante el cuarto día del juicio, el presidente de la JSF, David Skeel, fue abordado en cuanto a si el PAD-AEE contempla alternativas en el caso de que el país se vea afectado por eventos de fuerza mayor, como lo sería un huracán.

Skeel respondió que hay algunas provisiones incorporadas en el plan como, por ejemplo, pausar temporalmente el pago de los bonos, en el caso de eventos inesperados.

“El plan es inviable. No tiene un respaldo sostenible en fondos. En este país, a diario, se instalan sistemas de energía renovable– que son clientes que se van desconectando del sistema eléctrico. Son menos clientes. Todos los días, más residentes, especialmente los profesionales, emigran a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades. La tasa de nacimiento en este país es casi cero. Todos los días están cerrando negocios e industrias porque no pueden operar”, dijo Rodríguez Ortiz.

El presidente de la AJAEE señaló que, a medida que más clientes se desconecten del sistema eléctrico, más complicado sería el panorama para alcanzar los recaudos proyectados bajo el PAD-AEE y pagarles a los acreedores, lo que resultaría en el aumento de las tarifas o la extensión del término del plan.

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“El costo es insospechado, no sabemos. Se presenta un plan a 35 años y es probable que haya que alargar la duración de ese plan”, sostuvo.

En cuanto a si se encuentra esperanzado en que Swain rechazará la cuarta versión enmendada del PAD-AEE, Rodríguez Ortiz replicó que solamente “si la jueza escucha a conciencia nuestras expresiones y analiza el caso a la luz de lo que es una evaluación económica responsable, donde no hay posibilidades de que este plan pueda ser pagado totalmente sin antes el pueblo entero, porque no sería la Autoridad, volver a una segunda quiebra”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Josué Mitjá, advirtió que, de aprobarse el plan, el costo de vida en la isla aumentaría en un 30%.

“El caso, hasta el momento, lo que hemos visto es que el plan ha sido basado en proyecciones que no son reales, que no ha tomado en cuenta la realidad de nuestra economía, de nuestro país. Va a afectar negativamente la economía de nuestro país y nuestra gente, especialmente la clase pobre. Por lo tanto, entendemos que, por 35 años, si este plan se aprueba, va a ser totalmente negativo a nuestro país”, expuso Mitjá.

A su vez, el líder sindical estableció que unos $200 millones anuales continúan siendo dirigidos a la privatización, bajo los contratos con LUMA Energy y Genera PR, en lugar de ser invertidos en el Sistema de Retiro.

“No hay que pagarle nada. Los bonistas tienen derecho a cero. Cuando ellos compraron los bonos eran bonos chatarras, ellos sabían el riesgo, ellos no tienen derecho a exigir nada. Si sobra dinero, se distribuye entre todos- eso es lo que indica la ley”, insistió.

Asimismo, Ronald Vázquez, del Capítulo de Jubilados de la UTIER, recalcó que “generaciones de puertorriqueños vamos a sufrir un aumento en el costo de vida que sería detrimental para el país”.

Las vistas de confirmación están previstas para continuar hasta el 19 de marzo.

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