Abogan para que secretarios de Gobierno puedan ser destituidos por la Asamblea Legislativa
Vargas Laureano sostiene que la Legislatura debe contar con mecanismos de fiscalización para exigir responsabilidad a los funcionarios que incumplan sus deberes, dado que participa en sus nombramientos mediante el consejo y consentimiento
Por Metro Puerto Rico
Los representantes Ramón Torres Cruz, José “Conny” Varela Fernández y Swanny Vargas Laureano radicaron la Resolución Concurrente de la Cámara 48, que propone enmendar la Sección 5 del Artículo IV de la Constitución para que los secretarios de Gobierno, así como los secretarios y directores de agencias del Poder Ejecutivo, puedan ser destituidos mediante el proceso de residenciamiento establecido en la Sección 21 del Artículo III.
De aprobarse en ambos cuerpos, la enmienda se sometería a los electores en un referéndum especial el mismo día de las elecciones generales de 2028.
Actualmente, los miembros del Consejo de Secretarios dirigen departamentos que administran cuantiosos recursos públicos y toman decisiones que juegan un papel importante en la vida, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la Constitución no le reconoce a la Asamblea Legislativa mecanismo alguno para iniciar su destitución; esa facultad recae exclusivamente en el gobernador o gobernadora de turno.
Los legisladores señalaron, en declaraciones escritas, que este año dejó dos ejemplos claros del vacío constitucional. En febrero, luego de que el Departamento de Justicia confirmara que recibió un referido para investigar a la entonces secretaria de Vivienda, por presuntas irregularidades en un centro de inspección, la funcionaria aseguró que no renunciaría. Su salida no llegó hasta semanas después, cuando presentó su renuncia efectiva el 16 de marzo de 2026.
Más recientemente, la secretaria del Departamento de la Familia, es investigada por procesos vinculados a contratos millonarios con procesos irregulares. Aun así, no ha sido destituida. Según los legisladores, en ambos casos, la permanencia de un jefe de agencia bajo cuestionamiento dependió únicamente de la voluntad de la propia funcionaria.
“Quien maneja el presupuesto de un departamento y toma decisiones que afectan a millones de personas tiene que rendir cuentas, no solo a quien lo nombró, sino al país”, expresó el representante Torres Cruz.
Por su parte, Vargas Laureano destacó que la Legislatura participa en el nombramiento de estos funcionarios mediante su consejo y consentimiento, por lo que resulta lógico que el Poder Legislativo cuente también con una herramienta de fiscalización cuando un funcionario incumple con sus deberes.
“Esta medida no le quita poder al gobernador. Añade un contrapeso que hoy no existe y deja la decisión final en manos de quien debe tenerla”, dijo Varela Fernández.
