La representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli denunció un alegado “esquema de inversionismo político” que podría involucrar alrededor de $88 mil en donativos a campañas políticas a cambio de contratos para el desarrollo de proyectos de vivienda pública con fondos del programa CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos (LIHTC, en inglés).
Según la representante, esta envió cartas al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y a la Oficina del Inspector General del Departmento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), exigiendo que se investigue la posibilidad de que tres proyectos vivienda pública hayan sido otorgados “arbitrariamente” a donantes políticos del gobernador Pedro Pierluisi, el alcalde de San Juan, Miguel Romero y el senador Thomas Rivera Schatz.
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“Este llamado surge luego de que una investigación realizada por mi oficina encontró alrededor de $88,000 en donativos a los comités de Pierluisi, Romero y Rivera Schatz por parte de desarrolladores de tres proyectos en construcción en los municipios de San Juan y Yabucoa. Estos son el Proyecto Ensueño en Cupey, el Proyecto de Diego Village en Río Piedras y el Proyecto MiraSol en Yabucoa, que se supone que sean vivienda de interés social pero se reporta que cada unidad se construye a un costo de entre $350,000 y $500,000. Los tres proyectos representan una inversión total de más de $161 millones, de los cuales cerca de $111 millones provienen del Programa CDBG-DR”, explicó.
Nogales Molinelli indicó que los casi $88,000 identificados en donativos, se dividen en $51,690.61 para el Comité del gobernador Pedro Pierluisi, $24,100.00 para el Comité de Miguel Romero y $12,106.00 para el de Rivera Schatz, aunque no descarta que haya más donaciones de personas vinculadas a estas empresas.
“Este aparente esquema de lo que se conoce como “pay-to-play” involucra alrededor de 11 empresas y, de confirmarse que en efecto se trata de un esquema de inversionismo político, resulta verdaderamente espeluznante lo evidente y descarado de su naturaleza. Se observa, por ejemplo, como cada uno de los dueños de las empresas involucradas en el Proyecto Ensueño (A.C.C. Architects, P.S.C., R.F.R. Builders, L.L.C., Seiko Electrical Contractors, T.F.S. Housing Group L.L.C., y Executive Homesearch and Realty, Inc.) donó entre $2,500 y $2,800 al comité de campaña de Pedro Pierluisi el 17 de marzo de 2023. Ese proyecto fue anunciado el 14 de marzo de 2023, lo que significa que tres días después del anuncio, los desarrolladores agraciados donaron alrededor de $21,500 al gobernador Pedro Pierluisi. A esto se le suman transacciones que se han realizado en otros momentos, como la de seis miembros de la compañía Interlink, Inc. (contratista en el Proyecto MiraSol) que el 30 de noviembre de 2023 donaron cada uno la cantidad de donativo máxima posible, $3,100.00 al comité de Pedro Pierluisi”, señaló.
La abogada también mencionó a la empresa R & G Housing Group of Companies Corp., propiedad de Carlos O. González Sánchez y Ernesto Rodríguez Alzugaray, que desarrolla tanto el Proyecto Ensueño como el Proyecto MiraSol. Entre las donaciones de esta empresa al comité de Pedro Pierluisi, resalta una donación de Rodríguez Alzugaray por $2,690.61 el 18 de julio de 2023 y los donativos de la secretaria de otra de sus empresas Nilsa Barreto y del project manager Gabriel Colón Ortiz por $2,800 cada uno.
“Lo interesante de estos donativos es que estas dos personas son empleadas de González Sánchez en dos de sus otras empresas y que Colón Ortiz es a la vez dueño de T.F. Housing L.L.C., una de las contratistas en el Proyecto MiraSol. Se unen a esta lista S.P. Management Corporation, dirigida por Mayra García Solá y Carlos García Solá, así como Q.B. Group L.L.C. presidida por Francisco Bechara. Ambas empresas desarrollan y administran el Proyecto De Diego Village y sus directores se coordinaron para entre 2019 y 2023 donar $18,756 a los comités de campaña de Pedro Pierluisi, Miguel Romero Lugo y Thomas Rivera Schatz”, añadió.
“Ante este panorama, exijo a las autoridades pertinentes que realicen una investigación exhaustiva sobre este potencial esquema y, de concluirse que en efecto se incumplió la ley, solicito que se impongan las sanciones correspondientes para que los potenciales infractores no queden impunes, como suele pasar en nuestro país”, concluyó Nogales Molinelli.
