El frente en defensa de la educación pública, EDUCAMOS lanzó varias denuncias sobre la prevalencia de la violencia contra la mujer en el Departamento de Educación (DE), donde el 85% del magisterio son mujeres. Esta semana, marcada por el recuerdo del trágico asesinato de Antonia Martínez, una aspirante a maestra, y en vísperas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, EDUCAMOS hicieron un llamado a la secretaria del DE, Yanira Raíces y al gobierno a atender los casos donde se violenta a las mujeres maestras.
El grupo se manifestó frente al Departamento de Educación en Hato Rey, donde se mostraron con pancartas que llevaban mensajes en contra del acoso laboral, la intimidación y el exceso de trabajo.
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“Es cada vez más común el castigo a la maestra por cualquier motivo, el acoso laboral, el carpeteo, la fabricación de casos. Ante cualquier cosa que ocurra, la maestra es castigada y sometida a la intimidación, humillación y tratada peor que cualquier criminal”, lee el comunicado.
El informe de EDUCAMOS documentó numerosos casos de violencia laboral y acoso sistemático dentro de las instituciones educativas. Según la organización, en la escuela Sor Isolina Ferré de Ponce, por ejemplo, las maestras son sometidas a un constante acoso laboral por parte de la directora, a pesar de múltiples denuncias presentadas ante el DE. Similarmente, en la escuela Regino Vega de Cidra, un director ha sido acusado de acosar a una maestra en pleno horario laboral, desencadenando una situación que resultó en la hospitalización de la afectada. A pesar de esto, señalan, que el acosador sigue en su posición sin repercusiones.
Estos casos no son aislados. En diversas escuelas como la Santiago Torres de Las Piedras, la Justina Vázquez de Caguas, y la Antonio Fernós Isern de San Lorenzo, entre otras, las maestras han enfrentado situaciones de acoso laboral, intimidación y humillación sin que el DE tome medidas efectivas para abordar y resolver los problemas.
Además del acoso laboral, EDUCAMOS también destacó la falta de garantías para las maestras embarazadas o lactantes, así como las condiciones de trabajo precarias en algunas escuelas, donde las docentes se ven obligadas a enfrentarse a problemas de salud y seguridad, incluyendo inundaciones, falta de drenaje adecuado y carencia de personal en programas de educación especial.
“Hay varias escuelas como la vocacional Evelyn Cruz de Cidra o la vocacional de San Sebastián que presentan problemas de salud y seguridad. La maestra tiene que trabajar con el ruido del martillo mecánico, inhalar el polvo, reducir las clases, dar clases en un almacén o como en la Pedro Fernández de Naranjito donde hay problemas de bombeo de las aguas usadas. En casi todas las escuelas que se están arreglando a lo largo y ancho del país, se repiten situaciones similares”, asegura el grupo magisterial.
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La denuncia de EDUCAMOS apuntan a la violencia contra la mujer en el ámbito educativo, y a la respuesta inadecuada y la complicidad del DE ante estas situaciones. Se destaca la disparidad en el trato dado a las denuncias según el género del acusado, evidenciando una política institucional que criminaliza y menosprecia la labor del magisterio, mayoritariamente ejercida por mujeres.
Además, añaden que estas situaciones se repiten en todo el país. Según EDUCAMOS, cuando el caso es contra la maestra o maestro, lo procesan y le aplican la medida cautelar, por muchos años. En otras ocasiones lo suspenden o destituyen de manera fulminante. Sin embargo, si la querella es contra un director “le dan largas al asunto, lo encubren y lo protegen”.
“El DE mantiene una política no escrita de acoso al magisterio, en su mayoría mujeres, de menosprecio a su labor, que claramente constituye violencia institucional hacia este sector de la sociedad que tiene sobre sus hombros la función de garantizar el derecho constitucional a la educación. El presupuesto multibillonario se puede utilizar para todo, menos para hacernos justicia”, concluyeron.
