La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TS), Maite D. Oronoz Rodríguez, solicitó esta tarde al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, a que sea más cauteloso al expresarse del sistema judicial, luego de que arremetiera contra varias decisiones judiciales en estos últimos días.
“Durante las pasadas semanas, el presidente de la Cámara de Representantes ha expresado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones judiciales. Ello es legítimo en una sociedad democrática. Sin embargo, cuestionar decisiones descontextualizadas de los trámites y hechos procesales o a base de imputaciones de represalias no abona al fortalecimiento de las instituciones de justicia. Por el contrario, desacreditar a jueces y juezas de cualquier foro judicial por la inconformidad que le genera una decisión contraria a sus pretensiones —como las expresiones formuladas hoy— no solo es desafortunado, sino que genera una honda preocupación sobre todo por el cargo público que ocupa quien las emite, y como mínimo motiva un llamado a la cautela para evitar menoscabar la confianza en la judicatura.
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“Nuestros jueces y juezas buscan resolver casos y controversias a la luz del derecho y de la prueba que se les presenta, garantizando la igualdad ante el sistema de justicia de toda persona que acude ante el Tribunal para vindicar sus derechos”, expresó la magistrada en declaraciones escritas.
Hernández Montañez criticó hoy que el juez del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, le ordenara que le permita la entrada al cuerpo legislativo a la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, quien no acató la orden de usar mascarilla ante un aumento de casos de COVID-19. Además, especificó que no veía correcto que Cuevas Ramos adjudicara un interdicto preliminar sin darle la oportunidad a la cámara baja de expresarse.
“Tengo que considerar, y esto es una opinión mía, personal, que la decisión del juez fue una represalia a toda esta controversia que se está dando ahora mismo con el choque de poderes de la Cámara de Representantes y la Judicatura. Esa es la única razón por la que el juez, otra vez, no ve en los méritos una controversia de la Cámara, sencillamente adjudica sin darle oportunidad a las partes de hacer su planteamiento”, dijo el líder cameral en conferencia de prensa virtual esta mañana.
Precisamente, en ese encuentro con los medios de comunicación, el aspirante a la alcaldía de Dorado presentó una de una segunda solicitud de reconsideración ante el TS en el caso de la disputa salarial con la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura.
Hernández Montañez había indicado que tenía la intención de pedir una revisión después de que el Alto Foro rechazara la apelación de la Cámara, permitiendo así el aumento salarial de los jueces al final de la semana pasada. Adicional, argumentó que es necesario que el Supremo examine nuevamente el caso en su mérito para garantizar el cumplimiento adecuado de la Constitución y los procesos legislativos.
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Según la sentencia del máximo foro judicial, desestimaron el recurso presentado por la Cámara de Representantes debido a que la representación no notificó a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) sobre la apelación. De igual forma, indicaron que la omisión de notificación llevó a la falta de jurisdicción del TS para revisar el caso. Esta decisión confirmó la sentencia del 17 de noviembre de 2023 del TPI, manteniendo así la decisión sobre el incremento salarial de los jueces.
“La Cámara de Representantes debió conocer que en nuestra jurisdicción una persona se considera parte una vez de diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción sobre esta. El desconocimiento de esto no constituye justa causa. En todo caso, lo antes expuesto, incluyendo que la propia sentencia que pretendía apelarse consta notificada a la OAT, debería haber llevado a que se le notificara el escrito de manera oportuna. Es decir, considerando su cuestionamiento, el abogado no debió esperar a plantear el asunto por primera vez en apelación, tras optar unilateralmente por no notificar el recurso a un organismo que ha sido emplazado y que es objeto de una sentencia que precisamente se pretendía apelar”, lee la sentencia.
“Por tanto, la omisión en notificar a la OAT de la presentación de la apelación dentro del término dispuesto para ello conlleva la desestimación del recurso, por no haberse perfeccionado”, añade.
El pasado 17 de noviembre del 2023, el juez superior Anthony Cuevas Ramos falló a favor del aumento salarial de los jueces en Puerto Rico, en la que declaró que la Resolución Conjunta 39-2023 es una ley especial que dispone este incremento.
El fallo requiere que la OAT solicite a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la reprogramación de los fondos para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) proceda a la reprogramación de los fondos aprobados en el presupuesto.
Cabe señalar que, en medio de esta controversia por el incremento de sueldo de la judicatura, el presidente de la Cámara de Representes también ha recordado en varias ocasiones que algunos jueces han sido cuestionados por los casos de violencia de género que han atendido y han terminado en la muerte de la víctima.
“La propia Rama Judicial no está exenta de estos cuestionamientos ante las profundas deficiencias en su operación que han provocado la re victimización constante de las víctimas del crimen ante la ola de feminicidios que arropa al país, y la pérdida injustificada de vidas por la incompetencia de ese sistema que hoy se compensa a si mismo con bonificaciones y privilegios. El llamado es a la prudencia”, sostuvo el representante popular en los pasados días.
En respuesta a ello, Oronoz Rodríguez invitó al presidente cameral a presentar piezas legislativas que promueva medidas que garanticen “la estabilidad y la seguridad de la judicatura puertorriqueña, y a que tome en consideración el rol fundamental de la independencia judicial en nuestro sistema democrático de gobierno”.
