WASHINGTON (AP) — La mayoría republicana de la Cámara de Representantes aprobó el martes por votación llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, debido al manejo de la frontera entre Estados Unidos y México por parte del gobierno federal.
La votación representa la primera vez en casi 150 años que se inicia un proceso de juicio político contra un secretario del gabinete.
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Los representantes republicanos han investigado durante meses las acciones del secretario como parte de su objetivo de convertir a la inmigración y la seguridad fronteriza en un tema clave en las próximas elecciones.
A continuación, un vistazo a cómo es que la cámara baja llegó a la votación de juicio político y lo que podría ocurrir después.
Sí. Los republicanos en la Cámara de Representantes trataron de llevar a juicio político a Mayorkas el 6 de febrero, pero fracasaron. Como los demócratas presentaron un frente unido, los republicanos necesitaban de cada voto que pudieran conseguir de su estrecha mayoría. Pero fracasaron durante una sesión caótica luego de que tres republicanos se expresaron en contra de la medida. Un cuarto legislador cambió su voto de sí a no como parte de una táctica que permitió que se retomara el tema, así que la votación final fue de 214-216.
Pero los republicanos prometieron que volverían a poner sobre la mesa la votación de juicio político.
Los migrantes han cruzado la frontera sur de Estados Unidos en busca de una nueva vida durante mucho tiempo, pero no a los niveles actuales. Las detenciones por cruces fronterizos ilegales desde México alcanzaron un máximo histórico en diciembre pasado. Durante el ejercicio fiscal 2022, la Patrulla Fronteriza registró 2.2 millones de encuentros con personas que cruzaban ilegalmente la frontera. Hay que remontarse varias décadas para encontrar cifras comparables.
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Las estadísticas, sin embargo, no siempre son un parámetro perfecto, y pueden cambiar. Se considera que las cifras registradas en las décadas de 1990 y 2000 están muy por debajo de los números reales, porque los migrantes buscaban evadir a las autoridades mientras ingresaban al país. Después de un diciembre sin precedentes, los números de detenciones cayeron en un 50% en el primer mes de este año.
Hace décadas, el migrante promedio que intentaba entrar en Estados Unidos era un hombre adulto mexicano que venía en busca de trabajo, y trataba de eludir a los agentes de la Patrulla Fronteriza. Esta dinámica ha cambiado drásticamente. Ahora los migrantes siguen llegando desde Centro y Sudamérica, pero también vienen de mucho más lejos: China, Afganistán y Mauritania, por nombrar algunos países. Y a menudo buscan a los agentes de la Patrulla Fronteriza, con el fin de pedir protección en Estados Unidos.
Estas cifras han rebasado las capacidades de los agentes fronterizos, y provocado cierres temporales de los cruces fronterizos para que las autoridades puedan procesar a los migrantes.
También han tenido repercusiones lejos de la frontera. Los migrantes que llegan a ciudades como Chicago, Nueva York, Boston y Denver han desbordado los servicios de estos lugares, lo que ha llevado a funcionarios demócratas a presionar al gobierno federal para que se tomen medidas.
Los republicanos han culpado de todo esto al secretario de Seguridad Nacional y han dicho que es por esto que debe dejar el cargo. Afirman que el gobierno federal se ha deshecho de medidas implementadas en la presidencia anterior que disuadían a los migrantes, o que ha implementado normas que han atraído a los migrantes.
La Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha llevado a cabo audiencias durante prácticamente todo el año pasado en las que los republicanos han arremetido en reiteradas ocasiones contra Mayorkas. Entre los testigos se ha incluido a un jefe de policía de un condado de Arizona, a familias que han perdido a seres queridos debido a las crisis de fentanilo, a expertos en derecho constitucional, y a exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional durante el gobierno del expresidente Donald Trump.
Los republicanos en la Cámara de Representantes federal afirman que el secretario viola las leyes de inmigración al no detener a suficientes migrantes y al implementar un programa de permisos condicionales humanitarios que, afirman, elude al Congreso para permitir que ingresen personas al país que, de otra forma, serían inelegibles. Además, arguyen que le ha mentido al Congreso cuando ha dicho cosas como que la frontera es segura. Todo esto en conjunto —argumentan— ha creado una prolongada crisis que está teniendo repercusiones en todo el país, la cual es únicamente culpa del secretario y amerita su destitución. Sin embargo, los tres representantes republicanos que votaron en contra del juicio político señalaron que los cargos no encajan dentro del parámetro.
Los demócratas y muchos expertos jurídicos han dicho que, en esencia, se trata de una disputa política y que a los republicanos simplemente no les complacen las medidas en materia de inmigración que ha implementado el gobierno federal a través de Mayorkas. Esa es una decisión que corresponde a los votantes, y no un tema que encaje dentro del parámetro de “ delitos graves y faltas leves” que se requiere para destituir a un funcionario del gabinete, argumentan.
“Que un partido en el Congreso desapruebe, e incluso desapruebe vehementemente, las políticas del presidente (Joe) Biden en materia migratoria, o de cualquier otra índole dentro del ámbito del secretario, no significa que se pueda destituir al secretario”, testificó el profesor en derecho de la Universidad de Missouri, Frank O. Bowman, durante una audiencia de la comisión el mes pasado.
Mayorkas y quienes lo respaldan han dicho a menudo que no son las acciones del gobierno las que atraen a los migrantes a la frontera sur del país, sino que es parte de un fenómeno mundial de migrantes que, impulsados por una agitación política, económica y climática, están más que dispuestos a emprender peligrosos trayectos en busca de una mejor vida.
Afirman que el gobierno ha intentado lidiar con el caos en la frontera. Durante prácticamente todo el último año, Mayorkas ha sido el rostro público de una política que busca crear vías para que los migrantes vengan a Estados Unidos, como una app que les permite programar una cita en la frontera para buscar su ingreso al país. Y, argumentan, esa política cuenta con nuevas medidas para establecer límites sobre quién puede recibir asilo y ordenar deportaciones agresivas.
Pero el gobierno federal y sus partidarios alegan que el secretario tiene que lidiar con un sistema de inmigración obsoleto y escaso de financiación que sólo el Congreso puede arreglar. Y hasta el momento, aseguran, no lo ha hecho.
Mayorkas aún ocupa el cargo. Es el Senado el que determina si un funcionario en juicio político es declarado culpable y, por lo tanto, destituido.
Pero declararlo culpable requiere de un parámetro mucho más elevado que el de apertura de juicio político, y los demócratas controlan el Senado en proporción de 51-49. Se requiere del voto de dos terceras partes del Senado para una sentencia condenatoria, a diferencia de una mayoría simple para dar inicio a un proceso de juicio político en la Cámara de Representantes. Esto significa que todos los republicanos, y un número significativo de demócratas tendrían que votar a favor de declarar culpable a Mayorkas, un escenario sumamente improbable, tomando en cuenta que algunos republicanos no están del todo convencidos con la idea de una destitución.
Mayorkas ha dicho que está dispuesto a defenderse en el Senado si su caso llega a juicio. Y mientras tanto, afirma que está concentrado en su trabajo.
