Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, Deborah Soto Arroyo, Estrella Martínez Soto, José “Cheito” Rivera Madera, y Jorge Alfredo Rivera Segarra le exigieron el viernes, al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, investigar hasta las últimas consecuencias el abandono de recursos escolares que reveló una auditoría de la Oficina del Contralor, específicamente en la región educativa de Ponce.
“Lo que reveló ese informe de la Oficina del Contralor no es poca cosa. El nivel de negligencia que muestra esta auditoría es alarmante, y es una obligación del estado identificar a los responsables de este bochornoso descuido, para que hayan repercusiones”, manifestó en comunicación escrita Ferrer Santiago, al tiempo que no descartó una investigación desde la Comisión Anti-corrupción y Integridad Pública.
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Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes, Deborah Soto Arroyo, cuestionó que el Departamento de Educación no inspeccione periódicamente las escuelas cerradas para evaluar sus condiciones. “Es indignante que esas cajas con documentos, expedientes académicos y materiales educativos estuvieran abandonados ahí, y que ningún funcionario del DE se diera a la tarea de informarlo para que se tomara cartas en el asunto. El nivel de dejadez es inaceptable, y debe investigarse y llevarse hasta las últimas consecuencias”, sentenció Soto Arroyo.
“No podemos permitir que en nuestro país se pierda propiedad escolar valorada en 400,000 mil dólares y que no pase absolutamente nada. La forma en que se dispuso de los materiales escolares de esta región educativa es negligente, insensible e inaceptable”, manifestó la representante Estrella Martínez al tiempo que resaltó que muchos de los equipos escolares abandonados no se encontraban clasificados entre equipos para decomisar o en desuso.
Mientras, el representante Rivera Madera resaltó los esfuerzos realizados desde la Cámara de Representantes para evitar el cierre de escuelas de manera indiscriminada. “Durante los pasados años presentamos legislación con el propósito de garantizar que el cierre de planteles escolares fuera precedido por un exhaustivo estudio de necesidad y viabilidad, tomando en consideración las particularidades de cada región de la isla, y las realidades socioeconómicas de la población. Precisamente para evitar todas las barbaridades que refleja este informe del Contralor”, subrayó Rivera Madera.
“En el día de hoy le estamos exigiendo al Secretario de Justicia que cumpla con su deber ministerial e investigue este abandono de recursos escolares. Lo menos que merece el país, y nuestros estudiantes es que haya repercusiones para los responsables de esta negligencia”, concluyeron los representantes populares.
