Un informe entregado a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, el Departamento de Justicia reveló que de los 67 casos de sospecha de abuso sexual de menores atendidos por clínicas de aborto entre 2018 y 2022, solo tres fueron referidos a las autoridades pertinentes.
El Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) certificó que ninguna clínica había notificado casos, destacó que solo la clínica IELLA realizó referidos, uno al Hospital Universitario y dos al Departamento de la Familia. Este incumplimiento suscita un llamado a legislar y reformar regulaciones para proteger a las menores y garantizar el procesamiento de delitos, según expresó la senadora Joanne Rodríguez Veve.
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“Surge la necesidad de aprobar legislación y enmendar los reglamentos correspondientes para asegurar la protección de las menores de 15 años o menos que acuden a las clínicas de aborto. Es imprescindible que las autoridades pertinentes, entiéndase el Departamento de la Familia y el Departamento de Justicia, sean informados a tiempo por las clínicas de aborto sobre la posible comisión de delito de agresión sexual en una menor de edad, de manera tal que se proteja a la menor y se puedan procesar los delitos”, expresó la senadora Rodríguez Veve.
El pasado 22 de febrero de 2024, el Departamento de Justicia le rindió un informe a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia (Comisión), presidida por la senadora Joanne Rodríguez Veve, como resultado del referido que le hizo la Comisión, el 18 de mayo de 2023, relacionado con información surgida durante las vistas del Proyecto del Senado 495. El cual era para establecer la “Ley para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de dieciocho años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico”.
El referido solicitaba la investigación sobre posible conducta delictiva de abuso sexual de menores e incumplimiento con el deber de notificación por parte de las clínicas de aborto al amparo de la Ley 246 de 16 de diciembre de 2011.
“No notificar a las autoridades los posibles casos de abuso sexual, hay una contradicción evidente plantear que se busca proteger a las mujeres mientras se dejan solas a las menores de edad. Son muy vocales en proteger a la mujer pero en la practica han dejado por anos desprotegidas a las más vulnerables las niñas de 15 anos o menos que han tenido sospecha de agresión sexual y no referir los casos””, dijo.
Rodríguez Veve expuso que, según los datos proporcionados por las clínicas de aborto a la Comisión, se realizaron 118 abortos en menores de 15 años o menos entre 2018 y 2022. Sin embargo, dos de las cuatro clínicas informaron al Departamento de Justicia que la información suministrada a la comisión era incorrecta, y una clínica aclaró que dos casos se referían a la misma menor. La mayor corrección se hizo en la clínica Planificación Familiar, que rectificó que el número real de casos no era 82, sino 33.
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“Así las cosas, el Departamento de Justicia determinó investigar 67 casos de menores de 15 años o menos a quienes las clínicas de aborto le practicaron un aborto entre el 2018 al 2022″, explicó la senadora.
Dos de las 67 niñas identificadas por el Departamento de Justicia fueron víctimas de agresión sexual. En el primer caso, la madre de la niña había presentado una denuncia a la Policía de Puerto Rico, pero la investigación se encontraba estancada. Tras el referido de la Comisión, el Departamento de Justicia recomendó dar seguimiento al caso para asegurar que la menor reciba ayuda y se proceda con la radicación de cargos.
En el segundo caso, la niña víctima ocultó que su embarazo fue resultado de una agresión sexual por miedo a las amenazas del agresor contra ella y sus padres. La intervención del Departamento de Justicia, a raíz del referido de la Comisión, permitió que la niña revelara la verdad a sus padres. El Departamento de Justicia informó que está en proceso de hacer justicia a estas dos víctimas del delito. Por otro lado, concluyó que 65 de las 67 menores llevaron a cabo el acto que produjo el embarazo de manera voluntaria, sin ser víctimas de fuerza, violencia, intimidación o amenaza.
De igual forma, en el análisis, de 65 casos donde se descartó la agresión sexual, se encontró que en 32 casos tanto la niña como el niño eran menores de dieciocho años. Veintidós de estos casos involucraron a niñas de catorce o quince años que mantenían relaciones con novios de dieciocho a diecinueve años, dentro de una diferencia de edad de hasta cuatro años. En ocho casos, las menores quedaron embarazadas de personas con una diferencia de edad superior a los cuatro años, lo que constituye un delito según el Artículo 130 (a) del Código Penal de Puerto Rico.
Sin embargo, el Departamento de Justicia decidió no presentar cargos en la mayoría de estos casos, argumentando diversas razones. En tres casos, las parejas tenían más hijos y permanecían juntas; en uno, la menor residía en los Estados Unidos y no estaría disponible para presentar cargos; en tres casos, tanto las menores como sus familiares se negaron a presentar cargos. En un caso, el Departamento de Justicia no proporcionó una razón para no presentar cargos.
Además, la información sobre los acompañantes de las menores durante el procedimiento de aborto también arrojó datos interesantes. En treinta y seis casos, la menor fue acompañada por su madre, padre o ambos. En treinta casos, no se especificó si la menor fue acompañada o estaba sola durante el procedimiento. Solo en un caso se registró específicamente que la menor estaba sola.
“Me parece que la discusión a este informe no debe ser motivo para entrar en una discusión del país entre los sectores pro aborto y los sectores pro vida […] es por la seguridad de las menores en Puerto Rico. Ante estos hechos contundentes sobre la falta de notificación sobre posibles actos de violación a menores las cosas no se pueden quedar como están, aunque sea pro aborto no puede ignorar que las clínicas han incumplido con su deber. Es necesario para que se puedan atender los casos de abuso a menores” concluyó la senadora.
