El Senado de Puerto Rico aprobó por unanimidad el Proyecto del Senado 1183, presentado por los senadores José Vargas Vidot y Thomas Rivera Schatz y la senadora Joanne Rodríguez Veve, la cual prohíbe el encarcelamiento de mujeres embarazadas y establece medidas alternativas para su detención durante el proceso judicial y el cumplimiento de la pena.
El proyecto de ley, propone enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, así como el Código Penal de Puerto Rico y el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011.
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Entre los principales cambios de esta legislación está la prohibición de encarcelar a cualquier mujer embarazada o con un hijo menor de seis meses al comparecer ante el tribunal. En su lugar, se establece que estas mujeres podrán ser sometidas a arresto domiciliario, con la imposición de condiciones conforme a las disposiciones de la ley.
Además, se dispone que en casos donde una mujer embarazada o con un hijo menor de seis meses sea condenada, la ejecución de la pena será diferida hasta que dé a luz y transcurra un período mínimo de seis meses después del alumbramiento.
Según la pieza legislativa, actualmente, el Artículo 70 del Código Penal de Puerto Rico otorga potestad al tribunal para diferir una sentencia, disponiendo que “[c]uando se trata de una mujer en estado de embarazo o no hubieren transcurrido seis (6) meses desde el alumbramiento”. Sin embargo, esta opción queda a discreción del tribunal. En la práctica existen mujeres embarazadas cumpliendo su sentencia dentro de una institución correccional o en uno de sus programas alternativos.
En cuanto a las enmiendas para cambiar el Plan de Reorganización de Corrección, la pieza dispone que no se aplicará a mujeres embarazadas convictas por los delitos de agresión sexual, y/o actos lascivos donde la víctima sea menor de 16 años, maltrato a menores, pornografía infantil y/o secuestro de menores.
Por otro lado, se aprobó el Proyecto del Senado 1312 en su reconsideración, para enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para extender el término de 30 a 60 días que un ciudadano pueda someter documentos para impugnar las multas administrativas impuestas por oficiales de orden público por alegadas violaciones a las disposiciones esta ley.
Del mismo modo, se avaló, con 19 votos a favor y 4 votos abstenidos, la Resolución Conjunta de la Cámara 575 que propone ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a trabajar en conjunto con la Puerto Rico Innovation and Technology Service para incorporar y mantener un espacio en la aplicación de CESCO Digital para que los ciudadanos puedan someter querellas digitales, con la opción de adjuntar evidencia fotográfica y ubicación GPS. Esta opción será para problemas como señalización deficiente, desperfectos en las carreteras, semáforos dañados y cualquier situación que presente un riesgo a la seguridad vial.
