Siete organizaciones de salud rechazaron la demanda contra el comisionado de Seguros, el licenciado Alexander Adams Vega, radicada por la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA, en inglés) que según plantearon, pretende evitar la fiscalización de los contratos y los pagos efectuados a los proveedores.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz Vélez, declaró que solicitará intervenir en el caso o acudirá como amigo de la corte en respaldo al comisionado, una vez sea emplazado. “Históricamente, el Colegio de Médicos nunca ha tenido un comisionado de su parte. El comisionado [Adams Vega] es amigo de los médicos, de los proveedores”, estipuló Díaz Vélez.
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El presidente del colegio abordó que el comisionado, a tenor con la Ley para el Pago Puntual del Código de Seguros de Puerto Rico, logró que las aseguradoras cumplieran con pagos adeudados a hospitales y proveedores, que superaron $250 millones. Por esta razón, catalogó la demanda como “venganza” por hacer valer la ley estatal y criticó que los planes busquen “evadir la jurisdicción de la fiscalización”.
La demanda solicita que el comisionado no interfiera en regular las tasas de reembolso de los proveedores de la red, las recuperaciones de pagos excesivos, los términos sustanciales del contrato de la red ni procesamiento de reclamos bajo el programa Medicare Advantage.
Alega, además, que la intervención del comisionado mediante la Ley para el Pago Puntual y el Código de Seguros se interpone a las reglamentaciones federales de los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid (CMS) y al acuerdo contractual acordado entre la aseguradora y el proveedor.
No obstante, Díaz Vélez estableció que la interferencia del comisionado no es un precedente, pues se ha realizado en 40 jurisdicciones de Estados Unidos. Asimismo, el asesor legal del colegio, Víctor García San Inocencio, aclaró que el funcionario tiene injerencia en áreas de solvencia y pago puntual.
La Carta Normativa 2010-110-PP explica que la directriz federal no establece período fijo para hacer los pagos, sino determina que se establezca el término en el contrato con el proveedor. “Es válido que en el contrato [las partes] estipulen adoptar los términos y disposiciones de la ley estatal, que en el caso de Puerto Rico, sería el Capítulo 30 (Ley para el Pago Puntual)”, lee la misiva.
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Como la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) es la agencia que vela por el cumplimiento de esa ley, tiene la jurisdicción para intervenir. El Capítulo 30 también aplica cuando el contrato no contiene una cláusula de pago puntual sobre reclamaciones o, si existe, cuando no es clara.
“Si no se establecen controles, el dinero se queda en las aseguradoras”, expresó Wilson López López, expresidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, quien mencionó la falta de consideración con los adultos mayores que usan el plan Advantage.
Por su parte, Ricardo López, representante del Colegio de Dentistas Cirujanos, concretó que “cuando el comisionado es proactivo con los proveedores, está siendo proactivo con los pacientes para que tengan acceso a muchos proveedores, no a un grupo pequeño”. López también denunció la falta de negociación colectiva con los planes médicos y repudió que la única opción disponible es aceptar los términos establecidos por la aseguradora o no formar parte de la red.
A este apoyo colectivo se integran el Colegio de Farmacéuticos, la Asociación de Laboratorios Clínicos, la Asociación de Farmacias de la Comunidad, la Asociación de Quiroprácticos, el Colegio de Cirujanos Dentistas y la Asociación de Hospitales.
Díaz Vélez reconoció que esta unión sería la primera vez en que múltiples organizaciones de salud se juntan en respaldo al comisionado de Seguros.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
