El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, reveló esta tarde a Metro Puerto Rico que recortará el presupuesto del próximo año fiscal para no darle paso al incremento de salario de los jueces sin legislación.
“Yo le voy a cortar el dinero en el próximo presupuesto y no hay manera que con el voto mío se apruebe el presupuesto con asignación para el aumento de los jueces para el próximo año (fiscal)”, sentenció el líder cameral en entrevista Punto por Punto.
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“Esto va a continuar en otros foros (judiciales) y esto se va a continuar intensificando. Yo me reafirmo a los jueces que sean prudentes”, agregó.
La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) radicó una demanda en noviembre de 2023 argumentando que la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 39-2023, la cual abre camino para legalizar el incremento de sueldo, con una partida de $11.2 millones de dólares, pero que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no había realizado los trámites necesarios para el desembolso de los fondos asignados.
Posteriormente, la Cámara radicó una moción solicitando la desestimación, en la que alegaban que la resolución Conjunta 39-2023, no constituyen una ley especial, por lo que se necesitaba el consentimiento de la legislatura para dar paso al aumento. Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan falló a favor de los jueces, requiriéndole a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) que le solicitara a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la reprogramación de los fondos, para que la OGP procedira con el ajuste salarial.
Ya para enero de 2024, el cuerpo legislativo presentó una apelación para revocar la orden del TPI. Luego, el TS decidió intervenir en el conflicto, ordenando al Tribunal de Apelaciones (TA) a detener el trámite entre la Cámara y los demandantes. Finalmente, el Alto Foro desestimó la apelación de la cámara baja por esta no presentar una notificación oficial a la OAT de su intención de apelar, llevando al TS a una falta de jurisdicción para revisar el caso.
En respuesta a ello, el pasado martes, Hernández Montañez presentó en conferencia de prensa una segunda solicitud de reconsideración al Supremo. Durante sus comentarios a los medios de comunicación, el presidente de la Cámara de Representantes se expresó sobre esta y otra controversia judicial en la que está inmiscuido, luego de prohibierle la entrada al hemiciclo a la representante de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos, por no acatar la directriz de usar mascarilla ante un aumento de casos de COVID-19.
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Precisamente, el mismo juez del TPI de San Juan que falló a favor de los jueces en noviembre, Anthony Cuevas Ramos, le ordenó de manera provisional a Hernández Montañez que dejara entrar a la legisladora conservadora al cuerpo legislativo, puesto que es la única representante de su colectividad.
El líder cameral criticó el entredicho provisional que emitió Cuevas Ramos por no permitirle a la cámara baja expresarse y dijo que se trataba de una “represalia” por el choque de poderes entre ambas ramas de Gobierno tras no avalar el aumento salarias de los jueces.
El mismo martes, la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, le solicitó a Hernández Montañez a ser “más cauteloso” con sus expresiones sobre el sistema judicial por esa y otras declaraciones que ha hecho anteriormente. En otras ocasiones, el presidente de la Cámara también ha recordado al país que algunos jueces han sido cuestionados por los casos de violencia de género que han atendido y han terminado en la muerte de la víctima.
“Cuestionar decisiones descontextualizadas de los trámites y hechos procesales o a base de imputaciones de represalias no abona al fortalecimiento de las instituciones de justicia. Por el contrario, desacreditar a jueces y juezas de cualquier foro judicial por la inconformidad que le genera una decisión contraria a sus pretensiones —como las expresiones formuladas hoy (martes)— no solo es desafortunado, sino que genera una honda preocupación sobre todo por el cargo público que ocupa quien las emite, y como mínimo motiva un llamado a la cautela para evitar menoscabar la confianza en la judicatura”, expresó Oronoz Rodríguez mediante declaraciones escritas.
Hernández Montañez le respondió a la jueza presidenta en la entrevista con este medio aseverando que “yo creo que, adjudicando con sus propias expresiones, ella misma (la jueza presidenta) ha lacerado la imagen cada día de la judicatura al tratar de legislar y aumentarse los salarios de una forma tan impune como esta”.
Según explicó, en el presupuesto aprobado hay una partida general y no se establece cómo se aplicará la compensación a los jueces. Para determinar cómo se va a distribuir, se debe legislar.
“Ellos (los jueces) no solamente (están buscando) qué partida es el salario, sino que van a determinar de forma unánime cuánto le van a aumentar a la jueza presidenta, cuánto a los (jueces) del (Tribunal) Apelativo, cuánto a los (jueces) municipales, cuánto a los (jueces) del (Tribunal de) Primera Instancia. O sea, verdaderamente esto es una ofensa a lo que es el balance, a lo que es el respeto a la institucionalidad y yo no lo voy a permitir”, aseveró el presidente de la cámara baja.
Actualmente, existen tres proyectos de ley en la legislatura para el aumento de sueldo de la judicatura, incluyendo uno del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.
“Esto está enredado en el tema político partidista. Nadie quería tocar el tema. Fíjate que al único que entrevistan es a mí. Nadie quiere hablar del tema porque hay mucha gente detrás diciendo otra cosa después de junio y, si no se aprueba en junio en el presupuesto, ya el gobernador tiene una medida radicada, no es la del Senado, no la de la Cámara, y puede pedir una (sesión) extraordinaria. Yo anticipo que él está conociendo que esto se puede trancar. Yo ya tengo un vehículo para tal extraordinaria y lleguemos a un acuerdo”, anticipó.
En cuento a la JSF, Hernández Montañez señaló que el ente fiscal ya determinó que para aprobar el presupuesto tiene que legislarse. Declaró que “el silencio (de ellos, la JSF) habla” y que quede en récord para la histora del país que “la judicatura ha estado dispuesta con acciones o con inacción, podría decirse, aumentarse sus salarios a su beneficio personal, al menoscabo a la democracia puertorriqueña. Triste, lacera dramáticamente la imagen que yo tenía de la judicatura”.
