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En la balanza judicial el futuro de la AEE

Te presentamos algunos de los puntos más importantes discutidos durante la primera semana del juicio de confirmación

Protesta Reestructuración de la AEE
Protesta Reestructuración de la AEE Protesta Reestructuración de la AEE. Tribunal Federal, Hato rey. Metro PR 4 de marzo de 2024 (Dennis A. Jones)

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Como parte de un proceso de reestructuración de deuda que se ha extendido por casi siete años, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) espera que la jueza del Distrito Sur de Nueva York Laura Taylor Swain apruebe la cuarta versión enmendada del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE).

El plan propuesto reduciría el total de sobre $10,000 millones en reclamaciones presentadas contra la AEE en aproximadamente un 80 por ciento, de forma que se paguen $2,536 millones de la deuda de los bonistas.

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Durante las vistas de confirmación, que iniciaron el pasado lunes en el Tribunal federal de Hato Rey, el conglomerado de partes– incluyendo a los abogados de la JSF, bonistas opositores, la representación legal del Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE) y grupos ambientales– interrogaron a miembros del ente federal y a expertos y asesores financieros involucrados en la creación del PAD-AEE.

Entre los puntos destacados que fueron abordados durante la primera semana del juicio, figuran los siguientes:

Consumidores se oponen al aumento en las tarifas

Temprano en la semana, un grupo de 20 ciudadanos compareció ante el tribunal en contra del plan propuesto, pues argumentaron que el aumento en las tarifas de electricidad amenazaría su calidad de vida.

Según la JSF, las tarifas actuales de la AEE son insuficientes por sí solas para cubrir el pago de deudas heredadas o reestructuradas.

En consecuencia, para proporcionar los ingresos suficientes para el pago de los nuevos bonos, que serán emitidos por la AEE bajo el plan, se requerirá que la compañía eléctrica implemente un cargo heredado. Este será un cargo agregado a las tarifas de la AEE, por 35 años, según lo proyectado en el Plan Fiscal de 2023 de la AEE.

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Los aumentos están contenidos en dos componentes: una tarifa mensual fija y dos cargos por consumo (volumétricos), establecidos en niveles para cada clase de cliente.

El cargo fijo por mes comenzaría en $1 para algunas residencias, mientras que, para negocios e industrias de mayor tamaño, podría superar los $100.

A su vez, si el consumo en electricidad permanece igual a o por debajo de los 425 kilovatios/hora (kWh), únicamente se aplicaría un cargo volumétrico de entre 0.74 centavos y casi tres centavos. El segundo cargo por consumo, que fluctuaría entre 1.49 centavos y 2.98 centavos, se aplicaría por cada unidad de energía en exceso de 425 kWh.

Conforme a la campaña “No Más Aumentos a la Luz”, dependiendo en su consumo, un cliente residencial promedio puede ver un aumento entre $8 y $16 mensualmente, y un pequeño comerciante uno de más de $35 mensualmente.

Entre los deponentes estuvo Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, quien reconoció el delicado balance de intereses a que se enfrenta la jueza Swain: “por un lado bonistas especuladores, que compraron bonos a precio de chatarra, y por otro lado un pueblo que se empobrece cada vez más y que poco a poco languidece y se desaparece”.

El pasado jueves, el abogado del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, Fernando Agrait, le cuestionó, al presidente de la JSF, David Skeel, si el cargo legado podría aumentar en el caso de que no se consigan los recaudos necesarios.

Skeel contestó que “tendría que haber una dramática falta de financiación del cargo. Hay un estudio de cuánto tendría que bajar y tendría que ser substancial” para que se necesite recurrir a un aumento.

Junta asegura que el PAD es una victoria para el pueblo

Por su parte, el principal asesor en reestructuración y negociador de la Junta, David Brownstein, quien testificó el jueves en la tarde y el viernes, aseguró que el trabajo del organismo fiscal consistió en descifrar cómo dar la mejor recuperación a los acreedores dentro de las limitaciones que tenían.

El experto, quien diseñó los instrumentos de valor contingente a ser emitidos por la AEE reorganizada, de confirmarse el plan, detalló que se trata de bonos “turbo”, pues el objetivo es que, si los ingresos de la AEE superan las proyecciones, dichas obligaciones se paguen tan rápido como se pueda.

Según el experto, los bonos turbo existen en el mercado municipal, pero no es algo que normalmente se ve en bonos de servicios públicos, como la red eléctrica.

No obstante, Brownstein indicó que cree que esta estructura que crearon de los bonos de la AEE, en el plan propuesto, marcará un precedente en el mercado, y prevé que se convierta en la norma, pues la transición a energía renovable alrededor del mundo está cambiando el panorama.

Discuten los cambios propuestos al Sistema de Retiro

En virtud del plan propuesto, la AEE proveerá financiamiento para pagarles, a los jubilados, todos los beneficios de pensión devengados hasta la fecha de entrada en vigor del PAD.

Los empleados activos pasarán a cuentas de contribución definida, bajo el sistema de PayGo. Así, de confirmarse el acuerdo, se congelará el sistema de pensiones de beneficios definidos de la AEE y se eliminarán los ajustes por costo de vida.

El jueves, el abogado en representación del SRAEE, Rafael Ortiz Mendoza, interrogó a la socia de la firma de asesoramiento Ernst & Young, Sheva Levy— quien fue la actuaria responsable del análisis del plan de pensiones.

Ortiz Mendoza le cuestionó si las medidas propuestas en el PAD-AEE alterarían cómo se organiza el SRAEE, a lo que la actuaria contestó que el propuesto sistema PayGo crearía un nuevo fideicomiso.

Referente a si la Junta Fiscal o su equipo legal le dio un conjunto diferente de supuestos para hacer otro análisis y evaluar si la comparable sería un mejor enfoque para abordar el problema de insostenibilidad, Levy sostuvo que no.

Bonistas opositores al PAD siembran dudas sobre análisis de la JSF

Los representantes legales de los bonistas en desacuerdo con el plan propuesto plantearon, a lo largo de la primera semana, que el ente federal basó su análisis, para fijar las tarifas, en una mediana de ingresos que no necesariamente refleja la situación real de los abonados de la red eléctrica.

El abogado de la firma gestora de inversiones GoldenTree, Glenn Kurtz, al igual que otros licenciados, cuestionó el hecho de que casi la totalidad de los ingresos de la AEE provienen de residencias, negocios e industrias cuyas ganancias superan la mediana de $25,000 utilizada como referencia, y que el 46 por ciento de los suscriptores no se verá afectado por el cargo legado.

Las preguntas de Kurtz, a Skeel, rondaron en torno a si la capacidad de pago de los consumidores es realmente mayor a lo que estipula el PAD-AEE.

En cuanto a los asuntos pendientes para esta semana, está la petición del licenciado William Natbony, en representación de los bonistas opositores, para que la jueza cambie la agenda, de forma que los argumentos finales se realicen después de la radicación de los memorandos revisados.

Además, Natbony le pidió a Swain que considere que, para los alegatos de clausura, necesitarán más tiempo del que se les otorgó para las declaraciones iniciales.

Sin embargo, Martin Bienenstock, abogado de la Junta, solicitó que la agenda permanezca inalterada, de forma que los argumentos ocurran justo después de que finalice el desfile de prueba.

Este lunes, la vista continuará con el contrainterrogatorio a Glenn George, asesor de la JSF contratado para revisar la metodología y los supuestos utilizados en el diseño de las tarifas para el pago de la deuda heredada.

Del PAD-AEE no ser confirmado por Swain, las opciones de la compañía eléctrica serían que la JSF proponga un plan de ajuste alternativo o que se desestimen los casos del Título III bajo PROMESA, lo que terminaría la suspensión automática (automatic stay) y se produciría un litigio multifacético y de múltiples partes.

Dicha posibilidad incluiría el litigio iniciado por los tenedores de bonos, los prestamistas de la línea de combustible, los sindicatos y el sistema de jubilación de la AEE, y otras partes contra la AEE, a medida que los tenedores de bonos compitan por los recursos limitados disponibles para pagar esos reclamos.

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