De cara a la vista pública con la jueza Taylor Swain sobre el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) esta semana, el experto en Ley Promesa y abogado, Rolando Manuel Jiménez, aseguró que el proceso es un “cuento de nunca acabar”.

Al mediodía de hoy lunes comenzarán con argumentaciones inciales, “primero con la Junta y los que apoyan el plan”. El martes será el turno de los comentarios públicos, en el cual se sortearon 20 espacios para que distintas personas puedan plantear sus argumentos y lo que implicaría el aumento por el cargo heredado en los ciudadanos del archipiélago.

El miércoles se presenta la prueba, en donde cada parte expone a sus testigos. Esta última fase puede demorar días, según el licenciado.

“Esto es aparte de las más de 800 objeciones que radicaron pequeños comercios, personas, individuales, explicándole a la jueza todos los inconvenientes que hay aquí en Puerto Rico con la energía”, explicó.

Un escenario complejo

La determinación sobre la apelación que hicieron los bonistas en el Primer Circuito de Boston, podría cambiar “de manera sustancial” la decisión de la jueza Swain. Según el licenciado, se desconoce cuándo se emitirá dicha determinación.

La jueza Swain, continúo revisando el caso, pero cualquier decisión del Primer Circuito, impactaría al PAD propuesto.

Por otro lado, el experto recalcó que el PAD tiene múltiples objeciones, tanto de los grupos comunitarios como de la mitad de los bonistas. Aunque, los fundamentos para su rechazo son distintos.

“Además de los 800 o más que radicaron sus objeciones, pues está el ICSE (Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica), los grupos ambientalistas y comunitarios, está la UTIER, el sistema de retiro y algunos grupos pequeños adicionales que están oponiéndose al PAD. La mitad de los bonistas se están oponiendo al plan. La diferencia, los bonistas dicen que la autoridad puede pagar más, así que se nos tiene que subir más la tarifa para poder pagarle a ellos. Y los grupos dicen: ‘no, todo lo contrario. No se puede pagar más, el plan no es viable, el plan va a destrozar la economía de Puerto Rico y además de eso va a afectar la necesaria reconstrucción de la autoridad de energía eléctrica. Porque todos los chavos que generan cargo híbrido van para los bonistas, no van para reconstruir la red”, aclaró.

Con esto, Jiménez añadió que el tema de la reconstrucción abona a la complejidad del caso y que para lograr dicho proceso, se estima que se necesitan unos $6 mil millones.

“Y eso es uno de los elementos que la jueza tiene que tomar en cuenta para confirmar el plan, porque no es solamente que pueda pagarlo, sino también que pueda proveer los servicios necesarios que esa utilidad pública tiene que proveer”, sostuvo.

Jiménez opinó que, independientemente de la decisión de la jueza Swain, cualquiera de las partes que no sean favorecidas irán al Tribunal Supremo por la particularidad del caso. Esto se debe a que la decisión implica “no solamente a Puerto Rico, sino todo el sistema de bonos municipales”.

“Es un caso que tiene envergadura nacional. Podría irse a cualquiera de los dos lados (rechazarse o aprobarse el PAD) […] Por eso digo, que por donde quiera que levantes la alfombra, va a salir un ratón. Hay planteamientos que podrían llegar al Tribunal Sumpremo”, manifestó.

Y es que, de acuerdo con el experto, hay varios argumentos sobre inconstitucionalidad de la Ley Promesa. Agregó que, por una parte, la UTIER puntualiza que es una “disposición colonial”, mientras que, los bonistas establecen que la ley es una de quiebra “especial” y, por tanto, no es uniforme con las cláusulas de quiebras”.

Finalmente, hizo hincapié en que, de aprobarse el PAD, la jueza no es quién decide el aumento de la luz.

“Siempre trato de aclarar esto porque hay mucha demagogia, los políticos diciendo: ‘no, eso del aumento de la luz está en manos de la jueza y la jueza va a decir cuánto es’. No, mentira, la jueza dice si acepta o no acepta lo que la Junta y el gobierno están proponiendo”, subrayó.

Instalarán Campamento Diurno frente al Tribunal federal a partir del 4 de marzo

La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y diversas entidades comunitarias convocaron el pasado miércoles al pueblo de Puerto Rico a unirse al Campamento Diurno frente al Tribunal Federal, en Hato Rey, a partir del 4 de marzo, en oposición a la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE (PAD-AEE), el cual se estará discutiendo en la sala de la jueza Laura Taylor Swain.

Los miembros de esta Alianza Energética se instalarán en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., con excepción de los miércoles, que se extenderá hasta las 6:00 p.m. con la participación de los empleados movilizados de la AEE a las diferentes agencias gubernamentales.

“La Junta de Control Fiscal pretende invalidar al Negociado de Energía para alterar las tarifas de energía eléctrica a la conveniencia de los acreedores externos de la AEE. No sería la primera vez que la Junta de Control Fiscal interviene en el ordenamiento jurídico nuestro. De aprobarse, este plan nos conducirá a la miseria y dejando en el limbo las pensiones presentes y futuras de los miembros del Sistema de Retiro de la AEE”, aseguró el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), Johnny Rodríguez Ortiz, en conferencia de prensa.

El presidente de la AJAEE indicó que “intentan imponernos un plan de pago de 35 años con una fórmula de consumo volumétrico adicional a la tarifa”.

En adición, Rodríguez Ortiz sostuvo que la AEE cada día recibe menos ingresos por la facturación debido a varios factores, incluidos el desarrollo de los sistemas de energía renovable, el cierre de negocios e industrias, así como la baja poblacional ocasionada por la emigración masiva y la reducción en nacimientos.

Por consiguiente, la base de abonados de la AEE reducirá enormemente y ocasionará más aumentos en el costo por el servicio para cumplir con la deuda externa, conforme al líder sindical.

Por su parte, Josué Mitjá González, presidente de laUnión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) insistió en la importancia del Campamento Diurno, pues estableció que este Plan no tan solo propone aumentos en la factura de la luz por 35 años, sino que además establece que se le pagará $2,500 millones e intereses a los bonistas.

“Como resultado de esto tendremos un incremento significativo en el costo y la calidad de vida en Puerto Rico, atentando contra el bienestar del pueblo e incluso, poniendo en riesgo la vida de los más vulnerables”, dijo Mitjá González.

Asimismo, Abraham García Román, presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE(AEG-AEE), convocó a su matrícula destacando la importancia de participar en este momento histórico. “Pretenden engañar al pueblo con un aumento que claramente no es para pagar las pensiones, sino para pagar los gastos de la privatización del sistema eléctrico del pueblo de Puerto Rico. Las propuestas para el Sistema de Retiro están en la mesa y no conllevan un aumento a la tarifa”.

Al mismo tiempo que los empleados activos y jubilados de la AEE convocaron a manifestarse, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) llevó a cabo su 43a reunión pública de manera virtual.

Durante la reunión, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, expresó que “claro, no va a haber crecimiento económico sin un sistema eléctrico sostenible y la transformación del sistema PREPA (AEE). El Plan de Ajuste va a reducir la deuda de PREPA por un 80% y va a permitir que PREPA sea un servicio público sostenible y continúe con inversiones críticas”.

“El lunes el tribunal va a comenzar con sus vistas y la Junta va a argumentar para confirmar ese plan. Los bonistas van a oponerse al plan porque argumentan que el plan no les ofrece una recuperación justa. Estamos en desacuerdo y esperamos que el juez esté de acuerdo con nosotros para acabar con este capítulo de bancarrota tan doloroso”, continuó Mujica, mientras enfatizó que el sistema eléctrico no puede mejorar mientras continúe en bancarrota.