El secretario del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, confirmó que la próxima semana realizarán una reunión con el alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón para exigirle su renuncia tras el acuerdo que pactaron como parte del caso que se lleva contra este en el foro judicial estatal.
“La fecha del 28 de febrero es una fecha fatal, está recogida en un acuerdo que se firmó de manera voluntaria por tres partes”, expresó Cruz en entrevista con Radio Isla 1320. “Nosotros hemos analizado esto, tuvimos una reunión preliminar con el doctor Irizarry Pabón hace unas semanas atrás”, añadió y aseguró que el alcalde está “receptivo” a las preocupaciones que se le presentaron.
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El acuerdo firmado por el alcalde y el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, determinaba que si el caso por corrupción contra Irizarry Pabón se extendía más allá del 28 de febrero este debía renunciar a la candidatura por la reelección.
Tras varias vistas de estatus del caso, el comienzo de la vista preliminar ha sido pautada para comenzar el 14 y 15 de marzo.
Según se reportó en diciembre del 2023, el acuerdo establece que la certificación de Irizarry Pabón está condicionada al resultado de la vista preliminar. De haber una determinación de causa para juicio, o la vista es suspendida más allá de una fecha estipulada en el mismo, el alcalde renunciará voluntariamente a su candidatura y la pondrá a disposición del PPD.
Irizarry Pabón enfrenta cargos por violación a la Ética Gubernamental y enriquecimiento injustificado. Los cargos presentados incluyen dos violaciones al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, relacionadas con informes financieros requeridos, y otras dos al artículo 251 del Código Penal por enriquecimiento injustificado.
Este fue suspendido el 1ro de noviembre tras la acusación del Fiscal Especial Independiente (FEI) y determinarse causa para arresto en su contra.
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El pasado 31 de octubre, en una vista de Regla 6, la jueza Adria Cruz Cruz del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce, encontró causa para arresto contra el exlíder municipal por dos violaciones el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, relacionadas con informes financieros requeridos, y otras dos del artículo 251 del Código Penal, por enriquecimiento injustificado.
Los cargos fueron presentados por el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) luego de que el Departamento de Justicia hiciera un referido a la institución en abril de este año.
