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Familia tomará acción legal contra responsables por abandonar pacientes mayores en hospitales

La secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, no descarta imponer penas de cárcel.

Envejeciente Getty

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Ante el incremento de pacientes y adultos mayores abandonados en hospitales, la secretaría del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez Troche, declaró tomar acción legal contra las personas responsables.

“Alzo voz y pido que se unan al Departamento de la Familia [para] que cuando [el paciente] está abandonado, me ayuden a comenzar casos y acciones legales porque vamos a tener que comenzar a unirnos un grupo. Vamos a empezar a encausar casos. De hecho, los estamos llevando. [El llamado] Es para que se acuerden y asuman responsabilidad por los adultos mayores”, sostuvo.

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La funcionaria denunció las acciones de abandono en el simposio Health Industry Summit 2024: Innovation in a Challenging Healthcare Economy, realizado por la Asociación de Industriales. En su participación, presentó que, en 2023, el DF recibió 11,729 querellas, de los que el 78 % correspondían a negligencia.

Rodríguez Troche evocó a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores (Ley 121 de 2019), que dispone las responsabilidades de los familiares y provee a la agencia la capacidad para tomar acción legal ante un tribunal y exigir la responsabilidad legal.

“Puedes tener una persona que induce en maltrato a un adulto mayor, [que] puede tener hasta penas de cárcel. No es algo que estemos descartando. Algo que se supone que nazca natural, vamos a tener que empezarlo a forzar”, expuso en un aparte.

La procuradora del Paciente, Edna Díaz de Jesús, mencionó que algunos esfuerzos para atender el abandono de pacientes podrían ser instaurar centros de cuidado de media estancia, crear una red de trabajo permanente para el desarrollo de protocolos y guías, implementar salas especializadas para estos casos en la Rama Judicial de Puerto Rico y desarrollar un programa de apoyo psicológico y social.

“Tenemos que buscar una solución a corto, mediano y largo plazo. Esto tiene que ser una solución de todos los sectores. [Hace falta] Desarrollar un programa que apoye al familiar. En las intervenciones podemos ver qué necesita esa familia— qué le hace falta, qué herramientas, qué estrategias”, indicó.

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Abandono de pacientes de salud mental

Según un estudio por la Asociación de Hospitales, que analizó 19 hospitales que ofrecen servicios de salud física y mental, se registraron pérdidas que oscilan entre $15 a $17 millones anualmente por asumir costos de pacientes abandonados en las instalaciones, presentó el CEO del First Hospital Panamericano, Astro Muñoz Aponte.

“El paciente está solo y no hay el nivel de cuidado donde ese paciente se pueda ubicar y reciba lo que necesite”, determinó. Muñoz Aponte abordó que estos pacientes institucionalizados tienden a ser hombres entre 25 a 55 años con padres mayores de edad que no están capacitados físicamente para manejar un paciente agresivo.

Asimismo, la trabajadora social Carmen Jiménez, quien dirige Servicios Clínicos del Sistema Integrado para la Salud Mental en la misma institución hospitalaria, contó que el proceso de dar de alta al paciente, tras recibir el cuidado, se complica cuando no hay familiares que lo reciban ni cupo en albergues para admitirlo.

“No hay familia que quiera atender al paciente porque le tienen miedo y, aunque Familia les apodere, no quieren. ¿Cómo le explico al paciente que se tiene que quedar un día más?”, manifestó.

Según Muñoz Aponte, las aseguradoras médicas tampoco asumen costos de pacientes de salud mental desertados porque “no es un servicio de salud y ya está estabilizado de su condición”. “Si no son las aseguradoras, alguien tiene que ser el pagador para que el nivel de cuidado se desarrolle”, insistió.

Criticó también la práctica de que los jueces determinen mantener a un paciente institucionalizado porque puede ocasionar que el paciente recaiga.

“Es bien irónico que un juez esté dando una orden de que el paciente se tiene que quedar en un nivel de cuidado más restrictivo de cuidado, cuando no es el que está llamado a hacer valer la ley. En mi opinión, [se] está infringiendo la ley (Ley 408) porque nos está obligando a retener e institucionalizar ese paciente, cuando el equipo multidisciplinario y su psiquiatra entendió que ya estaba listo para ser dado de alta”, estipuló.

“Hasta que el gobierno no active, dentro de su presupuesto, una partida generosa y razonable para que, en comunidad, se cree el nivel de cuidado, el problema va a continuar”, concluyó.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

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