El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó el martes, sobre los resultados de una investigación completa realizada a partir de un referido de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado sobre terminaciones de embarazo en menores en clínicas de aborto.
Un informe del Departamento de Justicia de Puerto Rico puso de manifiesto que, de 67 casos sospechosos de abuso sexual de menores en los que se realizaron abortos, las clínicas solo hicieron tres referidos para investigación. El hallazgo surgió tras una investigación solicitada por la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, la cual reveló incumplimientos significativos con la ley que obliga a notificar los casos de abuso.
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La senadora Joanne Rodríguez Veve expuso en una conferencia de prensa que, según los datos proporcionados por las clínicas de aborto a la Comisión, se realizaron 118 abortos en menores de 15 años o menos entre 2018 y 2022. Sin embargo, dos de las cuatro clínicas informaron al Departamento de Justicia que la información suministrada a la comisión era incorrecta, y una clínica aclaró que dos casos se referían a la misma menor. La mayor corrección se hizo en la clínica Planificación Familiar, que rectificó que el número real de casos no era 82, sino 33.
El Departamento de Justicia determinó investigar 67 casos de menores de 15 años o menos a quienes las clínicas de aborto le practicaron un aborto entre el 2018 al 2022.
“… a los hechos del presente caso le aplica la pena establecida en la Ley 57, apareja, asimismo, la conclusión de que el término prescriptivo para incoar esa acción penal de delito menos grave es de un (1) año conforme lo establece el Artículo 87(b) del Código Penal de 2012, según enmendado. Habiendo transcurrido el término de prescripción de un (1) año, resulta académico determinar si las clínicas incurrieron o no en el delito tipificado en el Artículo 57 de la Ley 246 pues, ante la extinción de la acción penal, el Departamento se encuentra impedido de presentar cargos en contra de éstas”, lee el informe de la investigación.
Emanuelli Hernández destacó en declaraciones escritas que “cada uno de los casos identificados fue investigado, teniendo como prioridad la protección de las menores, así como salvaguardar su salud y seguridad”.
El funcionario enfatizó el esfuerzo realizado por el Departamento para llevar a cabo investigaciones criminales en dos casos de menores de 15 años. “Como resultado del proceso, se encaminaron investigaciones criminales ante la posible comisión de delitos sexuales contra dos menores de 15 años. De esta manera, procuramos procesar y lograr que se penalice a los responsables, para hacerles justicia a las víctimas”, declaró el titular de Justicia.
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Respecto a la controversia de la falta de notificación por parte de las clínicas, el secretario añadió: “Realizamos un análisis jurídico y concluimos que, de determinarse que incurrieron en conducta ilegal, la acción penal estaría prescrita por haber transcurrido el término establecido por ley para iniciar el procesamiento”.
El Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) certificó que ninguna clínica había notificado casos, destacó que solo la clínica IELLA realizó referidos, uno al Hospital Universitario y dos al Departamento de la Familia. Este incumplimiento suscita un llamado a legislar y reformar regulaciones para proteger a las menores y garantizar el procesamiento de delitos, según expresó la senadora Joanne Rodríguez Veve.
Finalmente, el secretario aseguró que el Departamento de Justicia tiene un “compromiso” con la defensa de los menores y la importancia de atender con urgencia y sensibilidad cualquier denuncia de delitos contra ellos. “Exhortamos a la ciudadanía a velar y proteger a los menores, quienes son vulnerables a conductas nocivas que atentan contra su integridad y desarrollo”, concluyó.
Rodríguez Veve, quien es presidenta de la Comisión, subrayó la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas legislativas para garantizar la protección de las menores. “De lo anterior surge la necesidad de aprobar legislación y enmendar los reglamentos correspondientes para asegurar la protección de las menores de 15 años o menos que acuden a las clínicas de aborto. Es imprescindible que las autoridades pertinentes, entiéndase el Departamento de la Familia y el Departamento de Justicia, sean informados a tiempo por las clínicas de aborto sobre la posible comisión de delito de agresión sexual en una menor de edad, de manera tal que se proteja a la menor y se puedan procesar los delitos”, expresó la senadora Rodríguez Veve en declaraciones escritas.
La investigación reveló que, en muchos casos, la conducta sexual del embarazo se realizó con consentimiento y conocimiento de ambas partes, sin usar fuerza o intimidación. Sin embargo, hubo situaciones en las que la diferencia de edad entre la niña y el varón implicaba un delito según el Código Penal de Puerto Rico, aunque el Departamento de Justicia decidió no presentar cargos debido a varios factores, incluido el tiempo transcurrido y la disposición de las menores y sus familias.
Dos de las 67 niñas identificadas por el Departamento de Justicia fueron víctimas de agresión sexual. En el primer caso, la madre de la niña había presentado una denuncia a la Policía de Puerto Rico, pero la investigación se encontraba estancada. Tras el referido de la Comisión, el Departamento de Justicia recomendó dar seguimiento al caso para asegurar que la menor reciba ayuda y se proceda con la radicación de cargos.
En el segundo caso, la niña víctima ocultó que su embarazo fue resultado de una agresión sexual por miedo a las amenazas del agresor contra ella y sus padres. La intervención del Departamento de Justicia, a raíz del referido de la Comisión, permitió que la niña revelara la verdad a sus padres. El Departamento de Justicia informó que está en proceso de hacer justicia a estas dos víctimas del delito. Por otro lado, concluyó que 65 de las 67 menores llevaron a cabo el acto que produjo el embarazo de manera voluntaria, sin ser víctimas de fuerza, violencia, intimidación o amenaza.
