Celebrar vistas de causa probable en alzada por casos de Ley 54 en un término de 24 horas no es realista, según se planteó en una vista pública en el que se discutió el Proyecto de Senado 1402.
La medida, discutida en la Comisión de Asuntos de las Mujeres, enmendaría la “Regla 6C del procedimiento criminal de 1963″.
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El secretario de del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli, estableció que la agencia “favorece toda propuesta legislativa que busque proveer más y mejores mecanismos de protección a favor de las víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico”.
No obstante, Emanuelli, junto con las fiscales Jessica Correa y Lara Hernández Gutiérrez, presentaron unas recomendaciones para la medida.
Correa, quien funge como la Jefa de Fiscales, indicó que la agencia estima que la propuesta de un término de 24 horas podría ser “demasiado corto”.
“Por ejemplo, en los escenarios donde no se haya determinado causa o se haya determinado causa por un delito inferior al imputado y el Ministerio público decida presentar testigos adicionales que no estuvieron presentes en la vista inicial, entendemos que el término de veinticuatro horas podría presentar una serie de retos y dificultades al momento de comunicarse con el testigo y poder citarlo para que comparezca a la vista alzada a tiempo”, sostuvo.
Asimismo, agregó que, si el Ministerio Público no alcanza comunicarse con el testigo, se podría “frustrar la intención de agilizar” el proceso. Es por ello que sugirió un término que no exceda de tres días laborales desde solicitada la vista en alzada, ya sea en sala por el Ministerio Público o por moción.
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Como segunda recomendación, Correa instó que el lenguaje utilizado en la medida debe incluir todo aquello que configure “conducta criminal constitutiva de violencia doméstica, aunque no surja bajo la Ley 54″.
Según la jefa de los fiscales, no todos los incidentes de violencia doméstica están dentro de las disposiciones de la ley 54, “sino que se pueden ver casos de tentativa de asesinato, feminicidio, incendio y agresión grave”.
También la fiscal Hernández Gutiérrez, quien dirige la División de Coordinación de Unidades Especializadas, detalló que desde el 2022 la agencia cataloga en los casos crímenes que van “más allá de la Ley 54″ para entender el peligro en un panorama más amplio.
Asimismo, planteó que es necesario agregar a las definiciones de violencia doméstica las particularidades de incidentes que ocurren entre cónyuges, exconyuges, una relación consensual o si tienen un hijo en común.
Emanuelli también argumentó que se está llevando a cabo capacitación a los fiscales para que en medio de la investigación, los pesos de prueba no recaigan en la víctima exclusivamente.
La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, respaldó las recomendaciones de los citados ante los temas de la evaluación de riesgo, ya que promovería la prevención.
“En la evaluación que están haciendo de que se incluya más allá de lo que diga la Ley 54, todos los delitos donde ese tipo de conducta -por que va en que si usted identifica el perfil, identifica el riesgo de muerte de que pueda tener una persona- a la misma vez, pues puede ampliar la protección”, respaldó..
Por otra parte, en representación de la directiva de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), comparecieron las Lcdas. Giselle Rosa González y Danira Muñiz; directora de la Oficina de Legislación y Reglamento, directora de la Oficina de Legislación y Reglamento, respectivamente.
Ambas sostuvieron que la OAT ya implementó de manera coordinada con los jueces y juezas adminsitradoras de las trece regiones judiciales un término de tres días laborales una vez solicitada en una vista en alzada bajo la regla 6 (c) del procedimiento criminal.
Agregaron, además, que se adoptó dicha acción en atención a los asuntos del Departamento y tomando en cuenta el riesgo de la víctima.
“Es una medida administrativa. Se hizo la evaluación y se tomó la determinación de que para llevar a cabo esta medida. No requería legislación, es decir, era una medida que administrativamente los tribunales podían tomar para agilizar los procesos y acortar el término”, aclaró González.
Finalmente, estuvo presente la secretaria de la Secretaría del Desarrollo Humano del Municipio de Caguas, Aida González Santiago, quien puntualizó que el término de 24 horas es muy corto.
A su vez, recomendó establecer el plazo de tres días laborales como un término bajo la ley, no como una orden administrativa.
El municipio ofrece un servicio a las víctimas desde una perspectiva psicosocial, en el cual hay actividad ciudadana activa en los procesos para acompañar a las sobrevivientes. Ya sea con psicólogocos, facilitadoras y empleados de servicios complementarios.
“Trabajamos de manera transversal. Estamos muy pendiente. […] Sumado al sistema de vigilancia de órdenes de protección si son residentes de Caguas”, añadió.
De la misma forma, detalló que el pueblo inyecta fondos a las organizaciones sin fines de lucro para la atención de estos casos.
“Trabajamos en dos direcciones, la parte educativa y cuando digo parte educativa, Caguas tiene un modelo de gobiernos basado en participación ciudadana así que las asociaciones de residente que administran instalaciones recreodeportivas, reciben adiestramientos e información sobre la oficina, los servicios, relaciones y la construcción lo que es la perspectiva de género […] Vamos a escuelas, trabajamos con organizaciones deportivas y de bases de fe […] Nuestro fuerte, siempre ha sido el servicio directo. […] Tenemos consejeras, psicólogas, cinco intercesoras disponibles, tres abogadas […] También trabajamos con la autosuficiencia“, sostuvo.
González Santiago aseguró que la Oficina de la Mujer trabaja entre 15 y 20 casos diariamente, pero apuestan a una intervención preventiva activa en el pueblo.
En la vista, presidida por Migdalia González Arroyo, estuvo presente la senadora del Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán.
