El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez afirmó el miércoles, que en la discusión del presupuesto no se incluyó la partida para el aumento a los jueces porque no hay una ley que lo ordene.
“Yo con el mayor respeto a los jueces, yo creo que la decisión que se tomó no va a tono con el proceso legislativo, y mucho menos la definición de qué es una resolución y una ley. Yo creo que la Junta fue bastante clara cuando en julio del año pasado sometió la carta y las condiciones que eran necesarias para poder incrementar el aumento”, dijo Santa Rodríguez, en entrevista radial (NotiUno 630)
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“Yo sigo insistiendo que, dentro del proceso legislativo yo no puedo incluir una partida de algo que no existe, que es una ley, y el borrador del presupuesto de la Junta no los incluye. Si tú sacas los números, incluye el incremento en nómina basado en el aumento de los salarios de los empleados de la rama judicial. Si tú le pones, en lo que debía haber sido el aumento de los jueces, se excedería por más de 10 o 11 millones (de dólares). No está incluido”, expuso.
En varias entrevistas, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez ha insistido en que atenderá, después de las primarias de junio, la legislación sobre los aumentos salariales para los jueces y otros funcionarios gubernamentales.
Preliminarmente, Santa Rodríguez mencionó que el presupuesto para el próximo año fiscal que comienza el primero de julio, asciende a 13 mil millones de dólares.
Cronología del vaivén en los aumentos de salario a los jueces
Desde 10 de noviembre de año pasado, el juez apelativo Ricardo Marrero Guerrero y la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, INC (APJ) argumentaron que la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 39-2023, la cual abre camino para legalizar los aumentos salariales, con una partida de $11.2 millones de dólares.
La demanda sostenía que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no había realizado los trámites necesarios para el desembolso de los fondos asignados para el aumento. Este incremento estaba previsto en el Plan Fiscal aprobado por la JSF.
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El 14 de noviembre del 2023, la Cámara radicó una moción solicitando la desestimación, en la que alegaban que la resolución Conjunta 39-2023, no constituyen una ley especial, por lo que necesitaba el consentimiento de la legislatura para dar paso al aumento.
El 17 de noviembre del 2023, el juez superior Anthony Cuevas Ramos del TPI de San Juan, falló a favor del aumento salarial de los jueces, requieriendo a la OAT solicitar al ente fiscal la reprogramación de los fondos para que la OGP procediera con el ajuste salarial.
El 12 de enero, el cuerpo legislativo presentó una apelación para revocar la orden del TPI, la cual establecía que el juez Cuevas Ramos erró al determinar la aprobación del alza de salarios.
El 18 de enero el TS decidió intervenir en el conflicto, ordenando al Tribunal de Apelaciones (TA) a detener el trámite entre la Cámara y los demandantes.
El 2 de febrero el Supremo desestimó la apelación de la Cámara, dando paso a aumento de salario para los jueces.
