El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), el licenciado Hiram Torres Montalvo, aseguró en Metro al Mediodía que el Partido Popular Democrático (PPD) no tiene ningún “standing” para señalar la colectividad que representa por certificar a candidatos que, según denunció la Pava, tienen en su historial casos que van desde abuso sexual a una menor de edad, hasta corrupción pública.
“Yo siempre he cuestionado qué obsesión tiene el Partido Popular Democrático con buscar y escrudiñar a los candidatos nuestros porque basta con mirar la papeleta que ellos les están presentado al Pueblo de Puerto Rico. Ellos son el partido que tienen un candidato que está enfrentando un proceso criminal y sigue siendo candidato por el Partido Popular, el alcalde de Ponce (Luis Irizarry Pabón); tiene una situación similar con el alcalde de Arecibo (Carlos Tito Ramírez), quien está enfrentando un FEI; tienen al alcalde de Trujillo Alto (Pedro Rodríguez González), que ha recibido acusasiones de hostigamiento sexual y otras conductas de depravasión moral”, puntualizó Torres Montalvo.
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El licenciado especificó que la Comisión Evaluadora de Candidatos del PNP ya ha descalificado 12 aspirantes que presentaron su documentación porque no eran personas “idóneas” para representar los intereses del partido.
Asimismo, confirmó que hoy, miércoles, el Directorio de la colectividad está llevando a cabo una votación sobre los tres candidatos que pudieron haber “restringido información” para acreditar su candidatura. El procesó estará concluyendo mañana, jueves, al mediodía.
“El día de hoy, nosotros estamos llevando a cabo un referédum, que no es otra cosa que una votación de los miembros del Directorio de nuestro partido, para determinar si tres aspirantes que fueron objeto de acusaciones públicas, más sin embargo no tienen en su contra ningún proceso criminal, pues pueden continuar en la papeleta”, detalló el también exsecretario interino del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
A los candidatos que se refiere Torres Montalvo son: los aspirantes al Senado Edwin Pagán (Humacao) y Héctor Joaquín Sánchez (Carolina), y del candidato a la Cámara de Representanes por el Distrito 35, el exrepresentante, Samuel Pagán Cuadrado.
Según reveló el PPD el pasado martes, en el caso de Pagán, el 19 de febrero de 2001, expuso sus partes íntimas y se masturbó frente a un menor de 16 años en un baño de una tienda en Plaza las Américas, San Juan. Aunque inicialmente se le imputó un delito grave, la acusación se redujo al cargo menos grave de tentativa de exposición deshonesta. En apelación, el Tribunal de Apelaciones de San Juan confirmó la sentencia en su contra, respaldando el testimonio del menor y validando su relato de que Pagán le siguió hasta el baño, le encerró con seguro, le bloqueó la salida y se masturbó.
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Por esta situación, el entonces presidente del PNP, Pedro Pierluisi Urrutia, ordenó al Directorio del partido buscar su descalificación. El Directorio del PNP votó a favor de radicar en los tribunales un recurso legal para descalificarlo como precandidato al Senado por el distrito de Humacao.
En cuanto a Sánchez, este ha ocupado diversos cargos dentro del Gobierno, incluyendo el de comisionado electoral del PNP y subsecretario de los Departamentos de Educación y de Transportación y Obras Públicas (DTOP). A eso se le suma que, en la actualidad, mantiene contratos con la Autoridad de Tierras tras abrir una corporación, mientras, mantiene una licencia sin sueldo del Departamento de Educación (DE).
Recientemente, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra Sánchez por presuntamente tratar de beneficiar a dos maestros seleccionados para competir por el premio “Maestro del Año Escolar 2022-2023″, cuando era subsecretario de Educación. La querella establece que Sánchez solicitó a miembros del jurado que prestaran atención especial a ciertos participantes, lo que generó preocupaciones sobre posibles interferencias en el proceso de selección.
Por otra parte, Pagán Cuadrado enfrentó una serie de controversias y cuestionamientos relacionados con su gestión y conducta durante su tiempo en la legislatura, lo que afectó incluso su intento en el 2020 de regresar al Capitolio con una candidatura independiente. Pagán Cuadrado, quien abandonó la legislatura en 2018 en medio de denuncias de irregularidades en el otorgamiento de contratos, se destacó públicamente por otorgar un contrato de $180,000 dólares a la empresa “International Legislative and Government Consulting Group”, propiedad de un adepto del PNP, Isoel Sánchez Santiago. Este subcontrató a otras personas para trabajar en la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Noreste, presidida por Pagán Cuadrado, funciones que debían ser realizadas por empleados de la oficina del entonces representante.
En mayo de 2018, la Comisión de Ética de la cámara baja recibió una querella de parte del exdirector de la Comisión de Desarrollo del Noreste, Luis Hiram Delgado Rivera, en contra de Pagán Cuadrado por irregularidades con contrataciones, así como alegaciones de hostigamiento sexual presuntamente realizadas en su oficina por parte de su esposa, Nancy Malavé Toro. En ese entonces, Delgado Rivera admitió que trabajaba en la oficina de Pagán Cuadrado, pero era un empleado subcontratado a través de la empresa de Sánchez Santiago.
Tanto, Sánchez Santiago como su pareja Chrystal Robles Báez, se declararon culpables por cargos federales relacionados con una investigación sobre empleados fantasmas en la legislatura. Además, de las irregularidades en contrataciones, Pagán Cuadrado enfrentó acusaciones de adeudar dinero por un implante de cabello. La Oficina del Contralor Electoral (OCE) le imputó posibles violaciones al Código Penal y a la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas.
