El secretario general del Partido Nuevo Progresista, Hiram Torres Montalvo, pidió al alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau, explicaciones ante la alegada expansión ilegal en el Sistema de Relleno Sanitario de dicho municipio, así como el posible riesgo a la salud de los residentes de las comunidades aledañas.
“En los pasados meses hemos recibido múltiples denuncias de ciudadanos y comunidades aledañas al Sistema de Relleno Sanitario administrado por el municipio de Carolina, sobre serias violaciones de leyes ambientales. También, nos ha llegado información sobre posibles riesgos a la salud de los residentes del barrio Hoyo Mulas. Entre los problemas asociados con estas alegadas expansiones ilegales se encuentra el flujo de lixiviados a comunidades aledañas, así como el viento que lleva desperdicios a otros lugares debido a que no cuentan con cubierta adecuada”, puntualizó el secretario general del PNP.
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Torres Montalvo exigió al alcalde de Carolina explicaciones “concretas sobre estas alegaciones y prueba de que el vertedero no se ha expandido ilegalmente”.
“La acción legal de la Golf Academy, que en el 2021 demandó al municipio porque el vertedero se expandió ilegalmente en sus terrenos, así como el estudio de la arqueología Aura Muriente sobre la facilidad, que encontró sobre 30 violaciones ambientales, son algunas de los señalamientos que ameritan investigación y respuestas por parte de la administración municipal de Carolina de forma inmediata”, agregó el secretario general del PNP.
El pasado 29 de enero la jueza superior Diana Conde Rodríguez rechazó desestimar una demanda contra el municipio de Carolina y los operadores del vertedero-Landfill Corporation por alegaciones de que están utilizando el terreno de forma ilegal y que han invadido la propiedad de un terreno colindante que maneja la Caribbean Golf Academy.
En la demanda, se alega que el municipio de Carolina avaló la instalación en sus terrenos de una celda de disposición de desperdicios que espera operar por 15 años y en el que ya se han depositado unos 1.3 millones de metros cúbicos representando una “expansión lateral” ilegal.
“Igual de preocupante es es escuchar alegaciones que la mayor parte de las 35 cuerdas de terreno expropiadas por el municipio hace años atrás para crear una zona de amortiguamiento, fueron utilizadas para depositar basura, en clara violación de ley. No se puede expandir ningún vertedero sin que se realice una Declaración de Impacto Ambiental, algo que no ha sucedido de acuerdo a la información disponible”, explicó Torres Montalvo.
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El municipio opera el vertedero desde hace unos 50 años y las 35 cuerdas fueron expropiadas a la Hacienda Campo Rico en 2004 con la justificación de que se usarían como “zona de amortiguamiento”.
Sin embargo, en el 2021, Javier Vázquez, representante legal de Landfill, aceptó que se están depositando desperdicios en la zona de amortiguamiento. Sobre las imputaciones de violaciones a leyes y regulaciones ambientales, concedió que “podría ser” que la zona tenga sensibilidad ecológica, pero que eso sería materia de evaluación de un tribunal si se formaliza un pleito.
