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Exsecretario de Justicia dice que el sistema criminal fue “desmantelado y cedido” al Gobierno federal

Héctor Reichard aseveró que, en el pasado, Justicia era quien le prestaba fiscales a la Fiscalía federal para ayudar en el procesamiento de casos

(suministrada)
Héctor Reichard, exsecretario del Departamento de Justicia (suministrada)

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El exsecretario del Departamento de Justicia (DJ), Héctor Reichard, dijo esta tarde que el sistema criminal en Puerto Rico fue desmantelado, ya que se cedió el procesamiento de casos criminales al Gobierno federal.

“El modelo de justicia criminal se ha desmantelado y realmente la fuerza que hay detrás de procesar los casos está, por contrato, cedida al Gobierno federal. En el pasado había otro modelo y era que el Departamento de Justicia le prestaba fiscales a la Fiscalía federal para ayudar en el procesamiento de casos. Cuando había jurisdicción local en violaciones que eran de problemas federales, el Departamento de Justicia de Puerto Rico llevaba el procesamiento de esas violaciones”, comentó Reichard en el programa radial “Tiempo Igual” de la emisora Radio Isla 1320AM.

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“(En el pasado) era un modelo de compartir responsabilidades, no de relegar las responsabilidades, que yo creo que es lo que existe hace mucho tiempo”, agregó.

El abogado, quien fue titular de la agencia entre 1981 a 1983, criticó además que se moviera al Departamento de Seguridad Pública (DSP) el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Antes, el NIE formaba parte de Justicia.

“El sacar del Departamento de Justicia el Negociado de Investigaciones Especiales, es un error tremendo. ¿Que hace eso en el Departamento de Seguridad (Pública)? Que ese es el brazo que tiene el Departamento de Justicia de investigaciones”, cuestionó Reichard.

Según explica la página web del DSP, el NIE “tiene el deber de desarrollar y aplicar técnicas especializadas en el campo de la investigación criminal, realizar investigaciones, estudios e intervenciones que requieran alto grado de peritaje e identificar tendencias, situaciones de riesgo y posibles áreas de vulnerabilidad en la lucha contra la corrupción gubernamental y el crimen organizado, con el propósito primordial de defender a los ciudadanos y fortalecer la confianza del pueblo en la justicia”.

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