La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que preside el senador José Vargas Vidot, realizó una vista pública en torno al Proyecto del Senado 1314 que busca enmendar la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, con el fin de acabar con el monopolio de la salud mental.
“Es importante que entendamos la relevancia que tiene este momento y esta pieza [legislativa]… no ha sido una vez, sino cientos de veces que hemos escuchado a los profesionales de la salud mental reclamando una audiencia para evidenciar su malestar frente a cómo se ha desarrollado un muro de contención que impide ese libre acceso [a los servicios]. Las condiciones en que se ha trabajado todo el aspecto de salud mental en Puerto Rico, de parte de la gobernanza, ha sido una que ha propiciado un descalabro como lo estamos viendo. Somos un país que estamos caminando en forma reactiva. Cada vez que hay un rollo reaccionamos y pretendemos hacer una ley nueva que resulta ser un parcho, pero ninguna de ellas atacando la raíz del asunto. Aquí hay todo un monopolio que impide que se desarrolle con éxito un abordaje adecuado”, expresó Vargas Vidot al inicio de la audiencia.
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En su ponencia, la Dra. Malvaliz Santana Carrasquillo, miembro de la Junta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, expresó que “por los pasados años y, a raíz de los desastres naturales y la pandemia del Covid-19, ha habido un aumento significativo en la demanda de servicios de salud mental en Puerto Rico. Sin embargo, las personas adscritas al plan de salud del gobierno (Plan Vital) enfrentan dificultades en el acceso a servicios psicológicos y psiquiátricos de calidad”.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Gerardo López, manifestó que “mucho tiempo ha transcurrido desde que todo este sistema de salud se montó y tuvimos el ingreso de los planes médicos en el país“.
“Parecería absurdo que al día de hoy aún no haya una medida que termine tajantemente con el monopolio que tienen los planes médicos y que facilite entonces, el que los proveedores de servicios puedan negociar directamente con el que le vaya a pagar, pero directamente. Y que se garantice, además, que el pueblo tenga disponibles los servicios que necesita”, añadió López.
Por su parte, Santana Carrasquillo añadió que la Asociación apoya la aprobación del PS1314 siempre que se acojan las recomendaciones presentadas por dicha organización.
“Es necesario que las aseguradoras que contemplen contratar garanticen el acceso a contratación de los proveedores de la psicología, en sus diferentes áreas de práctica y que garanticen una remuneración adecuada. Además, es fundamental aumentar el acceso a servicios de salud mental de calidad para toda la población, al igual que el acceso a más proveedores de salud física y mental”, sostuvo Santana Carrasquillo.
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Por otro lado, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe Riefkohl, expresó que aunque entiende el problema del monopolio de la salud mental, aseguró que el problema va mucho más allá.
“Yo estoy totalmente de acuerdo con la crítica del monopolio, pero tengo una preocupación…la idea de que el problema es el monopolio me preocupa porque da la impresión de que hay una sola entidad que lo controla todo y que si rompemos esa entidad en muchas entidades que compitan, porque la solución al monopolio es la competencia, entonces el problema se resuelve. Esa no es mi perspectiva. Yo creo que el problema va más allá del monopolio. Podemos tener cinco o seis aseguradoras privadas compitiendo entre ellas, en términos de cada una reducir sus costos. Y van a competir entre ellas para ver quién puede obtener más ganancias y pagando menos a los proveedores, sacando gente de las redes, negando servicios, etc”, argumentó Bernabe Riefkohl.
Aunque el Colegio de Médicos Cirujanos no compareció a la audiencia pública, envió una ponencia en la que expresó que “este proyecto de ley es meritorio y representativo de lo que nuestro gobierno debe hacer con toda la industria de los seguros de salud, asumir la dirección contractual de estas con los proveedores y establecer normas que garanticen la prestación responsable de servicios de salud con los pacientes”.
“Esto se debe hacer, cuando es el propio gobierno el que está financiando la prestación de servicios de salud. Quien paga es quien debe imponer las condiciones en la prestación de servicios de salud y no dejar esas condiciones sujetas al interés mercantilista de las aseguradoras”, expresaron.
Además, la institución mencionó que “el monopolio de APS Healthcare Puerto Rico en la prestación de servicios de salud mental ha provocado una disminución en la calidad del servicio. Sin competencia, un proveedor monopolista puede tener pocos incentivos para mejorar la calidad de sus servicios, responder adecuadamente a las necesidades de los pacientes, o tratar a los pacientes con la dignidad y el respeto que merecen”.
La comisión senatorial también citó a deponer a la Administración de Seguros de Salud y al Hospital San Jorge, pero fueron excusados de los trabajos.
