En la tercera vista sobre la derogación de la ley de inmunización compulsoria para menores de edad, más deponentes expusieron su oposición o apoyo al proyecto legislativo que busca otorgar potestad a los padres o tutores legales para las vacunaciones.
Las organizaciones Voces Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud, PR Obstetrics and Gynecology (PROGyn) y el capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría (AAP) reforzaron su postura en que la aprobación del proyecto de la Cámara 1948 podría revertir avances logrados por la vacunación y comprometer la salud de niños, infantes y otras poblaciones vulnerables.
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El pediatra Diego Sainz de la Peña, representante de Voces, insistió en la inmunidad comunitaria o “de rebaño” como medida de control para más de 20 enfermedades prevenibles, identificadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), para reducir brotes o epidemias.
Resaltó en su ponencia que la cobertura de vacunación en niños de 19 a 35 meses fluctúa entre 51 % y 71 %, mientras que, en niños estudiantes de kindergarten, se alcanza una cobertura de 83 % a 94 % en la mayoría de las vacunas, según datos del Departamento de Salud.
“El hecho de que en Puerto Rico se haya alcanzado el éxito obtenido en el control y la prevención de enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación no significa que estas enfermedades no existan, sino que están controladas, gracias a los niveles óptimos de vacunación que mantiene Puerto Rico”, expuso.
La asesora legal de Voces, Liza Fernández Rodríguez, por su parte, resaltó el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Jacobson v. Massachussets de 1905, que es el caso líder sobre vacunación compulsoria al confirmar la autoridad de los estados para hacer cumplir las leyes de inmunización.
Actualmente, por la Ley 23 de 2024, se reconocen las exenciones médicas o por libertad religiosa para las vacunaciones a niños preescolares y estudiantes. No obstante, los pediatras se oponen a la exención filosófica o moral que añadiría el proyecto cameral.
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La licenciada Linette Sánchez Quiñones, en representación de PROGyn, criticó que hay argumentos en el proyecto que inducen al error, como sostener que la ley vigente no está atemperada a la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles. Bajo esa acta, advienen recursos federales que están sujetos a requisitos legales.
La pieza tampoco reconoció el Programa de Vacunación del Departamento de Salud al publicar que “no existen protocolos de vacunación”. La licenciada también recordó que, bajo la jurisprudencia de Puerto Rico, el Estado tiene la potestad de imponer acciones en cuanto a la salud pública de sus habitantes.
“Nadie está por encima de la ley — ningún cristiano, ningún religioso”, decretó Sánchez Quiñones, a menos que el paciente padezca de una contraindicación médica.
Preocupación por falta de consentimiento informado
Por su parte, el licenciado Adrián Díaz Díaz, quien ha colaborado con Coalición Pro Consentimiento Informado y Salud, avala el proyecto para aumentar el criterio de consentimiento informado a padres y tutores legales sobre alergias o posibles reacciones adversas a las vacunas.
“Como país, no podemos descartar esto [discusión pública] porque pensamos que le da miedo a la gente”, expresó, en defensa de que el médico provea mayor información u orientación sobre los efectos de las vacunas.
Sánchez Quiñones defendió que este componente se ejerce actualmente bajo un proceso de comunicación entre el profesional de salud y el paciente, que no se circunscribe a un acuerdo en papel.
Mientras, la licenciada Atabey Lamela Gandía argumentó que la inmunización compulsoria para menores de cinco años es “excesiva”. “No se puede tener activado el ‘police power’ (poder de razón del estado) todo el tiempo, porque quita el derecho”, sostuvo.
Los salubristas insistieron que, por ser vacunas compulsorias en edades vulnerables, se ha logrado mantener la tasa de vacunación alta y minimizar la propagación de enfermedades infecciosas, en virtud de la Ley 25 de 1983.
“No hay que esperar mayores brotes para actuar”, profesó el director médico de PROGyn, el doctor Nabal Bracero Serrano.
Observaciones médicas y legales de propuesta legislativa
Entre las implicaciones médicas que tendrían los neonatos en ser contagiados por sarampión alemán, por ejemplo, incluyen sordera, cataratas, efectos cardíacos, trastornos cerebrales, retraso mental, alteraciones de los huesos, daños al hígado y al bazo, mencionó Bracero Serrano.
Sainz de la Peña también evocó a los protocolos de evaluación a los que sometían a los niños previo al desarrollo de las vacunas, como una punción lumbar para descartar que fuese meningitis o las intubaciones a niños con dificultad respiratoria causada por epiglotitis.
Además de derogar la ley vigente de inmunización compulsoria y añadir exenciones, el proyecto busca crear un comité asesor, que incluye personas sin peritaje médico y no contempla pediatras o inmunólogos.
Las pediatras Patricia Rodríguez Reyes y Nilka de Jesús González, de AAP, cuestionaron la introducción de este comité, cuando existe el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP, en inglés), que es un grupo nacional que recomienda el uso seguro de vacunas y cuenta con representación médica, de salud pública y del consumidor.
También se opusieron a la “inmunización natural” que propone la pieza, porque es impredecible el efecto de la enfermedad sin anticuerpos provistos por la vacuna. Aclararon que las cantidades de ingredientes activos, como aluminio, son mínimas, comparado a las exposiciones que se experimentan diariamente.
Asimismo, Sánchez Quiñones expresó que el comité asesor que se crearía debe ser meramente “observador y no de toma de decisiones”. Señaló también que la pieza no considera el impacto fiscal que provocaría el aumento en enfermedades prevenibles al sistema de salud, por lo que propuso realizar un estudio actuarial del costo de tratamiento por cada enfermedad.
Ante las pronunciadas diferencias entre el aspecto legal y médico, la representante Sol Higgins Cuadrado, presidenta de la Comisión de Salud, reiteró que el propósito de las vistas públicas es fomentar la discusión pública.
“Como Comisión, tomaremos las determinaciones en base al expediente de la medida y tomando en consideración la opinión de todos y todas, tanto de los que están a favor de la medida, como los que están en contra”, expresó en declaraciones escritas.
La última vista pública respecto al Proyecto de la Cámara 1948 será el próximo miércoles, 28 de febrero.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
